Una investigación periodística publicada por el medio independiente CIPER expuso de forma detallada que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) mantiene activamente en sus funciones a una educadora de párvulos que fue objeto de sanciones administrativas directas tras comprobarse que destruyó registros institucionales clave. Dichos documentos guardaban relación con las lesiones corporales severas que presentaba un niño de casi dos años de edad, quien apenas veinticuatro horas después de las anotaciones se convirtió en víctima de abuso sexual y homicidio durante el año 2022. De acuerdo con los antecedentes recopilados en el reportaje de CIPER, l a funcionaria ejerce actualmente como directora de otro recinto de educación parvularia dependiente de la red estatal dentro de la Región Metropolitana. Su historial administrativo registra una suspensión previa de sus labores por el lapso de tres meses, junto con una rebaja del 50% de su remuneración mensual, luego de que un sumario interno concluyera de forma unánime que eliminó de forma intencional el registro físico donde educadoras de aula habían consignado los moretones observados en el menor antes de constatarse su muerte. La cronología de la investigación detalla que al menos tres trabajadoras de la salud y educación del establecimiento educacional inicial original detectaron equimosis visibles en distintas partes de la anatomía del lactante. Estos antecedentes fueron formalmente estampados en una bitácora interna de la institución. No obstante, la entonces directora subrogante optó por no realizar la denuncia obligatoria ante el Ministerio Público o Carabineros, omitiendo la activación de los protocolos de resguardo estipulados por el Estado para este tipo de vulneraciones graves. El reportaje de CIPER consigna además que, tras tomar conocimiento del trágico deceso del niño al día siguiente de las advertencias del personal, l a funcionaria concurrió al jardín infantil en horario nocturno para sustraer y destruir el documento oficial. Días posteriores al crimen, la directora instruyó a sus subordinadas rehacer el registro modificado; una de las educadoras declaró bajo juramento en el proceso indagatorio que se vio forzada a cambiar la redacción original debido a que la plana directiva consideró que la descripción de las lesiones era “muy fuerte”. A pesar de la gravedad de las faltas acreditadas por el sumario administrativo de la Junji —donde se determinó que la parvularia incumplió severamente sus deberes de protección y buscó ocultar información útil para la justicia—, el órgano público concluyó que no correspondía aplicar la medida de destitución. La institución pública consideró como una atenuante válida que la trabajadora reconoció su responsabilidad administrativa y prestó colaboración durante el desarrollo del proceso sumarial. Al ser consultada directamente por el medio CIPER, la Junji ratificó que el procedimiento disciplinario ya concluyó formalmente, encontrándose las sanciones ejecutadas, añadiendo que desde el año 2024 se actualizaron los protocolos de actuación frente a vulneraciones de derechos infantiles. En la esfera judicial ordinaria, la abuela paterna del niño asesinado, contando con el patrocinio técnico y representación jurídica de la Fundación Amparo y Justicia, dedujo una querella criminal en contra de la profesional por el delito infidelidad en custodia documentos públicos. Dicha causa penal concluyó ante los tribunales garantía mediante salida alternativa suspensión condicional procedimiento, por lo cual la actual directora debió cumplir con medida firma mensual por periodo un año y ofrecer disculpas públicas a familia afectada. Respecto autores directos crimen, cabe recordar tanto madre menor como padrastro resultaron detenidos en 2022; este último fue hallado muerto interior celda reclusión dos días después detención formal. Fuente: Publimetro
Una investigación periodística publicada por el medio independiente CIPER expuso de forma detallada que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) mantiene activamente en sus funciones a una educadora de párvulos que fue objeto de sanciones administrativas directas tras comprobarse que destruyó registros institucionales clave. Dichos documentos guardaban relación con las lesiones corporales severas que presentaba un niño de casi dos años de edad, quien apenas veinticuatro horas después de las anotaciones se convirtió en víctima de abuso sexual y homicidio durante el año 2022. De acuerdo con los antecedentes recopilados en el reportaje de CIPER, l a funcionaria ejerce actualmente como directora de otro recinto de educación parvularia dependiente de la red estatal dentro de la Región Metropolitana. Su historial administrativo registra una suspensión previa de sus labores por el lapso de tres meses, junto con una rebaja del 50% de su remuneración mensual, luego de que un sumario interno concluyera de forma unánime que eliminó de forma intencional el registro físico donde educadoras de aula habían consignado los moretones observados en el menor antes de constatarse su muerte. La cronología de la investigación detalla que al menos tres trabajadoras de la salud y educación del establecimiento educacional inicial original detectaron equimosis visibles en distintas partes de la anatomía del lactante. Estos antecedentes fueron formalmente estampados en una bitácora interna de la institución. No obstante, la entonces directora subrogante optó por no realizar la denuncia obligatoria ante el Ministerio Público o Carabineros, omitiendo la activación de los protocolos de resguardo estipulados por el Estado para este tipo de vulneraciones graves. El reportaje de CIPER consigna además que, tras tomar conocimiento del trágico deceso del niño al día siguiente de las advertencias del personal, l a funcionaria concurrió al jardín infantil en horario nocturno para sustraer y destruir el documento oficial. Días posteriores al crimen, la directora instruyó a sus subordinadas rehacer el registro modificado; una de las educadoras declaró bajo juramento en el proceso indagatorio que se vio forzada a cambiar la redacción original debido a que la plana directiva consideró que la descripción de las lesiones era “muy fuerte”. A pesar de la gravedad de las faltas acreditadas por el sumario administrativo de la Junji —donde se determinó que la parvularia incumplió severamente sus deberes de protección y buscó ocultar información útil para la justicia—, el órgano público concluyó que no correspondía aplicar la medida de destitución. La institución pública consideró como una atenuante válida que la trabajadora reconoció su responsabilidad administrativa y prestó colaboración durante el desarrollo del proceso sumarial. Al ser consultada directamente por el medio CIPER, la Junji ratificó que el procedimiento disciplinario ya concluyó formalmente, encontrándose las sanciones ejecutadas, añadiendo que desde el año 2024 se actualizaron los protocolos de actuación frente a vulneraciones de derechos infantiles. En la esfera judicial ordinaria, la abuela paterna del niño asesinado, contando con el patrocinio técnico y representación jurídica de la Fundación Amparo y Justicia, dedujo una querella criminal en contra de la profesional por el delito infidelidad en custodia documentos públicos. Dicha causa penal concluyó ante los tribunales garantía mediante salida alternativa suspensión condicional procedimiento, por lo cual la actual directora debió cumplir con medida firma mensual por periodo un año y ofrecer disculpas públicas a familia afectada. Respecto autores directos crimen, cabe recordar tanto madre menor como padrastro resultaron detenidos en 2022; este último fue hallado muerto interior celda reclusión dos días después detención formal. Fuente: Publimetro
