Corte Suprema confirma fallo de desafuero de Joaquín Lavín León

En una decisión trascendental, la Corte Suprema ha respaldado plenamente la solicitud presentada por el Ministerio Público y ha ratificado el fallo que ordenó el desafuero del exdiputado Joaquín Lavín León. Como resultado, la Fiscalía está autorizada para iniciar un proceso formal en contra del esposo de Cathy Barriga por los delitos de fraude al Fisco (reiterado), tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

El director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Eugenio Campos, ha señalado que este paso permite avanzar a una nueva fase procesal que implica la notificación de cargos y la imposición de medidas cautelares.

Según lo informado por Biobío, Campos expresó: “El Ministerio Público a día de hoy queda habilitado para formalizar la investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie”.

El abogado José Pedro Silva de la municipalidad de Maipú se mostró satisfecho con la decisión del Tribunal Supremo y reafirmó su intención de seguir adelante con la solicitud de medidas cautelares contra Lavín León. En sus palabras: “Nos deja muy conformes y esperamos que prontamente se formalice la investigación en contra del exdiputado, y podamos en ese minuto también nosotros como municipio pedir medidas cautelares”.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente, con fiscales especializados en Anticorrupción. El foco está puesto en la emisión y uso de 34 facturas ideológicamente falsas por servicios presuntamente no prestados o no pagados efectivamente.

También se están examinando posibles conexiones con empresas como Modo74 SpA, que habrían emitido facturas al Congreso y al Servel. Según los datos presentados en el caso, existe una posible desviación de fondos públicos con fines políticos, incluyendo campañas relacionadas con la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

El perjuicio fiscal estimado oscila entre $104 y $112 millones en asignaciones parlamentarias, además de otros montos vinculados a reembolsos del Servel. La causa también involucra querellas presentadas por el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú como parte querellante.