La entrega del cuerpo de Eduardo Cruz-Coke a su exesposa, Carolina Grellet, ha generado tensiones en el caso del triple homicidio que conmocionó a La Reina hace más de un mes. Tras una disputa judicial y un conflicto familiar que llegó hasta la Corte de Apelaciones, el Servicio Médico Legal (SML) finalmente entregó el cuerpo del fotógrafo a Grellet, madre de los dos hijos adolescentes asesinados junto a él. La controversia se intensificó cuando el hijo de familia de Trinidad reclamó el cuerpo, lo que fue calificado como una maldad terrible por la abogada de Grellet, Libertad Triviño. La familia de Trinidad presentó un recurso para evitar que el cuerpo fuera entregado a la exesposa de Eduardo, pero la Corte de Apelaciones declaró el recurso inadmisible al considerar que los hechos denunciados corresponden a una investigación penal en curso. El fallo confirmó la potestad de la fiscalía para determinar el destino del cadáver en medio de una investigación por un crimen aún sin resolver. Tras la resolución judicial, Carolina Grellet recibió finalmente el cuerpo de Eduardo Cruz-Coke , luego de un mes de pericias forenses intensas en el SML de Recoleta. El crimen ocurrió el 18 de octubre y las investigaciones han sido complejas, incluyendo estudios toxicológicos y análisis forenses detallados. El cuerpo fue trasladado al Cementerio Parque del Recuerdo para un velatorio privado y posterior entierro. Este caso ha expuesto una fractura familiar profunda, con acusaciones cruzadas y vínculos directos con la investigación penal en curso. Trinidad Cruz-Coke está formalmente imputada en el caso, mientras que su esposo Jorge Ugalde permanece en prisión preventiva como presunto autor del crimen. El Ministerio Público continúa trabajando en la reconstrucción de los hechos con nuevos registros audiovisuales y testimonios clave, como el de la actriz Yuyuniz Navas presente en la escena del crimen en un momento crucial. A pesar de que la entrega del cuerpo representa un cierre simbólico para la familia, el proceso judicial sigue su curso con conflictos internos y una investigación delicada que ha marcado este año en Chile. Fuente: Publimetro
Durante la jornada de este jueves 16 de octubre y luego de una serie de suspensiones, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió desaforar al diputado Joaquín Lavín León , quien enfrenta dos querellas por presuntos delitos tributarios. Con esta decisión, el parlamentario exUDI podrá ser formalizado y quedar sujeto a medidas cautelares, en medio de las investigaciones que está realizando el Ministerio Público por los delitos tributarios y de fraude al fisco. Al respecto, el abogado de Joaquín Lavín Jr., Cristóbal Bonacic, indicó que su representado ” no es culpable ni inocente absolutamente de nada, simplemente consiste en que la Corte de Apelaciones entendió que había méritos suficientes para seguir investigando“. Por su parte, la fiscal Constanza Encina indicó que “ estamos muy conformes con la decisión del pleno de la Corte de Apelaciones que acogió la solicitud de desafuero de acuerdo a todos los delitos, son seis delitos en total, creemos que los antecedentes son más que suficientes y por lo tanto estamos muy conformes con la decisión que se tomó hoy día”. Pese a esto, tanto la fiscalía como los querellantes indicaron que se toman esta decisión “con mesura”, ya que la defensa del diputado Lavín León puede apelar al desafuero ante la Corte Suprema, situación para la que tienen un plazo de cinco días. Joaquín Lavín León está siendo investigado por el Ministerio Público por un eventual uso de facturas ideológicamente falsas, para supuestas asesorías externas, las cuales fueron emitidas para su pago al Congreso Nacional, además se indaga fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible. En tanto, la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del parlamentario de derecha, es por una presunta malversación de caudales públicos y fraude al fisco, ya que Lavín León habría operado en conjunto con su exasesor Arnaldo Domínguez, utilizando las empresas MMG SpA y Modo 74 SpA para simular servicios informáticos inexistentes. Una de las maniobras más llamativas consistió en la emisión de 151 facturas por más de $75 millones, bajo el concepto de mantenimiento de una página web que, de acuerdo a la investigación, se encuentra inactiva desde 2022. Fuente: Publimetro
