La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un importante operativo esta semana que resultó en la detención de siete personas, seis médicos extranjeros y un representante legal de un centro de salud, acusados de participar en la emisión masiva de licencias médicas irregulares a funcionarios públicos. Esta acción se tradujo en un perjuicio fiscal que supera los $20.800 millones, afectando directamente a Fonasa. La investigación, liderada por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, reveló que los detenidos eran considerados grandes emisores de licencias médicas sin respaldo clínico real. Entre los años 2021 y 2024, emitieron un total de 35.978 licencias médicas, de las cuales 26.559 fueron pagadas por el sistema público. El origen de esta investigación se remonta a informes de la Contraloría General de la República que detectaron irregularidades al cruzar datos de distintos organismos estatales. Se descubrió que miles de funcionarios públicos con licencia médica salieron del país o realizaron actividades recreativas prohibidas durante su reposo, lo que generó preocupación en los entes fiscalizadores. Tras identificar a los responsables detrás de esta emisión fraudulenta, las detenciones se llevaron a cabo principalmente en la Región Metropolitana, con operativos adicionales en Puerto Montt y Quillota. Los detenidos enfrentarán cargos por delitos relacionados con la emisión y obtención fraudulenta de licencias médicas. El fiscal Álvaro Pérez explicó que el fraude se realizaba a través de centros médicos ficticios utilizados para emitir licencias electrónicas sin fundamento médico real. Durante los allanamientos se incautaron diversos elementos como computadores, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y talonarios de recetas médicas. En caso de ser declarados culpables, los imputados podrían enfrentar penas desde 5 años y 1 día de cárcel, las cuales podrían aumentar dependiendo de la gravedad de los antecedentes y el daño fiscal causado. Fuente: Publimetro
El segundo trimestre de este año en Chile ha culminado con un récord en causas penales presentadas por consumidores que han sido víctimas de fraudes en comercios nacionales. Según datos recopilados por la consultora Sheriff, especializada en prevención de fraudes, se ha registrado un aumento histórico del 89,8% en el total de casos judicializados a nivel nacional, alcanzando las 16.435 denuncias. Esta cifra supera los registros anteriores, incluyendo los 12.671 casos del último trimestre de 2024 y los 10.886 del primer trimestre de 2025. Este incremento alarmante ha generado preocupación entre expertos y analistas. El CEO de Sheriff, Vicente Cruz, expresó: Estamos ante un crecimiento preocupante y acelerado de la judicialización por fraude. Las cifras del segundo trimestre no solo superan todos los récords, sino que confirman que el fraude es una amenaza persistente y cada vez más masiva en Chile. Cruz también hizo hincapié en la importancia de elevar los estándares de seguridad y fortalecer los procesos de evaluación de riesgo para prevenir eficazmente estos delitos. El informe reveló que en la primera mitad de este año ya se han registrado 27.321 causas, lo que representa el 72,19% del total del año pasado. Si esta tendencia se mantiene, se espera que Chile supere nuevamente su récord anual en casos de fraude. Además, se ha observado un cambio en la distribución geográfica del fraude. Aunque la Región Metropolitana sigue liderando en volumen de casos, su participación ha disminuido del 44,43% al 35,19%. Por otro lado, regiones como Maule y O'Higgins han experimentado un crecimiento significativo en denuncias por fraude. Región Metropolitana: 35,19% Región del Maule: 22,29% Región de O’Higgins: 11,96% Región de Antofagasta: 5,79% Región de Valparaíso: 4,93% Región de Araucanía: 4,27% Región de Los Lagos: 3,44% Región de Biobío: 2,93% Región de Coquimbo: 2,61% Región de Los Ríos: 2,11% Región de Atacama: 1,59% Región de Ñuble: 1,16% Región de Aysén: 0,76% Región de Tarapacá: 0,47% Región de Magallanes: 0,32% Región de Arica y Parinacota: 0,17% Vicente Cruz destacó la necesidad de una respuesta nacional ante esta amenaza generalizada. Las estafas y defraudaciones representan el mayor aumento en este tipo de delitos (72,8%), seguido por el uso malicioso de tarjetas (16,45%) y la apropiación indebida (8,47%). Cruz enfatizó la importancia de utilizar tecnología para prevenir fraudes y establecer criterios internos basados en antecedentes históricos para evitar actos fraudulentos. Fuente: Publimetro
