El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha salido al paso de las críticas formuladas por el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz,, quien acusó presuntos errores en la proyección de la deuda pública presentada en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) del gobierno de Gabriel Boric. La controversia surgió luego de que Quiroz afirmara que había inconsistencias en los cálculos fiscales del período 2026-2030, señalando una presunta subestimación de la deuda pública por cerca de US$10.500 millones. Ante estas críticas, Grau defendió la labor realizada durante su gestión y refutó la existencia de errores metodológicos en las proyecciones. “No tiene errores de cálculo”, afirmó el exsecretario de Estado en su cuenta de “X”. Asimismo, aseguró que las discrepancias expuestas por el nuevo gobierno se deben a cambios en criterios y supuestos económicos utilizados para las estimaciones futuras. El exministro también recordó que durante la administración anterior se logró estabilizar el crecimiento de la deuda pública, resaltando que el indicador alcanzó un 41,7% del PIB. “Por primera vez desde el 2007-2008 que la deuda pública se frena”, había expresado Grau meses atrás en una entrevista con T13 Radio. Desde el Ejecutivo, Jorge Quiroz insistió en que el nuevo informe fiscal reveló diferencias significativas entre el aumento de los déficits proyectados y el nivel de deuda informado previamente. “Quedan debiendo 9 billones de pesos”, declaró el ministro, añadiendo que se ha ordenado una investigación administrativa para esclarecer cómo se produjo la discrepancia. Fuente: Publimetro
El Gobierno y los gremios que integran la Mesa del Sector Público (MSP) han llegado a un acuerdo para el reajuste salarial de los empleados públicos correspondiente al año 2026. Este entendimiento establece un incremento general del 3,4%, junto con un reajuste del 5% para las remuneraciones mínimas y la entrega de bonos dirigidos a trabajadores de menores ingresos, según informó el Ministerio de Hacienda. El acuerdo fue cerrado durante la madrugada de este miércoles y será formalizado a través de un proyecto de ley que el Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días. La iniciativa deberá ser tramitada por ambas cámaras para su aprobación y posterior entrada en vigencia. Desde el Gobierno, las autoridades han destacado que el pacto considera tanto el reajuste de sueldos como un conjunto de medidas complementarias orientadas a fortalecer las condiciones laborales y otorgar mayor certeza en el empleo público. De acuerdo con la información oficial, el reajuste del 3,4% tendrá carácter general y será aplicado de manera gradual. En el caso de los salarios más bajos dentro del sector público, el acuerdo contempla un incremento del 5%, junto con bonos específicos para quienes perciben menores ingresos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que el acuerdo va más allá del aspecto remuneracional. “Hemos logrado un buen acuerdo que, además del reajuste, pone en el centro la dignidad de la función pública”, afirmó. Por su parte, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, indicó que el entendimiento busca equilibrar las demandas económicas de los trabajadores del Estado con la necesidad de resguardar un empleo público de calidad y el pleno ejercicio de los derechos sindicales. El Ejecutivo ha subrayado que este es el cuarto año consecutivo en que se alcanza un acuerdo con la Mesa del Sector Público, lo que permite dar continuidad al funcionamiento de los servicios del Estado sin conflictos laborales de gran escala. Desde el mundo sindical, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha valorado el acuerdo, aunque reconoció que las expectativas iniciales eran mayores. Su presidente, José Manuel Díaz, señaló que, considerando el contexto económico actual, el entendimiento “satisface a la mayoría” de las organizaciones que integran la Mesa. En la misma línea, la coordinadora de la MSP, Laura San Martín, ha destacado que el acuerdo incluye principios relacionados con estabilidad laboral, libertad sindical y trabajo decente. Añadió que uno de los puntos abordados es el fortalecimiento de las condiciones laborales de los trabajadores a honorarios, con participación de los gremios, con el objetivo de resguardar mejor sus derechos. Fuente: Publimetro
