El viernes pasado, la crisis financiera de Chilolac llegó a su punto culminante con el cierre de su planta en Ancud, poniendo fin a más de cinco décadas de operaciones. La empresa anunció el despido de 110 empleados, lo que desencadenó un intenso conflicto legal en Chiloé, donde se estima que los finiquitos impagos ascienden a alrededor de $1.200 millones de pesos. Ante esta situación, los trabajadores tienen dos opciones: presentar una queja ante la Inspección del Trabajo para buscar una solución conciliatoria, o acudir a los tribunales laborales para exigir que los despidos sean considerados injustificados y se ordene el pago de las correspondientes indemnizaciones. Tanto las autoridades como los representantes de los trabajadores critican que la empresa no haya fundamentado las desvinculaciones en su estado de insolvencia económica. “Existe la creencia de que cuando una empresa cierra, la indemnización por años de servicio se pierde, y eso no siempre es así. Cada caso debe analizarse en función de la causal y de cómo se pone término a la relación laboral”, explicó Pedro Peña, especialista en derecho laboral y CoFundador del estudio jurídico SoyTrabajador.cl Otro escenario se presenta cuando el trabajador firma un finiquito sin reserva de derechos. Esta acción puede limitar futuras reclamaciones, incluso si existen motivos para cuestionar la causa del despido o la falta de pago de indemnizaciones. “Firmar un finiquito sin asesoría puede significar renunciar a derechos importantes. Muchos trabajadores se enteran de esto cuando ya es demasiado tarde”, mencionó Peña. También es relevante considerar situaciones donde el despido se basa en causas atribuibles al trabajador, como incumplimientos graves establecidos en el artículo 160 del Código del Trabajo. En estos casos, la ley no obliga al empleador a pagar indemnización por antigüedad. Por último, desde el estudio advierten que la falta de información sigue siendo uno de los principales obstáculos que afectan a los trabajadores, especialmente a aquellos con mayor experiencia laboral que enfrentan despidos en contextos complicados. “La indemnización por años de servicio es un derecho legal, no un beneficio discrecional. Informarse a tiempo puede marcar la diferencia entre perderlo todo o poder exigir lo que corresponde”, concluyó el especialista laboral. Fuente: Publimetro
El Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt emitió este martes la resolución definitiva que pone fin a la millonaria demanda presentada por Jaime Anguita, viudo de Viviana Haeger, quien buscaba recibir cerca de $2 mil millones del fisco como compensación por supuestos perjuicios derivados de la investigación del caso Haeger. La acción legal de Anguita, considerada la última carta judicial del viudo, apuntaba a responsabilizar a la Policía de Investigaciones (PDI), al Ministerio Público y al Servicio Médico Legal (SML) por presuntas falencias en el proceso que rodeó la misteriosa muerte de su esposa. Sin embargo, el tribunal determinó que “las pruebas singularizadas en nada alteran lo precedentemente resuelto”, descartando así cualquier obligación del Estado de indemnizar al demandante, según consignó BioBioChile. Si bien los jueces reconocieron que se cometieron errores durante la pesquisa y la fase de seguimiento del caso, concluyeron que estos no constituyen responsabilidad legal, al no existir un nexo directo entre los servicios prestados por los organismos públicos y los daños reclamados. En otras palabras, los errores administrativos o procedimentales no generaron consecuencias jurídicas que pudieran traducirse en indemnización monetaria. La demanda de Anguita se estructuraba en torno a cinco puntos centrales: la prisión preventiva del viudo, la “pérdida de un padre”, la “destrucción de una familia”, la infancia “totalmente disfuncional” de su hija y el “excesivo escrutinio público”. Cada uno de estos elementos estaba asociado a montos que el tribunal calificó de “exorbitantes”. Además, el viudo intentó incluir gastos personales, como honorarios de abogados y el traslado desde Alemania de su hija, como parte de los daños emergentes, lo que también fue rechazado. En total, Anguita solicitaba cerca de $2 mil millones, distribuidos entre daño patrimonial y daño emergente, y pedía además $300 millones para cada una de sus hijas por daño extrapatrimonial, argumentando que ellas habían sufrido las consecuencias directas de la detención injusta de su padre y la exposición mediática del caso. Con esta resolución, se cierra de manera definitiva la vía judicial para obtener una compensación económica, poniendo fin a uno de los capítulos más mediáticos y controvertidos de la justicia chilena reciente. Recordemos que Jaime Anguita fue inicialmente imputado y detenido por su presunta participación en la muerte y ocultamiento del cadáver de su esposa, sin embargo, quedó libre porque las investigaciones no pudieron probar que él fuera responsable de la muerte de Viviana Haeger. Fuente: Publimetro
