El 13° Juzgado Civil de Santiago ha dictaminado una importante decisión en favor de un hombre que sufrió detención y torturas a manos de agentes del Estado durante los años 1973 y 1985, en plena dictadura militar en Chile. Este hombre, de 84 años, presentó una demanda contra el Fisco de Chile solicitando una indemnización por los perjuicios sufridos. Ha sido reconocido por el Estado como víctima de prisión política y tortura. La Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech II”, fue la encargada de determinar este reconocimiento, según lo establecido en el fallo. El hombre fue detenido en tres ocasiones, dos de ellas en 1973, donde estuvo recluido en la Comisaría de Renca durante 10 días en octubre y nuevamente en diciembre. Además, en 1985, durante el aniversario del Golpe de Estado, fue detenido por Carabineros y trasladado a distintas comisarías en Santiago. A estos hechos se suma que su esposa también fue detenida en 1973 durante 6 días con el objetivo de obtener información sobre él, lo que generó amenazas y daño psicológico según lo detallado en el fallo. Ante estos acontecimientos, la magistrada María Eugenia Silva Pacheco rechazó las excepciones presentadas por la parte demandada, afirmando que el actor está incluido en la nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Esto respalda la convicción de la magistrada sobre los daños físicos y psicológicos sufridos por el demandante a manos del Estado. En relación con la responsabilidad del Estado, se establece que esta queda claramente demostrada debido a los actos ilícitos cometidos por funcionarios estatales que resultaron en la detención y tortura del demandante. La resolución destaca la importancia de considerar las circunstancias específicas de cada caso para evaluar el sufrimiento padecido. Finalmente, se determina que debido a la gravedad de los hechos y al daño moral causado al actor, se fija una indemnización de $45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos) como compensación justa por los actos sufridos. Fuente: Publimetro
El 13° Juzgado Civil de Santiago ha dictaminado una importante decisión en favor de un hombre que sufrió detención y torturas a manos de agentes del Estado durante los años 1973 y 1985, en plena dictadura militar en Chile. Este hombre, de 84 años, presentó una demanda contra el Fisco de Chile solicitando una indemnización por los perjuicios sufridos. Ha sido reconocido por el Estado como víctima de prisión política y tortura. La Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech II”, fue la encargada de determinar este reconocimiento, según lo establecido en el fallo. El hombre fue detenido en tres ocasiones, dos de ellas en 1973, donde estuvo recluido en la Comisaría de Renca durante 10 días en octubre y nuevamente en diciembre. Además, en 1985, durante el aniversario del Golpe de Estado, fue detenido por Carabineros y trasladado a distintas comisarías en Santiago. A estos hechos se suma que su esposa también fue detenida en 1973 durante 6 días con el objetivo de obtener información sobre él, lo que generó amenazas y daño psicológico según lo detallado en el fallo. Ante estos acontecimientos, la magistrada María Eugenia Silva Pacheco rechazó las excepciones presentadas por la parte demandada, afirmando que el actor está incluido en la nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Esto respalda la convicción de la magistrada sobre los daños físicos y psicológicos sufridos por el demandante a manos del Estado. En relación con la responsabilidad del Estado, se establece que esta queda claramente demostrada debido a los actos ilícitos cometidos por funcionarios estatales que resultaron en la detención y tortura del demandante. La resolución destaca la importancia de considerar las circunstancias específicas de cada caso para evaluar el sufrimiento padecido. Finalmente, se determina que debido a la gravedad de los hechos y al daño moral causado al actor, se fija una indemnización de $45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos) como compensación justa por los actos sufridos. Fuente: Publimetro
