Una investigación periodística publicada por el medio independiente CIPER expuso de forma detallada que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) mantiene activamente en sus funciones a una educadora de párvulos que fue objeto de sanciones administrativas directas tras comprobarse que destruyó registros institucionales clave. Dichos documentos guardaban relación con las lesiones corporales severas que presentaba un niño de casi dos años de edad, quien apenas veinticuatro horas después de las anotaciones se convirtió en víctima de abuso sexual y homicidio durante el año 2022. De acuerdo con los antecedentes recopilados en el reportaje de CIPER, l a funcionaria ejerce actualmente como directora de otro recinto de educación parvularia dependiente de la red estatal dentro de la Región Metropolitana. Su historial administrativo registra una suspensión previa de sus labores por el lapso de tres meses, junto con una rebaja del 50% de su remuneración mensual, luego de que un sumario interno concluyera de forma unánime que eliminó de forma intencional el registro físico donde educadoras de aula habían consignado los moretones observados en el menor antes de constatarse su muerte. La cronología de la investigación detalla que al menos tres trabajadoras de la salud y educación del establecimiento educacional inicial original detectaron equimosis visibles en distintas partes de la anatomía del lactante. Estos antecedentes fueron formalmente estampados en una bitácora interna de la institución. No obstante, la entonces directora subrogante optó por no realizar la denuncia obligatoria ante el Ministerio Público o Carabineros, omitiendo la activación de los protocolos de resguardo estipulados por el Estado para este tipo de vulneraciones graves. El reportaje de CIPER consigna además que, tras tomar conocimiento del trágico deceso del niño al día siguiente de las advertencias del personal, l a funcionaria concurrió al jardín infantil en horario nocturno para sustraer y destruir el documento oficial. Días posteriores al crimen, la directora instruyó a sus subordinadas rehacer el registro modificado; una de las educadoras declaró bajo juramento en el proceso indagatorio que se vio forzada a cambiar la redacción original debido a que la plana directiva consideró que la descripción de las lesiones era “muy fuerte”. A pesar de la gravedad de las faltas acreditadas por el sumario administrativo de la Junji —donde se determinó que la parvularia incumplió severamente sus deberes de protección y buscó ocultar información útil para la justicia—, el órgano público concluyó que no correspondía aplicar la medida de destitución. La institución pública consideró como una atenuante válida que la trabajadora reconoció su responsabilidad administrativa y prestó colaboración durante el desarrollo del proceso sumarial. Al ser consultada directamente por el medio CIPER, la Junji ratificó que el procedimiento disciplinario ya concluyó formalmente, encontrándose las sanciones ejecutadas, añadiendo que desde el año 2024 se actualizaron los protocolos de actuación frente a vulneraciones de derechos infantiles. En la esfera judicial ordinaria, la abuela paterna del niño asesinado, contando con el patrocinio técnico y representación jurídica de la Fundación Amparo y Justicia, dedujo una querella criminal en contra de la profesional por el delito infidelidad en custodia documentos públicos. Dicha causa penal concluyó ante los tribunales garantía mediante salida alternativa suspensión condicional procedimiento, por lo cual la actual directora debió cumplir con medida firma mensual por periodo un año y ofrecer disculpas públicas a familia afectada. Respecto autores directos crimen, cabe recordar tanto madre menor como padrastro resultaron detenidos en 2022; este último fue hallado muerto interior celda reclusión dos días después detención formal. Fuente: Publimetro
La Contraloría General de la República ha revelado que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) no ha logrado recuperar más de $20 mil millones asociados a licencias médicas rechazadas. Este hallazgo se desprende de una auditoría que examinó los procesos de recepción, tramitación y cobro de estos permisos no atingidos por funcionarios, principalmente en la Dirección Regional Metropolitana. El informe N°223 de 2025 detalla que entre 2017 y 2024, un total de 1.045 funcionarios registraron licencias médicas por enfermedad o accidente común de manera intermitente por más de dos años, lo que resultó en 60.958 licencias no recuperadas, equivalentes a $20.916 millones. De este total, 9.964 permisos fueron rechazados, generando subsidios por incapacidad laboral por un monto de $5.547 millones. A pesar de los rechazos, la Contraloría constató que la Junji no tomó medidas suficientes para exigir la devolución de los dineros pagados indebidamente ni activó los mecanismos de cobranza a los funcionarios involucrados. Por esta razón, se ha instruido a la dirección nacional del servicio elaborar un plan de acción en un plazo de 60 días hábiles para recuperar efectivamente los montos adeudados. Además, se remitirán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar posibles acciones judiciales. El informe también destaca que la institución tiene más de 54 mil licencias médicas con una antigüedad superior a cinco años, sumando montos que superan los $10 mil millones, sin una gestión eficiente o trazable en todos los casos. En relación con exfuncionarios, se identificaron 38 licencias rechazadas —por cerca de $56 millones— correspondientes a trabajadores ya desvinculados, algunos con permisos sin goce de sueldo o acogidos a bonificación por retiro. De ellos, 23 no tienen gestiones de cobranza judicial y siete no han reintegrado los recursos pese a notificaciones formales. Por último, la Contraloría señaló que el proceso manual para recuperar subsidios mediante planillas Excel incumple instrucciones previas debido a la falta de un módulo operativo en el sistema informático PeopleSoft. Se ha ordenado implementar esta herramienta dentro del mismo plazo de 60 días hábiles. Según lo consignado por T13, Se ordenó al servicio informar de la puesta en marcha definitiva del sistema, acompañado de la documentación que respalde la certificación, aprobación y operatividad de las funcionalidades comprometidas, en un plazo de 60 días hábiles. Fuente: Publimetro
