Expertos advierten que las renuncias forzadas siguen presentes en el mercado laboral chileno, a pesar de un contexto de 8,5% de desempleo y más de 490 mil despidos anuales. Aunque se presentan como voluntarias, pueden implicar presiones indebidas que vulneran derechos. La ley permite accionar mediante autodespido, con derecho a indemnización, y hasta un 90% de las sentencias favorecen a trabajadores. El principal problema sigue siendo el desconocimiento de estos derechos. En medio de un escenario laboral tensionado, comienza a instalarse con mayor fuerza una problemática que históricamente ha operado de forma silenciosa: las renuncias forzadas. Se trata de situaciones donde el trabajador firma su salida bajo presión, ya sea por hostigamiento, amenazas veladas o condiciones laborales insostenibles, configurando en la práctica un despido encubierto. Desde el punto de vista jurídico, esta figura se enmarca en el autodespido o despido indirecto, mecanismo que permite al trabajador poner término a la relación laboral cuando es el empleador quien incurre en incumplimientos graves. Esto habilita la posibilidad de demandar y acceder a indemnizaciones, incluso con recargos que pueden elevar el monto hasta en un 100% adicional. Las cifras refuerzan la relevancia del fenómeno. En Chile se registran más de 130 mil causas laborales al año, según datos del Poder Judicial de Chile, y entre un 85% y 90% de las sentencias favorecen a trabajadores, lo que evidencia un alto nivel de incumplimientos o malas prácticas en los procesos de desvinculación. “En el sector privado estas situaciones también ocurren, aunque muchas veces quedan invisibilizadas. Funcionarios que son presionados a renunciar, ya sea por cambios administrativos o conflictos internos, pueden accionar judicialmente si logran acreditar vulneraciones a sus derechos o incumplimientos graves por parte del empleador”, señala Pedro Peña, director y socio de El fenómeno adquiere mayor complejidad en un mercado donde la informalidad sigue siendo relevante. Actualmente, más de un 27 % de los ocupados presenta condiciones de informalidad, según el Instituto Nacional de Estadísticas, lo que amplía las zonas grises en materia de protección laboral. “En los vínculos a honorarios, muchas veces se normalizan dinámicas que en la práctica se asemejan a una relación laboral. Cuando además existen presiones para poner término anticipado al contrato, es fundamental analizar si corresponde una recalificación de la relación y evaluar acciones legales. No todo queda fuera del marco de protección”, explica Camila Cárdenas, directora del área de litigación y socia de En un contexto donde se registran más de 490 mil despidos anuales y un alto nivel de judicialización laboral, los expertos coinciden en que el principal problema sigue siendo el desconocimiento. Muchos trabajadores aceptan renunciar sin saber que podrían estar perdiendo derechos relevantes, incluyendo compensaciones económicas. Por ello, la recomendación es clara: antes de firmar una renuncia, evaluar el contexto y buscar asesoría legal. En un entorno donde la mayoría de las demandas laborales termina favoreciendo a trabajadores, conocer los derechos disponibles puede marcar la diferencia entre una salida injusta y una acción legal efectiva. Fuente: Publimetro
A partir de abril de 2026, entrará en vigor en Chile una nueva reducción de la jornada laboral, que disminuirá el máximo semanal de 44 a 42 horas como parte de la implementación gradual de la denominada Ley de 40 Horas. Sin embargo, este cambio no afectará automáticamente a todos los trabajadores: quienes prestan servicios a honorarios, en principio, quedan excluidos de esta disminución, lo que ha generado preocupación entre especialistas y asesores laborales. La normativa modifica el Código del Trabajo y, por lo tanto, se aplica formalmente solo a quienes tienen un contrato laboral. Esto deja fuera a miles de personas que emiten boletas de honorarios, a pesar de que muchas de ellas realizan funciones similares a las de un trabajador dependiente, con horarios fijos, supervisión directa y responsabilidades continuas. Según el último informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), al tercer trimestre de 2025 había 32.457 personas trabajando a honorarios en el Gobierno Central, lo que representa el 6,1% del total. Aunque el porcentaje puede parecer limitado, es un grupo significativo que podría enfrentar disputas legales si su relación contractual no refleja adecuadamente la realidad de sus funciones. El punto crucial radica en la existencia o no de subordinación y dependencia. Según explica Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario, emitir boletas no elimina automáticamente los derechos laborales. Si existe jefe, control de horario y obligaciones permanentes, podría configurarse una relación laboral, independientemente de lo que diga el contrato, advierte. En este contexto, la implementación de las 42 horas podría desencadenar denuncias y demandas. Un trabajador a honorarios que cumpla más horas pero bajo condiciones propias de un contrato laboral podría