El viernes pasado, la crisis financiera de Chilolac llegó a su punto culminante con el cierre de su planta en Ancud, poniendo fin a más de cinco décadas de operaciones. La empresa anunció el despido de 110 empleados, lo que desencadenó un intenso conflicto legal en Chiloé, donde se estima que los finiquitos impagos ascienden a alrededor de $1.200 millones de pesos. Ante esta situación, los trabajadores tienen dos opciones: presentar una queja ante la Inspección del Trabajo para buscar una solución conciliatoria, o acudir a los tribunales laborales para exigir que los despidos sean considerados injustificados y se ordene el pago de las correspondientes indemnizaciones. Tanto las autoridades como los representantes de los trabajadores critican que la empresa no haya fundamentado las desvinculaciones en su estado de insolvencia económica. “Existe la creencia de que cuando una empresa cierra, la indemnización por años de servicio se pierde, y eso no siempre es así. Cada caso debe analizarse en función de la causal y de cómo se pone término a la relación laboral”, explicó Pedro Peña, especialista en derecho laboral y CoFundador del estudio jurídico SoyTrabajador.cl Otro escenario se presenta cuando el trabajador firma un finiquito sin reserva de derechos. Esta acción puede limitar futuras reclamaciones, incluso si existen motivos para cuestionar la causa del despido o la falta de pago de indemnizaciones. “Firmar un finiquito sin asesoría puede significar renunciar a derechos importantes. Muchos trabajadores se enteran de esto cuando ya es demasiado tarde”, mencionó Peña. También es relevante considerar situaciones donde el despido se basa en causas atribuibles al trabajador, como incumplimientos graves establecidos en el artículo 160 del Código del Trabajo. En estos casos, la ley no obliga al empleador a pagar indemnización por antigüedad. Por último, desde el estudio advierten que la falta de información sigue siendo uno de los principales obstáculos que afectan a los trabajadores, especialmente a aquellos con mayor experiencia laboral que enfrentan despidos en contextos complicados. “La indemnización por años de servicio es un derecho legal, no un beneficio discrecional. Informarse a tiempo puede marcar la diferencia entre perderlo todo o poder exigir lo que corresponde”, concluyó el especialista laboral. Fuente: Publimetro
El Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt emitió este martes la resolución definitiva que pone fin a la millonaria demanda presentada por Jaime Anguita, viudo de Viviana Haeger, quien buscaba recibir cerca de $2 mil millones del fisco como compensación por supuestos perjuicios derivados de la investigación del caso Haeger. La acción legal de Anguita, considerada la última carta judicial del viudo, apuntaba a responsabilizar a la Policía de Investigaciones (PDI), al Ministerio Público y al Servicio Médico Legal (SML) por presuntas falencias en el proceso que rodeó la misteriosa muerte de su esposa. Sin embargo, el tribunal determinó que “las pruebas singularizadas en nada alteran lo precedentemente resuelto”, descartando así cualquier obligación del Estado de indemnizar al demandante, según consignó BioBioChile. Si bien los jueces reconocieron que se cometieron errores durante la pesquisa y la fase de seguimiento del caso, concluyeron que estos no constituyen responsabilidad legal, al no existir un nexo directo entre los servicios prestados por los organismos públicos y los daños reclamados. En otras palabras, los errores administrativos o procedimentales no generaron consecuencias jurídicas que pudieran traducirse en indemnización monetaria. La demanda de Anguita se estructuraba en torno a cinco puntos centrales: la prisión preventiva del viudo, la “pérdida de un padre”, la “destrucción de una familia”, la infancia “totalmente disfuncional” de su hija y el “excesivo escrutinio público”. Cada uno de estos elementos estaba asociado a montos que el tribunal calificó de “exorbitantes”. Además, el viudo intentó incluir gastos personales, como honorarios de abogados y el traslado desde Alemania de su hija, como parte de los daños emergentes, lo que también fue rechazado. En total, Anguita solicitaba cerca de $2 mil millones, distribuidos entre daño patrimonial y daño emergente, y pedía además $300 millones para cada una de sus hijas por daño extrapatrimonial, argumentando que ellas habían sufrido las consecuencias directas de la detención injusta de su padre y la exposición mediática del caso. Con esta resolución, se cierra de manera definitiva la vía judicial para obtener una compensación económica, poniendo fin a uno de los capítulos más mediáticos y controvertidos de la justicia chilena reciente. Recordemos que Jaime Anguita fue inicialmente imputado y detenido por su presunta participación en la muerte y ocultamiento del cadáver de su esposa, sin embargo, quedó libre porque las investigaciones no pudieron probar que él fuera responsable de la muerte de Viviana Haeger. Fuente: Publimetro
