Ex intendente de Atacama, Francisco Sánchez, condenado por estafa contra empresa minera.

Tras siete años de investigación y un juicio que se extendió por dos meses, el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó dictó un veredicto que marca un punto de inflexión en uno de los casos judiciales más extensos vinculados al sector minero en la región de Atacama: el exintendente Francisco Sánchez fue condenado por el delito de estafa en perjuicio de la empresa Atacama Kozan. Los hechos se remontan al año 2019, cuando la minera presentó una querella por estafa reiterada, apuntando a presuntos desvíos de fondos ocurridos mientras Sánchez se desempeñaba como subgerente de la compañía hasta 2018. La investigación avanzó entre decisiones de archivo y reapertura, hasta llegar finalmente a juicio oral.El tribunal resolvió condenar al exjefe regional, aunque la sentencia será conocida el próximo viernes 15 de mayo. El caso, sin embargo, ya reabrió el debate sobre los filtros institucionales del Ministerio Público y el rol de las decisiones iniciales en causas complejas.El abogado de la empresa Atacama Kozan, Mauricio Daza, valoró el fallo y apuntó a la gravedad del caso. Señaló: “Esperamos que se le aplique una condena que sea ejemplar, estamos frente a una persona que defraudó la confianza pública de la región de Atacama y además también a la empresa que yo represento, a una inversión extranjera de capitales eminentemente japoneses y, por lo tanto, desde esa perspectiva estamos satisfechos”. Desde la otra vereda, Francisco Sánchez sostuvo su inocencia tras conocerse el veredicto. “Estamos muy tranquilos, creo que hemos estado retornando de un infierno que vivimos durante siete años. Y como dice mi abogado, vamos a seguir revisando el fallo, creo que hay cosas que analizar”, afirmó.En paralelo, el propio Mauricio Daza amplió sus declaraciones en redes sociales, donde sostuvo que la condena corresponde a una estafa por 218 millones de pesos en perjuicio de Atacama Kozan. Además, cuestionó la decisión inicial de la Fiscalía de no perseverar en la causa, afirmando que la querella permitió llevar el caso a juicio. También aludió a eventuales vínculos del entonces fiscal regional, Alexis Rogat, con actividades externas relacionadas con el entorno del condenado."Fiscalía desechó la causa por “falta de antecedentes”, pero como querellantes insistimos y lo llevamos a juicio por nuestra cuenta. El entonces fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, quien firmó la decisión de no perseverar en el caso, era colaborador habitual de la revista de propiedad de Sánchez, “Atacama Viva”, que se estableció como uno de los mecanismos usados para defraudar a Atacama Kozan… hoy se hizo justicia”. Más allá del veredicto, el caso abre una tensión entre la eficacia del sistema penal y la percepción ciudadana sobre la consistencia de sus decisiones. Que una causa avance desde el archivo hasta una condena judicial no solo habla del trabajo de los querellantes, sino también de posibles debilidades en la revisión fiscal inicial. En el trasfondo, emerge una discusión mayor: cómo se sostiene la confianza pública cuando una ex autoridad regional es condenada por delitos económicos vinculados a su paso por el mundo privado. El impacto trasciende el caso individual y tensiona la relación entre Estado, empresas y sistema judicial.El proceso aún no termina. Falta la sentencia definitiva y eventuales revisiones. Pero el veredicto ya instaló una certeza parcial: la responsabilidad penal no depende del cargo previo, aunque su determinación pueda tardar años.