Empresas enfrentarán hasta 20.000 UTM por datos médicos

La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales (N°21.719) tendrá un impacto significativo en la forma en que las empresas gestionan la información personal. Esta normativa cambiará la manera en que las compañías recopilan, utilizan, almacenan y protegen los datos personales que poseen en sus bases de datos.

Las implicaciones de esta ley no se limitarán únicamente a los datos de clientes o usuarios, sino que también afectarán la información que las empresas mantienen sobre su propio personal. En particular, los antecedentes médicos de los empleados son considerados sensibles, ya que su divulgación indebida puede acarrear sanciones graves, llegando incluso a multas de hasta 20.000 UTM.

En palabras del abogado Patricio Silva-Riesco, especialista en el tema: “Una empresa que revele antecedentes médicos de sus trabajadores vulnerando su confidencialidad puede cometer una infracción gravísima, sancionable con hasta 20.000 UTM bajo el nuevo régimen. Identificar quién accede a esa información y cómo se utiliza permite detectar riesgos que suelen pasar inadvertidos en la gestión cotidiana”.

Uno de los desafíos más importantes para las organizaciones será determinar con precisión qué información personal manejan, con qué propósito la utilizan, quién puede acceder a ella y cuál es el fundamento legal para su tratamiento.

Según Silva-Riesco, la Ley N°21.719 elevará el estándar en el manejo de información tanto de clientes como de trabajadores. Para cumplir con esta normativa, es necesario revisar detalladamente cómo se recopilan, utilizan y comparten estos datos. Un análisis jurídico adecuado permitirá identificar posibles riesgos y proteger la confianza fundamental para el negocio.

Además, la nueva regulación plantea un desafío adicional: no solo cumplir con las obligaciones establecidas, sino también demostrar efectivamente el cumplimiento de las mismas.

Esto requerirá una revisión exhaustiva de políticas internas, contratos, responsabilidades, relaciones con proveedores, protocolos de seguridad y procedimientos para responder a solicitudes de los titulares de los datos o a posibles incidentes.

En palabras del abogado Silva-Riesco: “La nueva ley exigirá que las empresas puedan demostrar cómo cumplen sus obligaciones sobre datos personales. Esa capacidad se construye revisando contratos, responsabilidades y prácticas cotidianas. Comprender dónde está expuesta cada organización será decisivo para tomar medidas adecuadas antes de enfrentar un reclamo”.