El Gobierno ha dado un paso importante en la lucha contra la evasión en el transporte público en Chile. Una nueva normativa, aprobada por la Contraloría General de la República, permitirá imponer sanciones más severas a quienes no paguen su pasaje en buses y otros servicios regulados. Estas medidas incluyen restricciones para obtener pasaportes e ingresar a recintos deportivos. Esta iniciativa busca hacer frente a uno de los problemas más persistentes del sistema de transporte, que ha afectado durante años el financiamiento y funcionamiento de los servicios públicos de movilidad. Entre las medidas destacadas se encuentra la prohibición de acceder a los buses por la puerta trasera, una práctica que ha facilitado la evasión en distintos recorridos del país. Una de las medidas más debatidas es la creación del Registro de Infractores, que reúne a las personas sancionadas por no pagar el transporte público y que tienen multas pendientes. Con esta nueva normativa, diversas instituciones podrán consultar este registro para aplicar las restricciones establecidas por la ley. Una de las consecuencias directas de figurar en este registro es la posibilidad de enfrentar impedimentos para solicitar o renovar el pasaporte ante el Registro Civil. Además, aquellos que aparezcan en el registro también tendrán prohibido ingresar a estadios, ampliando así las consecuencias de la evasión. Desde el Ministerio de Transportes han defendido estas medidas, asegurando que fortalecerán la fiscalización y mejorarán la capacidad del Estado para sancionar a los evasores. El ministro Louis de Grange afirmó que estas acciones permitirán reducir la evasión y sancionar con mayor eficacia a quienes incumplen la normativa, lo cual sigue generando importantes pérdidas económicas para el sistema. A pesar de esto, algunas voces críticas han surgido. El experto en transporte Ariel López ha planteado dudas sobre la proporcionalidad de algunas sanciones, especialmente aquellas relacionadas con la emisión de pasaportes. Según López, existen otras infracciones económicas con impacto similar o mayor que no enfrentan consecuencias equivalentes. En palabras del experto: “Es desproporcionado. Si alguien evade impuestos no tiene esa pena, o los evasores del TAG tienen sanciones mucho más bajas”, según consignó T13. Aunque aún faltan definir aspectos operativos para su implementación, se espera que estas nuevas medidas comiencen a aplicarse en los próximos meses, marcando un endurecimiento significativo en la lucha contra la evasión en el transporte público en Chile. Fuente: Publimetro
Los representantes de los gremios de transporte de carga en Chile se reunieron el lunes 30 de marzo para abordar el impacto del reciente aumento en el precio de los combustibles. Descartando la posibilidad de movilizaciones, acordaron que el incremento en el costo del diésel y la bencina recaerá en los consumidores finales de los productos transportados. La decisión de no llevar a cabo protestas se tomó luego de una reunión en la sede de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), a la que asistieron representantes de ChileTransporte, la Confederación del Transporte de Carga (CNTC) y Agetich, que agrupa a transportistas internacionales. En una declaración conjunta, los camioneros señalaron que las alzas por concepto del petróleo diésel deben ser traspasadas al generador de carga, que son los clientes de los transportistas. Por su parte, Juan Araya, presidente de la CNDC, advirtió que el aumento del diésel podría llevar a las empresas a una situación de insolvencia financiera y operativa si no se toman medidas urgentes. Consultado sobre la posibilidad de movilizaciones, Sergio Pérez, presidente de la CNTC, destacó que este problema es diferente a situaciones anteriores y que la movilización no resolvería el problema actual. En sus palabras: Cuando dijimos que había terrorismo, cuando dijimos que había una delincuencia desatada en la nación, esto es un problema distinto. Por último, Raúl Clavero, presidente de ChileTransporte, subrayó la importancia de garantizar el suministro del país sin interrupciones. Explicó que las empresas no pueden asumir solas el costo del aumento en los combustibles y necesitan trasladarlo al precio final. En sus palabras: El costo lo tienen que asumir las empresas y trasladarlo a precio. Como lo dije anteriormente y di como ejemplo, por cada 1.000 kilómetros el incremento representa $15 pesos por kilo. Fuente: Publimetro
