En el día de hoy, lunes 12 de enero, a partir de las 7:00 horas, se puso en marcha la operación para llevar a cabo el desalojo de la megatoma del cerro Centinela, ubicada en la región de Valparaíso. Este proceso marca el inicio de la ejecución de una orden judicial que tiene como objetivo liberar los terrenos ocupados de forma ilegal. La primera fase de esta operación dio inicio en la comuna de Cartagena, específicamente en la Plaza de los Corazones, lugar estratégico donde se estableció el centro de operaciones con la presencia de la Delegación Presidencial Regional, Carabineros y otros organismos públicos. El despliegue contempla el uso de maquinaria pesada, vigilancia aérea con drones y la instalación de cercas para supervisar el avance, en un plan gradual que podría extenderse por un lapso aproximado de tres a cuatro días. En esta fase inicial se prevé la reubicación y salida de alrededor de 2.300 familias que residen en terrenos que no serán adquiridos por el Estado, al mismo tiempo que se han habilitado refugios temporales para aquellos que necesiten asistencia. Durante la mañana, se han reportado barricadas y situaciones tensas en ciertas zonas del cerro, aunque hasta el momento no se ha observado presencia policial en la cima del asentamiento ilegal. Fuente: Publimetro
El Gobierno ha anunciado su decisión de impulsar un proyecto habitacional que, en cumplimiento de una resolución judicial, buscará ser una solución definitiva para las familias del campamento Cerro Centinela en San Antonio. Este proyecto implica el desalojo de 10 mil personas. Conformado en 2019, el campamento Cerro Centinela abarca 215 hectáreas en la comuna de San Antonio y está compuesto por 4.136 hogares ocupados por 10.521 familias, incluyendo más de 3 mil niños, niñas y adolescentes. En junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el desalojo del predio, sentencia confirmada por la Corte Suprema en marzo de 2024. En relación a esto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, mencionó: “Desde un principio, el Gobierno fue explícito respecto de la voluntad de adquirir este terreno para desarrollar un plan habitacional y se estableció una mesa de diálogo y negociación con los pobladores y los dueños con el objeto de arribar a un acuerdo.” Por otro lado, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, describió la megatoma de San Antonio como “una toma totalmente excepcional”. Mientras que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, enfatizó que “la toma de San Antonio no es una toma cualquiera” debido a su magnitud y complejidad. Montes también explicó que “el Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad. Las familias ya tienen una parte de este ahorro acumulado. Usaremos todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho para materializar esta solución”. La solución propuesta surge después de no llegar a un acuerdo con los propietarios del predio tras un proceso de diálogo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el municipio de San Antonio. La oferta del Estado fue rechazada por los dueños quienes solicitaron el doble del valor. Además, las familias del campamento se organizaron en cooperativas cerradas de vivienda para buscar una alternativa al desalojo. Estas cooperativas formaron una Federación para facilitar su gestión y obtener acuerdos. Fuente: Publimetro
El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) ha solicitado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) la aprobación de un decreto para autorizar la expropiación de aproximadamente 100 hectáreas de terreno donde se encuentra la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso. Esta medida tiene como objetivo encontrar una solución definitiva para el sector, que se ve afectado por asentamientos irregulares y conflictos relacionados con el uso del suelo. La solicitud se realiza en un momento en el que se han llevado a cabo gestiones previas para habilitar un segundo albergue, iniciativa promovida por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso. Estas negociaciones estaban en curso hasta hace unos días, ya que se acerca el plazo establecido por la Corte de Apelaciones para tomar medidas con respecto al lugar en cuestión. Según informa Radio Biobío, el jueves 4 de diciembre es la fecha límite establecida por la Corte de Apelaciones para que las entidades estatales y la Municipalidad de San Antonio cedan los espacios destinados al desalojo de la megatoma en esa comuna. El terreno total abarca unas 215 hectáreas, de las cuales cerca de 100 podrían ser objeto de expropiación por parte del Gobierno en el marco del proceso liderado por el Serviu y el Minvu. En relación a una posible compra directa, los propietarios habían solicitado un valor de 0,44 UF por metro cuadrado. Sin embargo, el Ejecutivo propone un pago de 0,23 UF por metro cuadrado, lo que genera una discrepancia significativa en las negociaciones. En caso de llevarse a cabo la expropiación, alrededor de 3.700 familias —agrupadas en 40 cooperativas— se verían beneficiadas. No obstante, unas 400 familias quedarían excluidas de un eventual acuerdo. Fuente: Publimetro
