Gobernadores de regiones del norte exigen al Presidente Kast un acuerdo por ley de presupuesto 2027 sin letra chica
Miguel Vargas, Ricardo Díaz y José Miguel Carvajal advirtieron que no basta con garantizarun marco presupuestario. Exigen certezas sobre los ingresos propios, flexibilidad paraejecutar los recursos y condiciones que permitan concretar la inversión pública en losterritorios.
En el marco de la Séptima Conferencia de la OCDE (Organización para la Cooperación y elDesarrollo Económicos) de Regiones y Ciudades Mineras 2026, que se desarrolla en Antofagastahasta el 30 de octubre, los gobernadores regionales de Atacama, Miguel Vargas Correa;Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés; y Tarapacá, José Miguel Carvajal Gallardo, realizaron un llamadoconjunto al Ejecutivo para que el acuerdo presupuestario de los gobiernos regionales para 2027 seconcrete sin letra chica y entregue certezas tanto sobre los recursos disponibles como sobre lascondiciones para ejecutarlos.
La exigencia se produce en medio de las negociaciones entre la Asociación de Gobernadores yGobernadoras Regionales de Chile (AGORECHI) y el gobierno central, luego que la propuestapresupuestaria inicial contemplara una reducción cercana al 12% respecto de los presupuestos delos gobiernos regionales. Tras la reunión sostenida con el ministro de Hacienda el pasado 19 deoctubre en Cerro Castillo, se abrió un espacio de diálogo para buscar que el presupuesto efectivode 2026 se mantuviera como piso mínimo para el año siguiente.
Las negociaciones se abrieron debido al doble empate registrado en la votación de la CuartaSubcomisión Mixta de Presupuestos del Senado, presidida por la senadora Yasna ProvosteCampillay, situación que puso en riesgo la continuidad de la propuesta del Ejecutivo y contribuyó aacelerar las gestiones de los gobiernos regionales ante la Dirección de Presupuestos (Dipres).Si bien los gobernadores reconocieron avances en las conversaciones, advirtieron que lanegociación no puede limitarse al monto asignado en la Ley de Presupuestos.
La preocupaciónapunta también a las restricciones para ejecutar el gasto, la incertidumbre sobre los ingresospropios y la responsabilidad de los servicios públicos que participan en la materialización de losproyectos regionales.El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, valoró los avances alcanzados mediante lacoordinación de los gobiernos regionales, aunque insistió en que todavía existen aspectosfundamentales que deben aclararse antes de cerrar un acuerdo. “Se está estableciendo un marcopresupuestario que hemos logrado que sea mucho mejor a la propuesta inicial. Sin embargo, elacuerdo no es solamente respecto de un marco presupuestario. A nosotros nos interesamuchísimo que haya claridad respecto de la flexibilidad para poder ejecutar ese gasto”, señaló.
Díaz advirtió que disponer de recursos no garantiza por sí solo la posibilidad de utilizarlosoportunamente, por lo que también se requiere certeza sobre la apertura presupuestaria y lasreglas que regirán durante el ejercicio 2027. Asimismo, llamó a transparentar los criteriosasociados a los ingresos propios de los gobiernos regionales, incluidos aquellos provenientes decasinos, patentes mineras y ventas de activos fiscales. “Nos parece que el acuerdo tiene muchaletra chica y creemos que es necesario que el Gobierno se allane a transparentar esa situación”,afirmó.
El gobernador de Atacama, Miguel Vargas Correa, destacó el trabajo asociativo de los gobiernosregionales y el respaldo parlamentario, principalmente de la presidenta de la Cuarta ComisiónMixta de Presupuesto, la senadora Yasna Provoste, que permitió retomar las conversaciones conel Ejecutivo. Sin embargo, enfatizó que el acuerdo debe abordar las condiciones reales paratransformar los recursos en inversión concreta.
“Una cosa es tener los recursos y otra cosa espoder gastarlos. En eso es muy importante que se asegure que existan mecanismos de flexibilidadpara poder ejecutar de buena manera el gasto”, sostuvo Vargas.La autoridad regional también relevó la importancia de entregar certezas sobre los ingresospropios de los gobiernos regionales, particularmente aquellos provenientes de la venta de activosfiscales, además de establecer reglas claras para la ejecución presupuestaria.
En ese contexto, Vargas puso especial énfasis en la realidad de las regiones del norte, donde lainversión pública depende en gran medida de la capacidad de ejecución de los servicios públicos.“En el caso de Atacama, el 85% del gasto depende de la ejecución que llevan a cabo los serviciospúblicos. Por lo tanto, cuando tenemos deficiencias en esa ejecución, eso nos termina afectando.Tiene que haber también un compromiso del gobierno central para que la ejecución se cumplacabalmente”, afirmó.
Vargas agregó que las regiones del norte requieren un tratamiento que considere susparticularidades y que avance hacia mayores atribuciones para la administración regional. “Elacuerdo con la Dirección de Presupuestos va mucho más allá del solo marco presupuestario. Esees el llamado que queremos plantear desde el norte del país”, enfatizó.En tanto, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal Gallardo, sostuvo que la discusiónpresupuestaria debe considerar el rol de los gobiernos regionales como instrumentos paracanalizar inversión pública hacia las comunidades.
“Nosotros no queremos que se facilite eltrabajo de los gobiernos regionales, nosotros queremos que se permita que podamos inyectarrecursos en materia de salud, de seguridad y vivienda en los territorios”, expresó.Carvajal enfatizó que la discusión no debe centrarse únicamente en las atribuciones de lasautoridades regionales, sino en la capacidad del Estado para responder a las necesidades de laciudadanía mediante inversiones oportunas, transparentes y eficaces, por ello, respaldó el llamadoconjunto para que el acuerdo con el gobierno central entregue condiciones claras para laejecución de los recursos durante 2027.
Los tres gobernadores coincidieron en que el proceso de negociación debe profundizar en ladescentralización fiscal, traducirse en compromisos claros y mecanismos que permitan a losgobiernos regionales cumplir su función de impulsar el desarrollo territorial, certezas sobre losingresos, reglas de ejecución transparentes, mayor flexibilidad administrativa y una coordinaciónefectiva con los servicios públicos responsables de materializar los proyectos.
Miguel Vargas, Ricardo Díaz y José Miguel Carvajal advirtieron que no basta con garantizarun marco presupuestario. Exigen certezas sobre los ingresos propios, flexibilidad paraejecutar los recursos y condiciones que permitan concretar la inversión pública en losterritorios.
























