Una investigación periodística publicada por el medio independiente CIPER expuso de forma detallada que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) mantiene activamente en sus funciones a una educadora de párvulos que fue objeto de sanciones administrativas directas tras comprobarse que destruyó registros institucionales clave. Dichos documentos guardaban relación con las lesiones corporales severas que presentaba un niño de casi dos años de edad, quien apenas veinticuatro horas después de las anotaciones se convirtió en víctima de abuso sexual y homicidio durante el año 2022. De acuerdo con los antecedentes recopilados en el reportaje de CIPER, l a funcionaria ejerce actualmente como directora de otro recinto de educación parvularia dependiente de la red estatal dentro de la Región Metropolitana. Su historial administrativo registra una suspensión previa de sus labores por el lapso de tres meses, junto con una rebaja del 50% de su remuneración mensual, luego de que un sumario interno concluyera de forma unánime que eliminó de forma intencional el registro físico donde educadoras de aula habían consignado los moretones observados en el menor antes de constatarse su muerte. La cronología de la investigación detalla que al menos tres trabajadoras de la salud y educación del establecimiento educacional inicial original detectaron equimosis visibles en distintas partes de la anatomía del lactante. Estos antecedentes fueron formalmente estampados en una bitácora interna de la institución. No obstante, la entonces directora subrogante optó por no realizar la denuncia obligatoria ante el Ministerio Público o Carabineros, omitiendo la activación de los protocolos de resguardo estipulados por el Estado para este tipo de vulneraciones graves. El reportaje de CIPER consigna además que, tras tomar conocimiento del trágico deceso del niño al día siguiente de las advertencias del personal, l a funcionaria concurrió al jardín infantil en horario nocturno para sustraer y destruir el documento oficial. Días posteriores al crimen, la directora instruyó a sus subordinadas rehacer el registro modificado; una de las educadoras declaró bajo juramento en el proceso indagatorio que se vio forzada a cambiar la redacción original debido a que la plana directiva consideró que la descripción de las lesiones era “muy fuerte”. A pesar de la gravedad de las faltas acreditadas por el sumario administrativo de la Junji —donde se determinó que la parvularia incumplió severamente sus deberes de protección y buscó ocultar información útil para la justicia—, el órgano público concluyó que no correspondía aplicar la medida de destitución. La institución pública consideró como una atenuante válida que la trabajadora reconoció su responsabilidad administrativa y prestó colaboración durante el desarrollo del proceso sumarial. Al ser consultada directamente por el medio CIPER, la Junji ratificó que el procedimiento disciplinario ya concluyó formalmente, encontrándose las sanciones ejecutadas, añadiendo que desde el año 2024 se actualizaron los protocolos de actuación frente a vulneraciones de derechos infantiles. En la esfera judicial ordinaria, la abuela paterna del niño asesinado, contando con el patrocinio técnico y representación jurídica de la Fundación Amparo y Justicia, dedujo una querella criminal en contra de la profesional por el delito infidelidad en custodia documentos públicos. Dicha causa penal concluyó ante los tribunales garantía mediante salida alternativa suspensión condicional procedimiento, por lo cual la actual directora debió cumplir con medida firma mensual por periodo un año y ofrecer disculpas públicas a familia afectada. Respecto autores directos crimen, cabe recordar tanto madre menor como padrastro resultaron detenidos en 2022; este último fue hallado muerto interior celda reclusión dos días después detención formal. Fuente: Publimetro
La Contraloría General de la República ha revelado que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) no ha logrado recuperar más de $20 mil millones asociados a licencias médicas rechazadas. Este hallazgo se desprende de una auditoría que examinó los procesos de recepción, tramitación y cobro de estos permisos no atingidos por funcionarios, principalmente en la Dirección Regional Metropolitana. El informe N°223 de 2025 detalla que entre 2017 y 2024, un total de 1.045 funcionarios registraron licencias médicas por enfermedad o accidente común de manera intermitente por más de dos años, lo que resultó en 60.958 licencias no recuperadas, equivalentes a $20.916 millones. De este total, 9.964 permisos fueron rechazados, generando subsidios por incapacidad laboral por un monto de $5.547 millones. A pesar de los rechazos, la Contraloría constató que la Junji no tomó medidas suficientes para exigir la devolución de los dineros pagados indebidamente ni activó los mecanismos de cobranza a los funcionarios involucrados. Por esta razón, se ha instruido a la dirección nacional del servicio elaborar un plan de acción en un plazo de 60 días hábiles para recuperar efectivamente los montos adeudados. Además, se remitirán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar posibles acciones judiciales. El informe también destaca que la institución tiene más de 54 mil licencias médicas con una antigüedad superior a cinco años, sumando montos que superan los $10 mil millones, sin una gestión eficiente o trazable en todos los casos. En relación con exfuncionarios, se identificaron 38 licencias rechazadas —por cerca de $56 millones— correspondientes a trabajadores ya desvinculados, algunos con permisos sin goce de sueldo o acogidos a bonificación por retiro. De ellos, 23 no tienen gestiones de cobranza judicial y siete no han reintegrado los recursos pese a notificaciones formales. Por último, la Contraloría señaló que el proceso manual para recuperar subsidios mediante planillas Excel incumple instrucciones previas debido a la falta de un módulo operativo en el sistema informático PeopleSoft. Se ha ordenado implementar esta herramienta dentro del mismo plazo de 60 días hábiles. Según lo consignado por T13, Se ordenó al servicio informar de la puesta en marcha definitiva del sistema, acompañado de la documentación que respalde la certificación, aprobación y operatividad de las funcionalidades comprometidas, en un plazo de 60 días hábiles. Fuente: Publimetro