Desde este miércoles 13 de agosto, entran en funcionamiento los prefijos únicos 600 y 809 con el objetivo de ayudar a las personas a identificar la naturaleza de las llamadas que reciben, evitando así el acoso telefónico y posibles fraudes. Según un estudio realizado por la empresa Hiya en 2024, los chilenos reciben en promedio 28 llamadas spam al mes, la cifra más alta de toda Latinoamérica. Además, las denuncias por estafas telefónicas aumentaron un 19% en el mismo año, según datos de la PDI. El prefijo 600 será utilizado para llamadas solicitadas por los usuarios o esperadas, provenientes de empresas o instituciones con las que se tiene algún tipo de vínculo. Por otro lado, las llamadas con el prefijo 809 serán identificadas como no deseadas por los usuarios. El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explicó que desde este 13 de agosto, empieza a regir la norma que obliga a que todas las llamadas comerciales y/o masivas vengan con este prefijo claramente identificable para la población. Esta medida busca proteger a las personas contra estafas telefónicas y llamadas spam. Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, destacó que con estos nuevos prefijos estamos generando una respuesta concreta y efectiva a quienes intentan cometer estafas haciéndose pasar por empresas. Estos prefijos son una alerta clara para la ciudadanía: si recibo una llamada de un número desconocido que no empieza con 600 u 809, es probable que se trate de una estafa. La Subtel será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de esta normativa. Se hace un llamado a los usuarios a denunciar cualquier llamada recibida de empresas que no cumplan con los prefijos establecidos. Las empresas que no cumplan con esta normativa podrían enfrentar sanciones que van desde una amonestación hasta multas que oscilan entre las 5 y 5.000 UTM. Fuente: Publimetro
La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un importante operativo esta semana que resultó en la detención de siete personas, seis médicos extranjeros y un representante legal de un centro de salud, acusados de participar en la emisión masiva de licencias médicas irregulares a funcionarios públicos. Esta acción se tradujo en un perjuicio fiscal que supera los $20.800 millones, afectando directamente a Fonasa. La investigación, liderada por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, reveló que los detenidos eran considerados grandes emisores de licencias médicas sin respaldo clínico real. Entre los años 2021 y 2024, emitieron un total de 35.978 licencias médicas, de las cuales 26.559 fueron pagadas por el sistema público. El origen de esta investigación se remonta a informes de la Contraloría General de la República que detectaron irregularidades al cruzar datos de distintos organismos estatales. Se descubrió que miles de funcionarios públicos con licencia médica salieron del país o realizaron actividades recreativas prohibidas durante su reposo, lo que generó preocupación en los entes fiscalizadores. Tras identificar a los responsables detrás de esta emisión fraudulenta, las detenciones se llevaron a cabo principalmente en la Región Metropolitana, con operativos adicionales en Puerto Montt y Quillota. Los detenidos enfrentarán cargos por delitos relacionados con la emisión y obtención fraudulenta de licencias médicas. El fiscal Álvaro Pérez explicó que el fraude se realizaba a través de centros médicos ficticios utilizados para emitir licencias electrónicas sin fundamento médico real. Durante los allanamientos se incautaron diversos elementos como computadores, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y talonarios de recetas médicas. En caso de ser declarados culpables, los imputados podrían enfrentar penas desde 5 años y 1 día de cárcel, las cuales podrían aumentar dependiendo de la gravedad de los antecedentes y el daño fiscal causado. Fuente: Publimetro