reclamar el reconocimiento formal de la relación y exigir derechos como feriados legales o cotizaciones previsionales. Donovan Riveros, abogado del área Legal, Laboral & Compliance BSO en BDO Chile, señala que la nueva etapa de la reforma podría aumentar las fiscalizaciones. La ley no regula directamente a los honorarios, pero su implementación puede abrir la puerta a cuestionamientos sobre la correcta clasificación de los trabajadores. Una mala definición podría derivar en multas o juicios laborales, afirma. Por su parte, Consuelo Letelier, vicepresidenta legal en Talana, coincide en que la reducción de jornada no cambia los criterios para determinar una relación laboral. Indicadores como recibir órdenes directas, usar herramientas corporativas o cumplir funciones permanentes pueden obligar a formalizar el vínculo. No hacerlo expone a pagos retroactivos y sanciones, destaca. La implementación continuará progresivamente hasta abril de 2028, cuando la jornada semanal llegue al límite definitivo de 40 horas. En este proceso, abogados y consultores coinciden en que la reforma implica no solo un ajuste horario sino también una revisión estructural en las formas de contratación. Para muchos trabajadores a honorarios, las 42 horas podrían ser una oportunidad para regularizar situaciones informales mientras que para los empleadores representa el desafío de anticiparse a posibles contingencias legales y ordenar sus relaciones laborales antes de enfrentar conflictos. Fuente: Publimetro
La última Encuesta Monitor Social, llevada a cabo por el Observatorio Social de la Universidad del Alba, ha revelado datos significativos sobre la percepción del trabajo y su importancia en la vida personal de los chilenos. A pesar de que el empleo sigue siendo altamente valorado, su significado está experimentando cambios, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Según el estudio, un 93,7% de los encuestados considera que el trabajo es importante o muy importante en su vida. Sin embargo, esta valoración disminuye notablemente entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde solo un 83,1% le otorga esa relevancia. Esta brecha se amplía al analizar otros grupos etarios. En el rango de edad de 30 a 44 años, un 93,4% ve el trabajo como relevante; mientras que entre las personas de 49 a 59 años, la cifra alcanza un 97,5%. En los mayores de 60 años, el porcentaje llega al 95%. Marcelo Estrella, director del Observatorio Social de la Universidad del Alba, comenta que “los datos muestran que el trabajo sigue ocupando un lugar central en la vida de las personas en Chile, pero no de manera homogénea. Existen diferencias claras entre generaciones respecto de su significado, sus expectativas y el rol que cumple como espacio de estabilidad y proyección personal”. En cuanto a las prioridades laborales, el estudio revela una clara preferencia por la seguridad. Un 66,5% de los chilenos prioriza un buen salario; un 61,7%, un buen ambiente laboral; y un 44,2%, la estabilidad. Estos aspectos superan ampliamente valores como la vocación o el sentido de pertenencia. Además, más del 60% de los encuestados percibe la automatización, la inteligencia artificial y la robotización como una amenaza real para el empleo tradicional. Desde el Observatorio Social advierten que estos resultados plantean un debate fundamental sobre políticas públicas, educación y cohesión social. “Cuando el trabajo deja de ser visto como una vía segura de integración y progreso, el país enfrenta un desafío estructural que va más allá del mercado laboral y afecta directamente al modelo de desarrollo”, destaca Estrella. A pesar del distanciamiento generacional mencionado anteriormente, los niveles de satisfacción laboral se mantienen altos: casi el 88% de las personas empleadas afirma estar satisfecha o muy satisfecha con su trabajo. Sin embargo, al consultarles sobre el temor a quedarse desempleados, un 59,5% respondió estar poco o nada preocupado, mientras que un 37,8% manifestó cierto grado de inquietud. Según el director del Observatorio Social de la Universidad del Alba, “esta convivencia entre una alta valoración simbólica del trabajo y dudas sobre su capacidad para garantizar estabilidad futura plantea desafíos importantes para las políticas públicas, la educación y el debate sobre el modelo de desarrollo”. Otro hallazgo relevante del informe se relaciona con la educación superior. Aunque tres cuartas partes de las personas consideran que tener un título universitario es crucial para lograr metas laborales, esta convicción se debilita entre los jóvenes y los sectores con menores ingresos. Asimismo, un 42,5% de los encuestados cree que actualmente es más fácil ganar dinero siendo influencer que trabajando o estudiando, lo que cuestiona la narrativa tradicional sobre mérito y movilidad social. “La promesa educativa se está desgastando de manera desigual. Para muchos jóvenes, el esfuerzo educativo ya no garantiza una trayectoria laboral clara y esto tiene efectos profundos no solo en lo económico sino también en lo social y cultural”, concluye Estrella. Fuente: Publimetro