El Gobierno ha dado un paso importante en la lucha contra la evasión en el transporte público en Chile. Una nueva normativa, aprobada por la Contraloría General de la República, permitirá imponer sanciones más severas a quienes no paguen su pasaje en buses y otros servicios regulados. Estas medidas incluyen restricciones para obtener pasaportes e ingresar a recintos deportivos. Esta iniciativa busca hacer frente a uno de los problemas más persistentes del sistema de transporte, que ha afectado durante años el financiamiento y funcionamiento de los servicios públicos de movilidad. Entre las medidas destacadas se encuentra la prohibición de acceder a los buses por la puerta trasera, una práctica que ha facilitado la evasión en distintos recorridos del país. Una de las medidas más debatidas es la creación del Registro de Infractores, que reúne a las personas sancionadas por no pagar el transporte público y que tienen multas pendientes. Con esta nueva normativa, diversas instituciones podrán consultar este registro para aplicar las restricciones establecidas por la ley. Una de las consecuencias directas de figurar en este registro es la posibilidad de enfrentar impedimentos para solicitar o renovar el pasaporte ante el Registro Civil. Además, aquellos que aparezcan en el registro también tendrán prohibido ingresar a estadios, ampliando así las consecuencias de la evasión. Desde el Ministerio de Transportes han defendido estas medidas, asegurando que fortalecerán la fiscalización y mejorarán la capacidad del Estado para sancionar a los evasores. El ministro Louis de Grange afirmó que estas acciones permitirán reducir la evasión y sancionar con mayor eficacia a quienes incumplen la normativa, lo cual sigue generando importantes pérdidas económicas para el sistema. A pesar de esto, algunas voces críticas han surgido. El experto en transporte Ariel López ha planteado dudas sobre la proporcionalidad de algunas sanciones, especialmente aquellas relacionadas con la emisión de pasaportes. Según López, existen otras infracciones económicas con impacto similar o mayor que no enfrentan consecuencias equivalentes. En palabras del experto: “Es desproporcionado. Si alguien evade impuestos no tiene esa pena, o los evasores del TAG tienen sanciones mucho más bajas”, según consignó T13. Aunque aún faltan definir aspectos operativos para su implementación, se espera que estas nuevas medidas comiencen a aplicarse en los próximos meses, marcando un endurecimiento significativo en la lucha contra la evasión en el transporte público en Chile. Fuente: Publimetro
Los representantes de los gremios de transporte de carga en Chile se reunieron el lunes 30 de marzo para abordar el impacto del reciente aumento en el precio de los combustibles. Descartando la posibilidad de movilizaciones, acordaron que el incremento en el costo del diésel y la bencina recaerá en los consumidores finales de los productos transportados. La decisión de no llevar a cabo protestas se tomó luego de una reunión en la sede de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), a la que asistieron representantes de ChileTransporte, la Confederación del Transporte de Carga (CNTC) y Agetich, que agrupa a transportistas internacionales. En una declaración conjunta, los camioneros señalaron que las alzas por concepto del petróleo diésel deben ser traspasadas al generador de carga, que son los clientes de los transportistas. Por su parte, Juan Araya, presidente de la CNDC, advirtió que el aumento del diésel podría llevar a las empresas a una situación de insolvencia financiera y operativa si no se toman medidas urgentes. Consultado sobre la posibilidad de movilizaciones, Sergio Pérez, presidente de la CNTC, destacó que este problema es diferente a situaciones anteriores y que la movilización no resolvería el problema actual. En sus palabras: Cuando dijimos que había terrorismo, cuando dijimos que había una delincuencia desatada en la nación, esto es un problema distinto. Por último, Raúl Clavero, presidente de ChileTransporte, subrayó la importancia de garantizar el suministro del país sin interrupciones. Explicó que las empresas no pueden asumir solas el costo del aumento en los combustibles y necesitan trasladarlo al precio final. En sus palabras: El costo lo tienen que asumir las empresas y trasladarlo a precio. Como lo dije anteriormente y di como ejemplo, por cada 1.000 kilómetros el incremento representa $15 pesos por kilo. Fuente: Publimetro
