El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) respondió a las inquietudes surgidas tras la presentación de un requerimiento por parte de diputados de Renovación Nacional ante la Contraloría General de la República, solicitando revisar la legalidad de la orden de expropiación de una parte de los terrenos del mega asentamiento Cerro Centinela, ubicado en San Antonio, Región de Valparaíso. LEE MÁS: Gobierno anuncia proyecto habitacional para dar solución definitiva al campamento de San Antonio En este sentido, el Minvu reafirmó su “total respeto por la institucionalidad”, destacando que la facultad de expropiar está respaldada por la Constitución, específicamente en el artículo 19 N° 24, el cual autoriza este tipo de medidas siempre y cuando tengan un fin público y estén respaldadas legalmente. Asimismo, recordó que el proceso debe ajustarse al Decreto Ley 2.186 de 1978, que regula las expropiaciones y garantiza el pago de una indemnización en efectivo. Respecto a la competencia del Minvu, se enfatizó que la Ley 16.391 y varios decretos posteriores asignan a la institución —junto con los Serviu— la responsabilidad de ejecutar políticas habitacionales, incluyendo la adquisición, subdivisión y urbanización de terrenos, así como la radicación o erradicación de campamentos. En este sentido, el artículo 51 de dicha ley otorga explícitamente a los Serviu la facultad para expropiar terrenos con el fin de implementar programas habitacionales aprobados por decreto. El caso del Cerro Centinela, donde más de 11 mil personas están registradas en el catastro del Minvu 2024, se describió como una situación de “urgente necesidad habitacional”. Se hizo hincapié en que la expropiación no busca obstaculizar el cumplimiento de la sentencia judicial que ordena el desalojo, sino que responde a la obligación del Estado de brindar soluciones habitacionales y urbanas en un contexto excepcional debido a la magnitud del asentamiento. “El fallo debe cumplirse, pero ello no anula la utilidad pública ni la facultad expropiatoria del Serviu”, señalaron desde el Ministerio. En este contexto, el Gobierno ya presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el plan para el desalojo y anunció que se llevará a cabo una expropiación parcial del terreno. Además, se recordó que tanto los propietarios como los Serviu podrán hacer uso de los recursos legales durante el proceso y que una comisión de expertos determinará una indemnización provisional. En caso de considerarse una afectación patrimonial, los dueños tendrán derecho a recurrir a los tribunales correspondientes. Por último, desde el Minvu se hizo un llamado a evitar “la polarización y escalada del conflicto”, asegurando que se trabajará en todas las instancias necesarias para fundamentar técnicamente y jurídicamente la medida. El objetivo es cumplir con el fallo judicial y avanzar hacia una solución “equilibrada y acorde a la legalidad” para abordar un problema descrito como “complejo y multidimensional”. Fuente: Publimetro
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) reiteró el origen de los recursos destinados a la expropiación de una parte del terreno de la megatoma de Cerro Centinela, en la comuna de San Antonio. LEE MÁS: Gobierno anuncia proyecto habitacional para dar solución definitiva al campamento de San Antonio El Encargado Nacional del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu, Andrés Palma, enfatizó que la decisión se basa en una gestión presupuestaria responsable para evitar la pérdida de recursos públicos, tal como lo establece la normativa. “Tenemos proyectos que no se realizan, pero que se postergan para el próximo año, porque hay un trámite que no alcanza a terminarse. Destinamos los fondos al Proyecto Centinela, donde sí se van a ejecutar este año y se van a destinar a asentamientos precarios,” sostiene Palma. Al constatar que iniciativas en diversas regiones no culminarían sus trámites y ejecución antes del 31 de diciembre, en lugar de devolver los recursos al Tesoro Público, se optó por reasignarlos a algún proyecto del mismo programa (asentamientos precarios), en este caso, el Cerro Centinela en San Antonio, para dar una solución habitacional y humanitaria a más de 4.000 familias que se encuentran en una situación de emergencia habitacional. Desde el Minvu fueron enfáticos en aclarar que los proyectos con trámites pendientes, de donde provienen los fondos reasignados, mantienen su prioridad y sus recursos para su ejecución el año próximo. “En este caso, para las compras de terreno, si se cumplen todos los trámites el próximo año, están los recursos disponibles para hacer esas compras en el próximo año,” sostuvo Andrés Palma. Respecto a la posibilidad de haber destinado estos fondos a otras áreas, Andrés Palma fue categórico en señalar que “el presupuesto del Programa de Asentamientos Precarios solo puede ser utilizado en los 1.432 campamentos catastrados y reconocidos por la ley, uno de los cuales es el Cerro Centinela en San Antonio”. Desde la cartera de Vivienda y Urbanismo enfatizaron que la decisión de la expropiación no solo resguarda el presupuesto y lo mantiene en el ministerio, sino que ofrece una respuesta concreta y humanitaria a una emergencia habitacional de gran envergadura. Fuente: Publimetro
