La Ley de Escuelas Protegidas ha entrado en vigor después de su publicación en el Diario Oficial, marcando un cambio significativo en las facultades de los establecimientos educativos para abordar situaciones de violencia y fortalecer la seguridad dentro de las comunidades escolares. Una de las medidas que generó más debate durante el proceso legislativo es la posibilidad de que las escuelas incluyan en sus reglamentos internos procedimientos para revisar mochilas, bolsos y otras pertenencias de los estudiantes, con el fin de evitar la entrada de armas u otros elementos que puedan poner en peligro a la comunidad educativa. Sin embargo, dicha revisión deberá llevarse a cabo siguiendo protocolos y respetando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La normativa también permite a los establecimientos prohibir el uso de prendas o accesorios que oculten el rostro, como parte de las medidas destinadas a prevenir actos violentos dentro de los recintos educativos. Además de la revisión de mochilas, la nueva ley refuerza las herramientas disponibles para los equipos directivos y docentes a fin de abordar conflictos relacionados con la convivencia escolar y responder con mayor celeridad ante situaciones que afecten la seguridad. La ministra de Educación, María Paz Arzola, destacó que la ley proporciona un marco legal que permitirá a los establecimientos actuar con mayor certeza frente a episodios violentos. “Esta ley brinda nuevas herramientas para que los centros educativos puedan abordar conflictos propios de la convivencia escolar, pero también prevenir actos violentos e incluso delictivos”, afirmó la secretaria de Estado durante la ceremonia de promulgación de la norma. A pesar de que la ley ya está en vigor, su implementación no será uniforme en todos los colegios. Las nuevas facultades deberán ser incorporadas en los reglamentos internos de cada establecimiento y ajustarse a las directrices que emitirá la Superintendencia de Educación, entidad encargada de definir cómo aplicar estas medidas respetando la normativa vigente. Fuente: Publimetro
La comisión de Educación de la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley conocido como “Escuelas Protegidas”, una iniciativa impulsada por el Gobierno para abordar la violencia en los centros educativos, el cual ahora pasará a ser votado en la Sala. Dentro de las medidas contempladas en el proyecto se encuentra la posibilidad de llevar a cabo revisiones en mochilas y otros efectos personales de los estudiantes, siempre siguiendo protocolos establecidos por cada institución educativa. Uno de los aspectos que ha generado debate es qué sucede cuando un estudiante se niega a someterse a este procedimiento. Según lo dispuesto en la propuesta, la revisión no puede ser obligatoria, permitiendo al estudiante rechazarla si así lo desea. En tales situaciones, el protocolo indica que se debe contactar al apoderado para que esté presente durante el proceso. En caso de persistir la negativa o no poder determinar la presencia de elementos sospechosos, la institución puede recurrir a las fuerzas policiales para intervenir. Desde el Ejecutivo se ha destacado que esta medida busca equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos de los estudiantes, evitando cualquier tipo de revisión invasiva por parte del personal educativo. Además, se establece que eventuales revisiones de vestimenta solo pueden ser realizadas por las fuerzas policiales y en situaciones debidamente justificadas, no por personal escolar. Esta propuesta surge en un contexto de aumento de incidentes violentos en las escuelas del país, lo que ha llevado al Gobierno a implementar medidas rápidas para proteger a los estudiantes, profesores y personal administrativo. Ahora, el proyecto deberá ser debatido y votado en la Sala, donde se decidirá si avanza en su proceso legislativo. Fuente: Publimetro
La Ley de Escuelas Protegidas ha entrado en vigor después de su publicación en el Diario Oficial, marcando un cambio significativo en las facultades de los establecimientos educativos para abordar situaciones de violencia y fortalecer la seguridad dentro de las comunidades escolares. Una de las medidas que generó más debate durante el proceso legislativo es la posibilidad de que las escuelas incluyan en sus reglamentos internos procedimientos para revisar mochilas, bolsos y otras pertenencias de los estudiantes, con el fin de evitar la entrada de armas u otros elementos que puedan poner en peligro a la comunidad educativa. Sin embargo, dicha revisión deberá llevarse a cabo siguiendo protocolos y respetando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La normativa también permite a los establecimientos prohibir el uso de prendas o accesorios que oculten el rostro, como parte de las medidas destinadas a prevenir actos violentos dentro de los recintos educativos. Además de la revisión de mochilas, la nueva ley refuerza las herramientas disponibles para los equipos directivos y docentes a fin de abordar conflictos relacionados con la convivencia escolar y responder con mayor celeridad ante situaciones que afecten la seguridad. La ministra de Educación, María Paz Arzola, destacó que la ley proporciona un marco legal que permitirá a los establecimientos actuar con mayor certeza frente a episodios violentos. “Esta ley brinda nuevas herramientas para que los centros educativos puedan abordar conflictos propios de la convivencia escolar, pero también prevenir actos violentos e incluso delictivos”, afirmó la secretaria de Estado durante la ceremonia de promulgación de la norma. A pesar de que la ley ya está en vigor, su implementación no será uniforme en todos los colegios. Las nuevas facultades deberán ser incorporadas en los reglamentos internos de cada establecimiento y ajustarse a las directrices que emitirá la Superintendencia de Educación, entidad encargada de definir cómo aplicar estas medidas respetando la normativa vigente. Fuente: Publimetro
La comisión de Educación de la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley conocido como “Escuelas Protegidas”, una iniciativa impulsada por el Gobierno para abordar la violencia en los centros educativos, el cual ahora pasará a ser votado en la Sala. Dentro de las medidas contempladas en el proyecto se encuentra la posibilidad de llevar a cabo revisiones en mochilas y otros efectos personales de los estudiantes, siempre siguiendo protocolos establecidos por cada institución educativa. Uno de los aspectos que ha generado debate es qué sucede cuando un estudiante se niega a someterse a este procedimiento. Según lo dispuesto en la propuesta, la revisión no puede ser obligatoria, permitiendo al estudiante rechazarla si así lo desea. En tales situaciones, el protocolo indica que se debe contactar al apoderado para que esté presente durante el proceso. En caso de persistir la negativa o no poder determinar la presencia de elementos sospechosos, la institución puede recurrir a las fuerzas policiales para intervenir. Desde el Ejecutivo se ha destacado que esta medida busca equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos de los estudiantes, evitando cualquier tipo de revisión invasiva por parte del personal educativo. Además, se establece que eventuales revisiones de vestimenta solo pueden ser realizadas por las fuerzas policiales y en situaciones debidamente justificadas, no por personal escolar. Esta propuesta surge en un contexto de aumento de incidentes violentos en las escuelas del país, lo que ha llevado al Gobierno a implementar medidas rápidas para proteger a los estudiantes, profesores y personal administrativo. Ahora, el proyecto deberá ser debatido y votado en la Sala, donde se decidirá si avanza en su proceso legislativo. Fuente: Publimetro