La Corte de Apelaciones de Santiago ha confirmado la orden del Consejo para la Transparencia (CPLT) que requiere a La Moneda la entrega de correos electrónicos intercambiados entre los exasesores del segundo piso, Miguel Crispi y Carlos Durán, durante el período del 14 al 18 de octubre de 2024. Según informes de Canal 14 Horas, la solicitud fue presentada al CPLT por el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, con el objetivo de conocer las comunicaciones entre los exasesores presidenciales en un momento crucial en la búsqueda de un reemplazo para el también exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Esta solicitud surge luego de la renuncia de Monsalve en medio de acusaciones por violación y abuso sexual realizadas por una subalterna. El diputado Lagomarsino se vio inicialmente impedido de acceder a esta información tras ser denegada su solicitud por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que lo llevó a iniciar un proceso legal para impugnar esta decisión argumentando que la información solicitada es de carácter reservado. Sin embargo, La Moneda respondió a través de la Corte indicando que los correos electrónicos requeridos son inexistentes, es decir, que no existen comunicaciones relacionadas con la búsqueda de un reemplazo para Monsalve durante el periodo solicitado. Tras la resolución de la Corte de Apelaciones, el diputado Lagomarsino se mostró optimista y llamó a revelar la información solicitada, aunque La Moneda aún tiene la opción de apelar ante la Corte Suprema para mantener su postura. Fuente: Publimetro
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha rechazado la demanda de indemnización presentada por el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson , en contra de un grupo de diputados UDI que lo vincularon con el denominado Caso Convenios y el robo de 23 computadores y una caja fuerte desde el ministerio que encabezaba. En un comunicado, los parlamentarios enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric acusando a Giorgio Jackson de haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas. Sin embargo, la resolución emitida este lunes 8 de septiembre por el tribunal de alzada ha rechazado la demanda en su totalidad. Según el fallo, la prueba rendida sobre la existencia del daño ha consistido en los dichos de los testigos presentados por la parte demandante, los cuales no han dado cuenta del referido daño. Además, la Corte de Valparaíso ha destacado que las fluctuaciones en las encuestas respecto al exministro Giorgio Jackson son normales en el ámbito político. En palabras del tribunal, lo cierto es que en el contexto histórico se explica cualquier baja en sus porcentajes por la asociación de su figura al caso Convenios; sin perjuicio, las alzas y bajas en las encuestas constituyen circunstancias consustanciales a la política. A pesar del rechazo de la demanda por parte de la Corte de Apelaciones, la comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados tomó medidas disciplinarias contra toda la bancada UDI a principios de abril del 2024. Como consecuencia, tuvieron que pagar el 6% de su dieta como sanción. Fuente: Publimetro
El Banco Ripley deberá pagar una indemnización de $7 millones de pesos a una clienta, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara la sentencia del Decimotercer Juzgado Civil. Esta condena se debe al acoso que sufrió la mujer en la cobranza de una deuda inexistente. Según el fallo del tribunal de alzada, el banco incumplió una sentencia previa de septiembre de 2017, donde se le ordenaba abstenerse de realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto o cartas sobre la presunta deuda a la demandante. Esta orden no fue acatada por la entidad. La sentencia destaca que en abierta desobediencia, la demandada reiteró los llamados de cobranza extrajudicial a la actora, a finales del año siguientes 2018, tal como lo acreditan las declaraciones de testigos contestes y la prueba instrumental acompañada. Asimismo, la Corte de Apelaciones estableció que se encuentra configurado en la especie el hecho o actuar ilícito de la demandada, toda vez que desacató una orden de un tribunal superior jerárquico de la República, cuyas decisiones en resguardo a las garantías constitucionales y con facultades de imperio, son obligatorias y deben ser obedecidas por quien les son ordenadas. Como consecuencia del actuar ilícito del Banco Ripley, la demandante sufrió detrimentos patrimoniales y afecciones psicológicas que deben ser reparadas. Se fijó una suma de $2 millones por este concepto. Además, se estableció un daño moral debido al dolor y afección causados por los ilícitos ya comprobados, fijando el monto en $5.000.000. Finalmente, el tribunal argumentó que la actuación del banco Ripley no solo responde a un acoso constante, sino también a un incumplimiento flagrante de una orden judicial, haciendo caso omiso tanto de esta como de sus propios compromisos adquiridos. Fuente: Publimetro