Expertos advierten que las renuncias forzadas siguen presentes en el mercado laboral chileno, a pesar de un contexto de 8,5% de desempleo y más de 490 mil despidos anuales. Aunque se presentan como voluntarias, pueden implicar presiones indebidas que vulneran derechos. La ley permite accionar mediante autodespido, con derecho a indemnización, y hasta un 90% de las sentencias favorecen a trabajadores. El principal problema sigue siendo el desconocimiento de estos derechos. En medio de un escenario laboral tensionado, comienza a instalarse con mayor fuerza una problemática que históricamente ha operado de forma silenciosa: las renuncias forzadas. Se trata de situaciones donde el trabajador firma su salida bajo presión, ya sea por hostigamiento, amenazas veladas o condiciones laborales insostenibles, configurando en la práctica un despido encubierto. Desde el punto de vista jurídico, esta figura se enmarca en el autodespido o despido indirecto, mecanismo que permite al trabajador poner término a la relación laboral cuando es el empleador quien incurre en incumplimientos graves. Esto habilita la posibilidad de demandar y acceder a indemnizaciones, incluso con recargos que pueden elevar el monto hasta en un 100% adicional. Las cifras refuerzan la relevancia del fenómeno. En Chile se registran más de 130 mil causas laborales al año, según datos del Poder Judicial de Chile, y entre un 85% y 90% de las sentencias favorecen a trabajadores, lo que evidencia un alto nivel de incumplimientos o malas prácticas en los procesos de desvinculación. “En el sector privado estas situaciones también ocurren, aunque muchas veces quedan invisibilizadas. Funcionarios que son presionados a renunciar, ya sea por cambios administrativos o conflictos internos, pueden accionar judicialmente si logran acreditar vulneraciones a sus derechos o incumplimientos graves por parte del empleador”, señala Pedro Peña, director y socio de El fenómeno adquiere mayor complejidad en un mercado donde la informalidad sigue siendo relevante. Actualmente, más de un 27 % de los ocupados presenta condiciones de informalidad, según el Instituto Nacional de Estadísticas, lo que amplía las zonas grises en materia de protección laboral. “En los vínculos a honorarios, muchas veces se normalizan dinámicas que en la práctica se asemejan a una relación laboral. Cuando además existen presiones para poner término anticipado al contrato, es fundamental analizar si corresponde una recalificación de la relación y evaluar acciones legales. No todo queda fuera del marco de protección”, explica Camila Cárdenas, directora del área de litigación y socia de En un contexto donde se registran más de 490 mil despidos anuales y un alto nivel de judicialización laboral, los expertos coinciden en que el principal problema sigue siendo el desconocimiento. Muchos trabajadores aceptan renunciar sin saber que podrían estar perdiendo derechos relevantes, incluyendo compensaciones económicas. Por ello, la recomendación es clara: antes de firmar una renuncia, evaluar el contexto y buscar asesoría legal. En un entorno donde la mayoría de las demandas laborales termina favoreciendo a trabajadores, conocer los derechos disponibles puede marcar la diferencia entre una salida injusta y una acción legal efectiva. Fuente: Publimetro
A partir de abril de 2026, entrará en vigor en Chile una nueva reducción de la jornada laboral, que disminuirá el máximo semanal de 44 a 42 horas como parte de la implementación gradual de la denominada Ley de 40 Horas. Sin embargo, este cambio no afectará automáticamente a todos los trabajadores: quienes prestan servicios a honorarios, en principio, quedan excluidos de esta disminución, lo que ha generado preocupación entre especialistas y asesores laborales. La normativa modifica el Código del Trabajo y, por lo tanto, se aplica formalmente solo a quienes tienen un contrato laboral. Esto deja fuera a miles de personas que emiten boletas de honorarios, a pesar de que muchas de ellas realizan funciones similares a las de un trabajador dependiente, con horarios fijos, supervisión directa y responsabilidades continuas. Según el último informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), al tercer trimestre de 2025 había 32.457 personas trabajando a honorarios en el Gobierno Central, lo que representa el 6,1% del total. Aunque el porcentaje puede parecer limitado, es un grupo significativo que podría enfrentar disputas legales si su relación contractual no refleja adecuadamente la realidad de sus funciones. El punto crucial radica en la existencia o no de subordinación y dependencia. Según explica Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario, emitir boletas no elimina automáticamente los derechos laborales. Si existe jefe, control de horario y obligaciones permanentes, podría configurarse una relación laboral, independientemente de lo que diga el contrato, advierte. En este contexto, la implementación de las 42 horas podría desencadenar denuncias y demandas. Un trabajador a honorarios que cumpla más horas pero bajo condiciones propias de un contrato laboral podría