El miércoles 1 de abril, se publicó en el Diario Oficial la Ley de Convivencia Escolar, la cual permitirá que los establecimientos educacionales implementen recursos tecnológicos para la identificación o detección de armas, como por ejemplo un detector de metales. Esta medida surge tras el trágico incidente ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un estudiante de cuarto medio ingresó con armas blancas e implementos incendiarios, resultando en la muerte de una inspectora y el ataque a otras cuatro personas, incluyendo estudiantes. En el artículo 10 de la legislación se establece que los sostenedores de los colegios podrán implementar estos recursos tecnológicos previo acuerdo con el Consejo Escolar o la comunidad educativa. Esto con el fin de identificar elementos que representen un riesgo para la vida o integridad física de quienes forman parte de la comunidad educativa, en cumplimiento con la ley N° 21.659 sobre seguridad privada. Sin embargo, se especifica que estos recursos tecnológicos solo podrán ser instalados si existen fundamentos que justifiquen su uso como medida proporcional y necesaria para prevenir delitos en el establecimiento. Además, se establece la necesidad de crear un protocolo interno que regule el uso de estos recursos, garantizando el respeto al derecho a la igualdad, no discriminación arbitraria, vida privada y honra, así como al interés superior del niño, niña y adolescente. Se enfatiza también en la importancia de considerar la perspectiva de género en su implementación sin interferir con las actividades escolares habituales. Este protocolo debe ser aprobado por la Subsecretaría de Educación para asegurar que resguarde los principios y derechos mencionados anteriormente y sea compatible con el funcionamiento normal del establecimiento. Se destaca que se requerirá un informe técnico del Ministerio de Seguridad Pública para evaluar la proporcionalidad, necesidad e idoneidad de los recursos tecnológicos contemplados antes de su implementación. Finalmente, se menciona que todos los aspectos relacionados con este artículo serán regulados mediante un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y suscrito también por el Ministerio de Seguridad Pública. Fuente: Publimetro
El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez ha alertado sobre el impacto que las expulsiones y cancelaciones de matrícula tienen en las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes en Chile, así como el riesgo de exclusión escolar asociado a estas medidas. Entre 2018 y junio de 2025 se registraron más de 7.500 expedientes de este tipo en establecimientos educacionales del país, con un aumento sostenido en los últimos años. Se ha observado un uso particularmente alto de estos procedimientos en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, así como una alta recurrencia en establecimientos emblemáticos, donde se ha registrado un incremento del 62% entre 2023 y 2024, incluso en educación básica. En el nivel de educación básica, se contabilizaron 1.560 expulsiones de estudiantes entre 1° y 8° básico entre 2022 y 2025, lo que refleja la aplicación de estas medidas disciplinarias en etapas tempranas de la trayectoria educativa. La Defensoría de la Niñez ha advertido previamente que un 12% de los estudiantes expulsados entre 2018 y 2022 no volvió a estar matriculado en el sistema escolar durante 2023, lo que evidencia las repercusiones negativas en la continuidad educativa y el ejercicio del derecho a la educación. El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, ha destacado que cuando el sistema educativo expulsa a un adolescente sin ofrecer alternativas reales de acompañamiento, no solo se interrumpe su aprendizaje, sino que se le expone a mayores riesgos de exclusión social. El análisis realizado por el Observatorio pone especial atención en la aplicación de estos procedimientos en establecimientos que reciben financiamiento público, identificando focos preocupantes especialmente en liceos técnico-profesionales y colegios emblemáticos, así como una afectación predominante en adolescentes de enseñanza media. Ante esta situación, la Defensoría ha reiterado la necesidad de reforzar estrategias de prevención, convivencia y mediación escolar; monitorear estrictamente el cumplimiento de la Ley de Inclusión Escolar; fortalecer el acompañamiento psicosocial en establecimientos con alta recurrencia de casos; y promover la participación activa de las familias y comunidades educativas en la resolución de conflictos. El análisis ya fue remitido al Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación vía oficio. Fuente: Publimetro
