El 12 de enero de 2026, Chile dio un paso trascendental al clausurar de manera definitiva el Servicio Nacional de Menores (Sename), una entidad que por 46 años tuvo a su cargo la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como la gestión de jóvenes en conflicto con la ley. Este cierre marca el fin de una era y el comienzo de una profunda reestructuración del sistema de infancia. Creado en 1979 como el primer organismo público dedicado exclusivamente a la niñez y adolescencia, el Sename ha acumulado funciones, tensiones y críticas a lo largo de los años. Desde la protección de derechos hasta la administración de sanciones penales juveniles, todas bajo una misma estructura, lo que se convirtió en uno de los principales cuestionamientos al modelo. Aunque el hito se materializó en 2026, el fin del Sename no fue repentino. Desde 2021, el Estado inició un proceso de transición con la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez, enfocado exclusivamente en niños y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados. Posteriormente, en 2023, se estableció el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, encargado de implementar las medidas y sanciones contempladas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Con esta separación, se buscó corregir la histórica práctica del Sename de abordar tanto la protección como el castigo bajo una misma lógica. Si bien desde el Gobierno se ha hablado de aprendizajes institucionales y una nueva etapa para el Estado chileno, el cierre del Sename también implica un reconocimiento implícito de que el modelo anterior no cumplió con las expectativas. A lo largo de los años, el Sename estuvo envuelto en escándalos, informes críticos, denuncias por violaciones a los derechos humanos y críticas tanto nacionales como internacionales. Su nombre se convirtió en sinónimo de abandono estatal para muchos sectores de la población. Uno de los aspectos clave del cierre fue el trato hacia los trabajadores. Se destacó el compromiso de miles de funcionarios y colaboradores que, a pesar de las limitaciones del sistema, brindaron atención diaria a niños y adolescentes. Este énfasis busca evitar que el cierre sea percibido como unborrón y cuenta nueva sin asumir responsabilidades. Las nuevas entidades heredaron personal, experiencias y programas con el objetivo de garantizar continuidad y evitar vacíos en la atención. Sin embargo, expertos advierten que el verdadero desafío no es tanto institucional como operativo y territorial. Con la clausura del Sename, el Estado apuesta por un sistema más especializado con estándares diferenciados y objetivos claros: protección integral por un lado y reinserción social por otro. La premisa es clara: colocar en primer plano la dignidad, bienestar y derechos de niños, niñas y adolescentes. No obstante, el cierre no resuelve los problemas subyacentes. La pobreza, la violencia, la exclusión social y la reincidencia juvenil continúan presentes. El éxito del nuevo modelo dependerá del presupuesto, formación del personal, supervisión efectiva y coordinación con los sistemas judicial, educativo y sanitario. Fuente: Publimetro
El 12 de enero de 2026, Chile dio un paso trascendental al clausurar de manera definitiva el Servicio Nacional de Menores (Sename), una entidad que por 46 años tuvo a su cargo la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como la gestión de jóvenes en conflicto con la ley. Este cierre marca el fin de una era y el comienzo de una profunda reestructuración del sistema de infancia. Creado en 1979 como el primer organismo público dedicado exclusivamente a la niñez y adolescencia, el Sename ha acumulado funciones, tensiones y críticas a lo largo de los años. Desde la protección de derechos hasta la administración de sanciones penales juveniles, todas bajo una misma estructura, lo que se convirtió en uno de los principales cuestionamientos al modelo. Aunque el hito se materializó en 2026, el fin del Sename no fue repentino. Desde 2021, el Estado inició un proceso de transición con la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez, enfocado exclusivamente en niños y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados. Posteriormente, en 2023, se estableció el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, encargado de implementar las medidas y sanciones contempladas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Con esta separación, se buscó corregir la histórica práctica del Sename de abordar tanto la protección como el castigo bajo una misma lógica. Si bien desde el Gobierno se ha hablado de aprendizajes institucionales y una nueva etapa para el Estado chileno, el cierre del Sename también implica un reconocimiento implícito de que el modelo anterior no cumplió con las expectativas. A lo largo de los años, el Sename estuvo envuelto en escándalos, informes críticos, denuncias por violaciones a los derechos humanos y críticas tanto nacionales como internacionales. Su nombre se convirtió en sinónimo de abandono estatal para muchos sectores de la población. Uno de los aspectos clave del cierre fue el trato hacia los trabajadores. Se destacó el compromiso de miles de funcionarios y colaboradores que, a pesar de las limitaciones del sistema, brindaron atención diaria a niños y adolescentes. Este énfasis busca evitar que el cierre sea percibido como unborrón y cuenta nueva sin asumir responsabilidades. Las nuevas entidades heredaron personal, experiencias y programas con el objetivo de garantizar continuidad y evitar vacíos en la atención. Sin embargo, expertos advierten que el verdadero desafío no es tanto institucional como operativo y territorial. Con la clausura del Sename, el Estado apuesta por un sistema más especializado con estándares diferenciados y objetivos claros: protección integral por un lado y reinserción social por otro. La premisa es clara: colocar en primer plano la dignidad, bienestar y derechos de niños, niñas y adolescentes. No obstante, el cierre no resuelve los problemas subyacentes. La pobreza, la violencia, la exclusión social y la reincidencia juvenil continúan presentes. El éxito del nuevo modelo dependerá del presupuesto, formación del personal, supervisión efectiva y coordinación con los sistemas judicial, educativo y sanitario. Fuente: Publimetro