El segundo trimestre de este año en Chile ha culminado con un récord en causas penales presentadas por consumidores que han sido víctimas de fraudes en comercios nacionales. Según datos recopilados por la consultora Sheriff, especializada en prevención de fraudes, se ha registrado un aumento histórico del 89,8% en el total de casos judicializados a nivel nacional, alcanzando las 16.435 denuncias. Esta cifra supera los registros anteriores, incluyendo los 12.671 casos del último trimestre de 2024 y los 10.886 del primer trimestre de 2025. Este incremento alarmante ha generado preocupación entre expertos y analistas. El CEO de Sheriff, Vicente Cruz, expresó: Estamos ante un crecimiento preocupante y acelerado de la judicialización por fraude. Las cifras del segundo trimestre no solo superan todos los récords, sino que confirman que el fraude es una amenaza persistente y cada vez más masiva en Chile. Cruz también hizo hincapié en la importancia de elevar los estándares de seguridad y fortalecer los procesos de evaluación de riesgo para prevenir eficazmente estos delitos. El informe reveló que en la primera mitad de este año ya se han registrado 27.321 causas, lo que representa el 72,19% del total del año pasado. Si esta tendencia se mantiene, se espera que Chile supere nuevamente su récord anual en casos de fraude. Además, se ha observado un cambio en la distribución geográfica del fraude. Aunque la Región Metropolitana sigue liderando en volumen de casos, su participación ha disminuido del 44,43% al 35,19%. Por otro lado, regiones como Maule y O'Higgins han experimentado un crecimiento significativo en denuncias por fraude. Región Metropolitana: 35,19% Región del Maule: 22,29% Región de O’Higgins: 11,96% Región de Antofagasta: 5,79% Región de Valparaíso: 4,93% Región de Araucanía: 4,27% Región de Los Lagos: 3,44% Región de Biobío: 2,93% Región de Coquimbo: 2,61% Región de Los Ríos: 2,11% Región de Atacama: 1,59% Región de Ñuble: 1,16% Región de Aysén: 0,76% Región de Tarapacá: 0,47% Región de Magallanes: 0,32% Región de Arica y Parinacota: 0,17% Vicente Cruz destacó la necesidad de una respuesta nacional ante esta amenaza generalizada. Las estafas y defraudaciones representan el mayor aumento en este tipo de delitos (72,8%), seguido por el uso malicioso de tarjetas (16,45%) y la apropiación indebida (8,47%). Cruz enfatizó la importancia de utilizar tecnología para prevenir fraudes y establecer criterios internos basados en antecedentes históricos para evitar actos fraudulentos. Fuente: Publimetro
Desde este miércoles 13 de agosto, entran en funcionamiento los prefijos únicos 600 y 809 con el objetivo de ayudar a las personas a identificar la naturaleza de las llamadas que reciben, evitando así el acoso telefónico y posibles fraudes. Según un estudio realizado por la empresa Hiya en 2024, los chilenos reciben en promedio 28 llamadas spam al mes, la cifra más alta de toda Latinoamérica. Además, las denuncias por estafas telefónicas aumentaron un 19% en el mismo año, según datos de la PDI. El prefijo 600 será utilizado para llamadas solicitadas por los usuarios o esperadas, provenientes de empresas o instituciones con las que se tiene algún tipo de vínculo. Por otro lado, las llamadas con el prefijo 809 serán identificadas como no deseadas por los usuarios. El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explicó que desde este 13 de agosto, empieza a regir la norma que obliga a que todas las llamadas comerciales y/o masivas vengan con este prefijo claramente identificable para la población. Esta medida busca proteger a las personas contra estafas telefónicas y llamadas spam. Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, destacó que con estos nuevos prefijos estamos generando una respuesta concreta y efectiva a quienes intentan cometer estafas haciéndose pasar por empresas. Estos prefijos son una alerta clara para la ciudadanía: si recibo una llamada de un número desconocido que no empieza con 600 u 809, es probable que se trate de una estafa. La Subtel será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de esta normativa. Se hace un llamado a los usuarios a denunciar cualquier llamada recibida de empresas que no cumplan con los prefijos establecidos. Las empresas que no cumplan con esta normativa podrían enfrentar sanciones que van desde una amonestación hasta multas que oscilan entre las 5 y 5.000 UTM. Fuente: Publimetro