La entrega del cuerpo de Eduardo Cruz-Coke a su exesposa, Carolina Grellet, ha generado tensiones en el caso del triple homicidio que conmocionó a La Reina hace más de un mes. Tras una disputa judicial y un conflicto familiar que llegó hasta la Corte de Apelaciones, el Servicio Médico Legal (SML) finalmente entregó el cuerpo del fotógrafo a Grellet, madre de los dos hijos adolescentes asesinados junto a él. La controversia se intensificó cuando el hijo de familia de Trinidad reclamó el cuerpo, lo que fue calificado como una maldad terrible por la abogada de Grellet, Libertad Triviño. La familia de Trinidad presentó un recurso para evitar que el cuerpo fuera entregado a la exesposa de Eduardo, pero la Corte de Apelaciones declaró el recurso inadmisible al considerar que los hechos denunciados corresponden a una investigación penal en curso. El fallo confirmó la potestad de la fiscalía para determinar el destino del cadáver en medio de una investigación por un crimen aún sin resolver. Tras la resolución judicial, Carolina Grellet recibió finalmente el cuerpo de Eduardo Cruz-Coke , luego de un mes de pericias forenses intensas en el SML de Recoleta. El crimen ocurrió el 18 de octubre y las investigaciones han sido complejas, incluyendo estudios toxicológicos y análisis forenses detallados. El cuerpo fue trasladado al Cementerio Parque del Recuerdo para un velatorio privado y posterior entierro. Este caso ha expuesto una fractura familiar profunda, con acusaciones cruzadas y vínculos directos con la investigación penal en curso. Trinidad Cruz-Coke está formalmente imputada en el caso, mientras que su esposo Jorge Ugalde permanece en prisión preventiva como presunto autor del crimen. El Ministerio Público continúa trabajando en la reconstrucción de los hechos con nuevos registros audiovisuales y testimonios clave, como el de la actriz Yuyuniz Navas presente en la escena del crimen en un momento crucial. A pesar de que la entrega del cuerpo representa un cierre simbólico para la familia, el proceso judicial sigue su curso con conflictos internos y una investigación delicada que ha marcado este año en Chile. Fuente: Publimetro
Durante la jornada de este jueves 16 de octubre y luego de una serie de suspensiones, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió desaforar al diputado Joaquín Lavín León , quien enfrenta dos querellas por presuntos delitos tributarios. Con esta decisión, el parlamentario exUDI podrá ser formalizado y quedar sujeto a medidas cautelares, en medio de las investigaciones que está realizando el Ministerio Público por los delitos tributarios y de fraude al fisco. Al respecto, el abogado de Joaquín Lavín Jr., Cristóbal Bonacic, indicó que su representado ” no es culpable ni inocente absolutamente de nada, simplemente consiste en que la Corte de Apelaciones entendió que había méritos suficientes para seguir investigando“. Por su parte, la fiscal Constanza Encina indicó que “ estamos muy conformes con la decisión del pleno de la Corte de Apelaciones que acogió la solicitud de desafuero de acuerdo a todos los delitos, son seis delitos en total, creemos que los antecedentes son más que suficientes y por lo tanto estamos muy conformes con la decisión que se tomó hoy día”. Pese a esto, tanto la fiscalía como los querellantes indicaron que se toman esta decisión “con mesura”, ya que la defensa del diputado Lavín León puede apelar al desafuero ante la Corte Suprema, situación para la que tienen un plazo de cinco días. Joaquín Lavín León está siendo investigado por el Ministerio Público por un eventual uso de facturas ideológicamente falsas, para supuestas asesorías externas, las cuales fueron emitidas para su pago al Congreso Nacional, además se indaga fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible. En tanto, la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del parlamentario de derecha, es por una presunta malversación de caudales públicos y fraude al fisco, ya que Lavín León habría operado en conjunto con su exasesor Arnaldo Domínguez, utilizando las empresas MMG SpA y Modo 74 SpA para simular servicios informáticos inexistentes. Una de las maniobras más llamativas consistió en la emisión de 151 facturas por más de $75 millones, bajo el concepto de mantenimiento de una página web que, de acuerdo a la investigación, se encuentra inactiva desde 2022. Fuente: Publimetro