reclamar el reconocimiento formal de la relación y exigir derechos como feriados legales o cotizaciones previsionales. Donovan Riveros, abogado del área Legal, Laboral & Compliance BSO en BDO Chile, señala que la nueva etapa de la reforma podría aumentar las fiscalizaciones. La ley no regula directamente a los honorarios, pero su implementación puede abrir la puerta a cuestionamientos sobre la correcta clasificación de los trabajadores. Una mala definición podría derivar en multas o juicios laborales, afirma. Por su parte, Consuelo Letelier, vicepresidenta legal en Talana, coincide en que la reducción de jornada no cambia los criterios para determinar una relación laboral. Indicadores como recibir órdenes directas, usar herramientas corporativas o cumplir funciones permanentes pueden obligar a formalizar el vínculo. No hacerlo expone a pagos retroactivos y sanciones, destaca. La implementación continuará progresivamente hasta abril de 2028, cuando la jornada semanal llegue al límite definitivo de 40 horas. En este proceso, abogados y consultores coinciden en que la reforma implica no solo un ajuste horario sino también una revisión estructural en las formas de contratación. Para muchos trabajadores a honorarios, las 42 horas podrían ser una oportunidad para regularizar situaciones informales mientras que para los empleadores representa el desafío de anticiparse a posibles contingencias legales y ordenar sus relaciones laborales antes de enfrentar conflictos. Fuente: Publimetro
La última Encuesta Monitor Social, llevada a cabo por el Observatorio Social de la Universidad del Alba, ha revelado datos significativos sobre la percepción del trabajo y su importancia en la vida personal de los chilenos. A pesar de que el empleo sigue siendo altamente valorado, su significado está experimentando cambios, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Según el estudio, un 93,7% de los encuestados considera que el trabajo es importante o muy importante en su vida. Sin embargo, esta valoración disminuye notablemente entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde solo un 83,1% le otorga esa relevancia. Esta brecha se amplía al analizar otros grupos etarios. En el rango de edad de 30 a 44 años, un 93,4% ve el trabajo como relevante; mientras que entre las personas de 49 a 59 años, la cifra alcanza un 97,5%. En los mayores de 60 años, el porcentaje llega al 95%. Marcelo Estrella, director del Observatorio Social de la Universidad del Alba, comenta que “los datos muestran que el trabajo sigue ocupando un lugar central en la vida de las personas en Chile, pero no de manera homogénea. Existen diferencias claras entre generaciones respecto de su significado, sus expectativas y el rol que cumple como espacio de estabilidad y proyección personal”. En cuanto a las prioridades laborales, el estudio revela una clara preferencia por la seguridad. Un 66,5% de los chilenos prioriza un buen salario; un 61,7%, un buen ambiente laboral; y un 44,2%, la estabilidad. Estos aspectos superan ampliamente valores como la vocación o el sentido de pertenencia. Además, más del 60% de los encuestados percibe la automatización, la inteligencia artificial y la robotización como una amenaza real para el empleo tradicional. Desde el Observatorio Social advierten que estos resultados plantean un debate fundamental sobre políticas públicas, educación y cohesión social. “Cuando el trabajo deja de ser visto como una vía segura de integración y progreso, el país enfrenta un desafío estructural que va más allá del mercado laboral y afecta directamente al modelo de desarrollo”, destaca Estrella. A pesar del distanciamiento generacional mencionado anteriormente, los niveles de satisfacción laboral se mantienen altos: casi el 88% de las personas empleadas afirma estar satisfecha o muy satisfecha con su trabajo. Sin embargo, al consultarles sobre el temor a quedarse desempleados, un 59,5% respondió estar poco o nada preocupado, mientras que un 37,8% manifestó cierto grado de inquietud. Según el director del Observatorio Social de la Universidad del Alba, “esta convivencia entre una alta valoración simbólica del trabajo y dudas sobre su capacidad para garantizar estabilidad futura plantea desafíos importantes para las políticas públicas, la educación y el debate sobre el modelo de desarrollo”. Otro hallazgo relevante del informe se relaciona con la educación superior. Aunque tres cuartas partes de las personas consideran que tener un título universitario es crucial para lograr metas laborales, esta convicción se debilita entre los jóvenes y los sectores con menores ingresos. Asimismo, un 42,5% de los encuestados cree que actualmente es más fácil ganar dinero siendo influencer que trabajando o estudiando, lo que cuestiona la narrativa tradicional sobre mérito y movilidad social. “La promesa educativa se está desgastando de manera desigual. Para muchos jóvenes, el esfuerzo educativo ya no garantiza una trayectoria laboral clara y esto tiene efectos profundos no solo en lo económico sino también en lo social y cultural”, concluye Estrella. Fuente: Publimetro