En el día de hoy, lunes 12 de enero, a partir de las 7:00 horas, se puso en marcha la operación para llevar a cabo el desalojo de la megatoma del cerro Centinela, ubicada en la región de Valparaíso. Este proceso marca el inicio de la ejecución de una orden judicial que tiene como objetivo liberar los terrenos ocupados de forma ilegal. La primera fase de esta operación dio inicio en la comuna de Cartagena, específicamente en la Plaza de los Corazones, lugar estratégico donde se estableció el centro de operaciones con la presencia de la Delegación Presidencial Regional, Carabineros y otros organismos públicos. El despliegue contempla el uso de maquinaria pesada, vigilancia aérea con drones y la instalación de cercas para supervisar el avance, en un plan gradual que podría extenderse por un lapso aproximado de tres a cuatro días. En esta fase inicial se prevé la reubicación y salida de alrededor de 2.300 familias que residen en terrenos que no serán adquiridos por el Estado, al mismo tiempo que se han habilitado refugios temporales para aquellos que necesiten asistencia. Durante la mañana, se han reportado barricadas y situaciones tensas en ciertas zonas del cerro, aunque hasta el momento no se ha observado presencia policial en la cima del asentamiento ilegal. Fuente: Publimetro
El Gobierno ha anunciado su decisión de impulsar un proyecto habitacional que, en cumplimiento de una resolución judicial, buscará ser una solución definitiva para las familias del campamento Cerro Centinela en San Antonio. Este proyecto implica el desalojo de 10 mil personas. Conformado en 2019, el campamento Cerro Centinela abarca 215 hectáreas en la comuna de San Antonio y está compuesto por 4.136 hogares ocupados por 10.521 familias, incluyendo más de 3 mil niños, niñas y adolescentes. En junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el desalojo del predio, sentencia confirmada por la Corte Suprema en marzo de 2024. En relación a esto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, mencionó: “Desde un principio, el Gobierno fue explícito respecto de la voluntad de adquirir este terreno para desarrollar un plan habitacional y se estableció una mesa de diálogo y negociación con los pobladores y los dueños con el objeto de arribar a un acuerdo.” Por otro lado, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, describió la megatoma de San Antonio como “una toma totalmente excepcional”. Mientras que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, enfatizó que “la toma de San Antonio no es una toma cualquiera” debido a su magnitud y complejidad. Montes también explicó que “el Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad. Las familias ya tienen una parte de este ahorro acumulado. Usaremos todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho para materializar esta solución”. La solución propuesta surge después de no llegar a un acuerdo con los propietarios del predio tras un proceso de diálogo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el municipio de San Antonio. La oferta del Estado fue rechazada por los dueños quienes solicitaron el doble del valor. Además, las familias del campamento se organizaron en cooperativas cerradas de vivienda para buscar una alternativa al desalojo. Estas cooperativas formaron una Federación para facilitar su gestión y obtener acuerdos. Fuente: Publimetro
El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) ha solicitado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) la aprobación de un decreto para autorizar la expropiación de aproximadamente 100 hectáreas de terreno donde se encuentra la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso. Esta medida tiene como objetivo encontrar una solución definitiva para el sector, que se ve afectado por asentamientos irregulares y conflictos relacionados con el uso del suelo. La solicitud se realiza en un momento en el que se han llevado a cabo gestiones previas para habilitar un segundo albergue, iniciativa promovida por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso. Estas negociaciones estaban en curso hasta hace unos días, ya que se acerca el plazo establecido por la Corte de Apelaciones para tomar medidas con respecto al lugar en cuestión. Según informa Radio Biobío, el jueves 4 de diciembre es la fecha límite establecida por la Corte de Apelaciones para que las entidades estatales y la Municipalidad de San Antonio cedan los espacios destinados al desalojo de la megatoma en esa comuna. El terreno total abarca unas 215 hectáreas, de las cuales cerca de 100 podrían ser objeto de expropiación por parte del Gobierno en el marco del proceso liderado por el Serviu y el Minvu. En relación a una posible compra directa, los propietarios habían solicitado un valor de 0,44 UF por metro cuadrado. Sin embargo, el Ejecutivo propone un pago de 0,23 UF por metro cuadrado, lo que genera una discrepancia significativa en las negociaciones. En caso de llevarse a cabo la expropiación, alrededor de 3.700 familias —agrupadas en 40 cooperativas— se verían beneficiadas. No obstante, unas 400 familias quedarían excluidas de un eventual acuerdo. Fuente: Publimetro