La Corte de Apelaciones de Santiago ha confirmado la orden del Consejo para la Transparencia (CPLT) que requiere a La Moneda la entrega de correos electrónicos intercambiados entre los exasesores del segundo piso, Miguel Crispi y Carlos Durán, durante el período del 14 al 18 de octubre de 2024. Según informes de Canal 14 Horas, la solicitud fue presentada al CPLT por el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, con el objetivo de conocer las comunicaciones entre los exasesores presidenciales en un momento crucial en la búsqueda de un reemplazo para el también exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Esta solicitud surge luego de la renuncia de Monsalve en medio de acusaciones por violación y abuso sexual realizadas por una subalterna. El diputado Lagomarsino se vio inicialmente impedido de acceder a esta información tras ser denegada su solicitud por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que lo llevó a iniciar un proceso legal para impugnar esta decisión argumentando que la información solicitada es de carácter reservado. Sin embargo, La Moneda respondió a través de la Corte indicando que los correos electrónicos requeridos son inexistentes, es decir, que no existen comunicaciones relacionadas con la búsqueda de un reemplazo para Monsalve durante el periodo solicitado. Tras la resolución de la Corte de Apelaciones, el diputado Lagomarsino se mostró optimista y llamó a revelar la información solicitada, aunque La Moneda aún tiene la opción de apelar ante la Corte Suprema para mantener su postura. Fuente: Publimetro
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha rechazado la demanda de indemnización presentada por el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson , en contra de un grupo de diputados UDI que lo vincularon con el denominado Caso Convenios y el robo de 23 computadores y una caja fuerte desde el ministerio que encabezaba. En un comunicado, los parlamentarios enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric acusando a Giorgio Jackson de haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas. Sin embargo, la resolución emitida este lunes 8 de septiembre por el tribunal de alzada ha rechazado la demanda en su totalidad. Según el fallo, la prueba rendida sobre la existencia del daño ha consistido en los dichos de los testigos presentados por la parte demandante, los cuales no han dado cuenta del referido daño. Además, la Corte de Valparaíso ha destacado que las fluctuaciones en las encuestas respecto al exministro Giorgio Jackson son normales en el ámbito político. En palabras del tribunal, lo cierto es que en el contexto histórico se explica cualquier baja en sus porcentajes por la asociación de su figura al caso Convenios; sin perjuicio, las alzas y bajas en las encuestas constituyen circunstancias consustanciales a la política. A pesar del rechazo de la demanda por parte de la Corte de Apelaciones, la comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados tomó medidas disciplinarias contra toda la bancada UDI a principios de abril del 2024. Como consecuencia, tuvieron que pagar el 6% de su dieta como sanción. Fuente: Publimetro
El Banco Ripley deberá pagar una indemnización de $7 millones de pesos a una clienta, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara la sentencia del Decimotercer Juzgado Civil. Esta condena se debe al acoso que sufrió la mujer en la cobranza de una deuda inexistente. Según el fallo del tribunal de alzada, el banco incumplió una sentencia previa de septiembre de 2017, donde se le ordenaba abstenerse de realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto o cartas sobre la presunta deuda a la demandante. Esta orden no fue acatada por la entidad. La sentencia destaca que en abierta desobediencia, la demandada reiteró los llamados de cobranza extrajudicial a la actora, a finales del año siguientes 2018, tal como lo acreditan las declaraciones de testigos contestes y la prueba instrumental acompañada. Asimismo, la Corte de Apelaciones estableció que se encuentra configurado en la especie el hecho o actuar ilícito de la demandada, toda vez que desacató una orden de un tribunal superior jerárquico de la República, cuyas decisiones en resguardo a las garantías constitucionales y con facultades de imperio, son obligatorias y deben ser obedecidas por quien les son ordenadas. Como consecuencia del actuar ilícito del Banco Ripley, la demandante sufrió detrimentos patrimoniales y afecciones psicológicas que deben ser reparadas. Se fijó una suma de $2 millones por este concepto. Además, se estableció un daño moral debido al dolor y afección causados por los ilícitos ya comprobados, fijando el monto en $5.000.000. Finalmente, el tribunal argumentó que la actuación del banco Ripley no solo responde a un acoso constante, sino también a un incumplimiento flagrante de una orden judicial, haciendo caso omiso tanto de esta como de sus propios compromisos adquiridos. Fuente: Publimetro
