Corte Suprema ratifica desafuero de Joaquín Lavín León

En una decisión que marca un hito en la política chilena, la Corte Suprema de Chile ha confirmado el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, ratificando así la resolución emitida previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago en octubre de 2025.

Esta determinación significa que el parlamentario, quien solía militar en la UDI y representa al Distrito 8, pierde su inmunidad parlamentaria. Esto abre la posibilidad para que el Ministerio Público solicite una audiencia de formalización por los delitos bajo investigación.

Los cargos que motivaron el desafuero incluyen fraude al fisco (reiterado), tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil. Aunque se descartaron los delitos tributarios en esta etapa, no se descarta su revisión en fases posteriores del proceso.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente, específicamente fiscales de la Unidad Anticorrupción. El foco principal es la emisión y uso de 34 facturas ideológicamente falsas por servicios presuntamente no prestados o pagados efectivamente.

Se están investigando posibles vínculos con empresas como Modo74 SpA, las cuales habrían facturado al Congreso y al Servel. Según los datos presentados en el caso, se sospecha un desvío de recursos públicos para fines políticos, incluyendo campañas relacionadas con la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

El perjuicio fiscal estimado oscila entre $104 y $112 millones en asignaciones parlamentarias, además de otros montos vinculados a reembolsos del Servel. En el proceso también se han presentado querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú.

Tras la confirmación del desafuero por parte de la Corte Suprema, se espera que la Fiscalía solicite pronto una audiencia de formalización. En dicha instancia se discutirán posibles medidas cautelares como arraigo nacional o firma periódica, entre otras determinadas por el tribunal.

La defensa del diputado, liderada por el abogado Cristóbal Bonacic, argumentó inconsistencias en la solicitud fiscal. Sin embargo, estas objeciones fueron rechazadas por el máximo tribunal al considerar que existen antecedentes graves y serios para continuar con el proceso penal.