El miércoles 1 de abril, se publicó en el Diario Oficial la Ley de Convivencia Escolar, la cual permitirá que los establecimientos educacionales implementen recursos tecnológicos para la identificación o detección de armas, como por ejemplo un detector de metales. Esta medida surge tras el trágico incidente ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un estudiante de cuarto medio ingresó con armas blancas e implementos incendiarios, resultando en la muerte de una inspectora y el ataque a otras cuatro personas, incluyendo estudiantes. En el artículo 10 de la legislación se establece que los sostenedores de los colegios podrán implementar estos recursos tecnológicos previo acuerdo con el Consejo Escolar o la comunidad educativa. Esto con el fin de identificar elementos que representen un riesgo para la vida o integridad física de quienes forman parte de la comunidad educativa, en cumplimiento con la ley N° 21.659 sobre seguridad privada. Sin embargo, se especifica que estos recursos tecnológicos solo podrán ser instalados si existen fundamentos que justifiquen su uso como medida proporcional y necesaria para prevenir delitos en el establecimiento. Además, se establece la necesidad de crear un protocolo interno que regule el uso de estos recursos, garantizando el respeto al derecho a la igualdad, no discriminación arbitraria, vida privada y honra, así como al interés superior del niño, niña y adolescente. Se enfatiza también en la importancia de considerar la perspectiva de género en su implementación sin interferir con las actividades escolares habituales. Este protocolo debe ser aprobado por la Subsecretaría de Educación para asegurar que resguarde los principios y derechos mencionados anteriormente y sea compatible con el funcionamiento normal del establecimiento. Se destaca que se requerirá un informe técnico del Ministerio de Seguridad Pública para evaluar la proporcionalidad, necesidad e idoneidad de los recursos tecnológicos contemplados antes de su implementación. Finalmente, se menciona que todos los aspectos relacionados con este artículo serán regulados mediante un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y suscrito también por el Ministerio de Seguridad Pública. Fuente: Publimetro
El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez ha alertado sobre el impacto que las expulsiones y cancelaciones de matrícula tienen en las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes en Chile, así como el riesgo de exclusión escolar asociado a estas medidas. Entre 2018 y junio de 2025 se registraron más de 7.500 expedientes de este tipo en establecimientos educacionales del país, con un aumento sostenido en los últimos años. Se ha observado un uso particularmente alto de estos procedimientos en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, así como una alta recurrencia en establecimientos emblemáticos, donde se ha registrado un incremento del 62% entre 2023 y 2024, incluso en educación básica. En el nivel de educación básica, se contabilizaron 1.560 expulsiones de estudiantes entre 1° y 8° básico entre 2022 y 2025, lo que refleja la aplicación de estas medidas disciplinarias en etapas tempranas de la trayectoria educativa. La Defensoría de la Niñez ha advertido previamente que un 12% de los estudiantes expulsados entre 2018 y 2022 no volvió a estar matriculado en el sistema escolar durante 2023, lo que evidencia las repercusiones negativas en la continuidad educativa y el ejercicio del derecho a la educación. El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, ha destacado que cuando el sistema educativo expulsa a un adolescente sin ofrecer alternativas reales de acompañamiento, no solo se interrumpe su aprendizaje, sino que se le expone a mayores riesgos de exclusión social. El análisis realizado por el Observatorio pone especial atención en la aplicación de estos procedimientos en establecimientos que reciben financiamiento público, identificando focos preocupantes especialmente en liceos técnico-profesionales y colegios emblemáticos, así como una afectación predominante en adolescentes de enseñanza media. Ante esta situación, la Defensoría ha reiterado la necesidad de reforzar estrategias de prevención, convivencia y mediación escolar; monitorear estrictamente el cumplimiento de la Ley de Inclusión Escolar; fortalecer el acompañamiento psicosocial en establecimientos con alta recurrencia de casos; y promover la participación activa de las familias y comunidades educativas en la resolución de conflictos. El análisis ya fue remitido al Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación vía oficio. Fuente: Publimetro