El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha salido al paso de las críticas formuladas por el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz,, quien acusó presuntos errores en la proyección de la deuda pública presentada en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) del gobierno de Gabriel Boric. La controversia surgió luego de que Quiroz afirmara que había inconsistencias en los cálculos fiscales del período 2026-2030, señalando una presunta subestimación de la deuda pública por cerca de US$10.500 millones. Ante estas críticas, Grau defendió la labor realizada durante su gestión y refutó la existencia de errores metodológicos en las proyecciones. “No tiene errores de cálculo”, afirmó el exsecretario de Estado en su cuenta de “X”. Asimismo, aseguró que las discrepancias expuestas por el nuevo gobierno se deben a cambios en criterios y supuestos económicos utilizados para las estimaciones futuras. El exministro también recordó que durante la administración anterior se logró estabilizar el crecimiento de la deuda pública, resaltando que el indicador alcanzó un 41,7% del PIB. “Por primera vez desde el 2007-2008 que la deuda pública se frena”, había expresado Grau meses atrás en una entrevista con T13 Radio. Desde el Ejecutivo, Jorge Quiroz insistió en que el nuevo informe fiscal reveló diferencias significativas entre el aumento de los déficits proyectados y el nivel de deuda informado previamente. “Quedan debiendo 9 billones de pesos”, declaró el ministro, añadiendo que se ha ordenado una investigación administrativa para esclarecer cómo se produjo la discrepancia. Fuente: Publimetro
El Gobierno y los gremios que integran la Mesa del Sector Público (MSP) han llegado a un acuerdo para el reajuste salarial de los empleados públicos correspondiente al año 2026. Este entendimiento establece un incremento general del 3,4%, junto con un reajuste del 5% para las remuneraciones mínimas y la entrega de bonos dirigidos a trabajadores de menores ingresos, según informó el Ministerio de Hacienda. El acuerdo fue cerrado durante la madrugada de este miércoles y será formalizado a través de un proyecto de ley que el Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días. La iniciativa deberá ser tramitada por ambas cámaras para su aprobación y posterior entrada en vigencia. Desde el Gobierno, las autoridades han destacado que el pacto considera tanto el reajuste de sueldos como un conjunto de medidas complementarias orientadas a fortalecer las condiciones laborales y otorgar mayor certeza en el empleo público. De acuerdo con la información oficial, el reajuste del 3,4% tendrá carácter general y será aplicado de manera gradual. En el caso de los salarios más bajos dentro del sector público, el acuerdo contempla un incremento del 5%, junto con bonos específicos para quienes perciben menores ingresos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que el acuerdo va más allá del aspecto remuneracional. “Hemos logrado un buen acuerdo que, además del reajuste, pone en el centro la dignidad de la función pública”, afirmó. Por su parte, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, indicó que el entendimiento busca equilibrar las demandas económicas de los trabajadores del Estado con la necesidad de resguardar un empleo público de calidad y el pleno ejercicio de los derechos sindicales. El Ejecutivo ha subrayado que este es el cuarto año consecutivo en que se alcanza un acuerdo con la Mesa del Sector Público, lo que permite dar continuidad al funcionamiento de los servicios del Estado sin conflictos laborales de gran escala. Desde el mundo sindical, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha valorado el acuerdo, aunque reconoció que las expectativas iniciales eran mayores. Su presidente, José Manuel Díaz, señaló que, considerando el contexto económico actual, el entendimiento “satisface a la mayoría” de las organizaciones que integran la Mesa. En la misma línea, la coordinadora de la MSP, Laura San Martín, ha destacado que el acuerdo incluye principios relacionados con estabilidad laboral, libertad sindical y trabajo decente. Añadió que uno de los puntos abordados es el fortalecimiento de las condiciones laborales de los trabajadores a honorarios, con participación de los gremios, con el objetivo de resguardar mejor sus derechos. Fuente: Publimetro