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) respondió a las inquietudes surgidas tras la presentación de un requerimiento por parte de diputados de Renovación Nacional ante la Contraloría General de la República, solicitando revisar la legalidad de la orden de expropiación de una parte de los terrenos del mega asentamiento Cerro Centinela, ubicado en San Antonio, Región de Valparaíso. LEE MÁS: Gobierno anuncia proyecto habitacional para dar solución definitiva al campamento de San Antonio En este sentido, el Minvu reafirmó su “total respeto por la institucionalidad”, destacando que la facultad de expropiar está respaldada por la Constitución, específicamente en el artículo 19 N° 24, el cual autoriza este tipo de medidas siempre y cuando tengan un fin público y estén respaldadas legalmente. Asimismo, recordó que el proceso debe ajustarse al Decreto Ley 2.186 de 1978, que regula las expropiaciones y garantiza el pago de una indemnización en efectivo. Respecto a la competencia del Minvu, se enfatizó que la Ley 16.391 y varios decretos posteriores asignan a la institución —junto con los Serviu— la responsabilidad de ejecutar políticas habitacionales, incluyendo la adquisición, subdivisión y urbanización de terrenos, así como la radicación o erradicación de campamentos. En este sentido, el artículo 51 de dicha ley otorga explícitamente a los Serviu la facultad para expropiar terrenos con el fin de implementar programas habitacionales aprobados por decreto. El caso del Cerro Centinela, donde más de 11 mil personas están registradas en el catastro del Minvu 2024, se describió como una situación de “urgente necesidad habitacional”. Se hizo hincapié en que la expropiación no busca obstaculizar el cumplimiento de la sentencia judicial que ordena el desalojo, sino que responde a la obligación del Estado de brindar soluciones habitacionales y urbanas en un contexto excepcional debido a la magnitud del asentamiento. “El fallo debe cumplirse, pero ello no anula la utilidad pública ni la facultad expropiatoria del Serviu”, señalaron desde el Ministerio. En este contexto, el Gobierno ya presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el plan para el desalojo y anunció que se llevará a cabo una expropiación parcial del terreno. Además, se recordó que tanto los propietarios como los Serviu podrán hacer uso de los recursos legales durante el proceso y que una comisión de expertos determinará una indemnización provisional. En caso de considerarse una afectación patrimonial, los dueños tendrán derecho a recurrir a los tribunales correspondientes. Por último, desde el Minvu se hizo un llamado a evitar “la polarización y escalada del conflicto”, asegurando que se trabajará en todas las instancias necesarias para fundamentar técnicamente y jurídicamente la medida. El objetivo es cumplir con el fallo judicial y avanzar hacia una solución “equilibrada y acorde a la legalidad” para abordar un problema descrito como “complejo y multidimensional”. Fuente: Publimetro
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) reiteró el origen de los recursos destinados a la expropiación de una parte del terreno de la megatoma de Cerro Centinela, en la comuna de San Antonio. LEE MÁS: Gobierno anuncia proyecto habitacional para dar solución definitiva al campamento de San Antonio El Encargado Nacional del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu, Andrés Palma, enfatizó que la decisión se basa en una gestión presupuestaria responsable para evitar la pérdida de recursos públicos, tal como lo establece la normativa. “Tenemos proyectos que no se realizan, pero que se postergan para el próximo año, porque hay un trámite que no alcanza a terminarse. Destinamos los fondos al Proyecto Centinela, donde sí se van a ejecutar este año y se van a destinar a asentamientos precarios,” sostiene Palma. Al constatar que iniciativas en diversas regiones no culminarían sus trámites y ejecución antes del 31 de diciembre, en lugar de devolver los recursos al Tesoro Público, se optó por reasignarlos a algún proyecto del mismo programa (asentamientos precarios), en este caso, el Cerro Centinela en San Antonio, para dar una solución habitacional y humanitaria a más de 4.000 familias que se encuentran en una situación de emergencia habitacional. Desde el Minvu fueron enfáticos en aclarar que los proyectos con trámites pendientes, de donde provienen los fondos reasignados, mantienen su prioridad y sus recursos para su ejecución el año próximo. “En este caso, para las compras de terreno, si se cumplen todos los trámites el próximo año, están los recursos disponibles para hacer esas compras en el próximo año,” sostuvo Andrés Palma. Respecto a la posibilidad de haber destinado estos fondos a otras áreas, Andrés Palma fue categórico en señalar que “el presupuesto del Programa de Asentamientos Precarios solo puede ser utilizado en los 1.432 campamentos catastrados y reconocidos por la ley, uno de los cuales es el Cerro Centinela en San Antonio”. Desde la cartera de Vivienda y Urbanismo enfatizaron que la decisión de la expropiación no solo resguarda el presupuesto y lo mantiene en el ministerio, sino que ofrece una respuesta concreta y humanitaria a una emergencia habitacional de gran envergadura. Fuente: Publimetro
