Un fraude de más de $18 millones de pesos ha sido descubierto en la institución de Gendarmería de Chile, siendo perpetrado por una exfuncionaria que se habría apropiado de 5.108 vales de colación. Como consecuencia de este incidente, el Consejo de Defensa del Estado ha presentado una querella criminal por fraude al fisco, falsificación de instrumento público y administración desleal, la cual fue interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Según lo informado por Informe Especial de 24 Horas, la mujer ocupaba el cargo de secretaria en el Departamento de Monitoreo Telemático (DMT) y llevó a cabo estas acciones entre mayo de 2018 y marzo de 2019. Esta conducta fue descrita como “defraudatoria de carácter sistemático orientada a la materialización de un perjuicio patrimonial al Fisco de Chile”. “En virtud de su posición y la confianza otorgada por sus superiores, la imputada era la única responsable de la custodia, solicitud y distribución de los vales destinados al personal de dicha unidad”, indicó el documento. Su actividad fraudulenta fue descubierta cuando se revisó físicamente la caja fuerte bajo su resguardo, encontrando que “no había stock alguno, a pesar de que los registros oficiales indicaban que debía haber un saldo de 1.044 vales”. Tras revelarse estos hechos, la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI inició las investigaciones en colaboración con la Fiscalía Centro Norte. Se determinó que el total de documentos sustraídos ascendía a 5.591. El modus operandi empleado por la exfuncionaria consistía en alterar las plantillas de rendición, inflar “de manera artificial” el número de beneficiarios, incluir personas ajenas a la institución, nombres ficticios, individuos desvinculados e incluso incorporar a casi 200 personas en licencia médica, prenatal y postnatal. Según el CDE, “como parte fundamental para el éxito de su plan”, falsificó la firma de su superior directo en el DMT, Pablo Gaete. Además, la acusada utilizaba medios informales como correos electrónicos enviados a la Sección de Alimentación para solicitar ‘vales extras’, justificando estas peticiones con supuestas contingencias o turnos extraordinarios que nunca tuvieron lugar, evadiendo cualquier supervisión jerárquica. Fuente: Publimetro
Un importante operativo llevado a cabo durante la madrugada en el penal Santiago 1 y otros recintos penitenciarios del país ha tenido un gran impacto al desmantelar una red de corrupción entre funcionarios de Gendarmería de Chile. Estos empleados se dedicaban a realizar cobros ilegales a los reclusos para facilitar el ingreso de diversos artículos, e incluso personas, a las instalaciones carcelarias. Como resultado de esta acción, se ha procedido a la detención de 42 funcionarios, quienes serán presentados ante el 12vo Juzgado de Garantía de Santiago el viernes 19 de diciembre para enfrentar cargos por delitos como agrupación criminal, infracciones patrimoniales, cohecho simple y agravado, así como soborno. Por otro lado, un reportaje realizado por Ciper ha revelado detalles sobre la investigación que condujo al descubrimiento de esta red corrupta entre los gendarmes. Según este reportaje, se han dado a conocer los montos que los funcionarios cobraban a los internos para permitir el ingreso de diversos productos. Además de los cobros por artículos como celulares, también se han descubierto situaciones más graves, como el ingreso de personas sin documentos o incluso el alquiler de un baño para actividades sexuales. Según la investigación, los gendarmes recibían pagos principalmente en efectivo, pero también mediante transferencias a cuentas personales o de terceros para ocultar el origen del dinero. Fuente: Publimetro
En una operación conjunta entre la Fiscalía Regional Occidente y la PDI, se llevó a cabo un importante operativo en siete regiones de Chile durante la madrugada. Más de 500 efectivos policiales participaron en esta acción, con el apoyo de un equipo investigativo de Gendarmería. El objetivo principal era desarticular una red de corrupción que operaba principalmente en el centro penitenciario Santiago 1, con conexiones en otros recintos penitenciarios del país. Las diligencias incluyeron la ejecución de 78 órdenes de detención, de las cuales 42 corresponden a gendarmes que mayormente trabajan en Santiago 1 y en el CPF de San Joaquín. Las restantes órdenes afectan a individuos particulares, algunos extranjeros, que colaboraban con los funcionarios de Gendarmería en un negocio ilegal de ingreso y venta de elementos prohibidos dentro de las cárceles. Aunque la mayoría de las detenciones se llevaron a cabo en la Región Metropolitana, el operativo también abarcó acciones en las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos. La investigación se inició en mayo de 2025 como parte del Foco Penitenciario liderado por la Fiscalía Regional Occidente desde 2024. Bajo la dirección del Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, se logró identificar diversas organizaciones criminales relacionadas con delitos de corrupción y crimen organizado cometidos dentro de las cárceles metropolitanas entre 2022 y 2025. “En el marco de la indagación, se logró establecer que en el CDP Santiago Uno, y en el CPF Santiago, en San Joaquín, operan grupos criminales que se valen del soborno y del cohecho de funcionarios públicos (gendarmes) con el propósito de ingresar elementos prohibidos o ilícitos” Se descubrió que al menos siete bandas criminales conocidas como “Manillas”, compuestas por ciudadanos extranjeros, operaban fuera de los recintos penitenciarios. Estas bandas colaboraban con gendarmes para introducir artículos prohibidos a cambio de pagos que oscilaban entre $10.000 y $400.000 dependiendo del tipo de elemento ilegal. Los gendarmes involucrados utilizaban estos fondos para beneficio propio o terceros, ocultando su origen ilícito mediante la adquisición de vehículos e inmuebles. También empleaban testaferros para encubrir el origen del dinero. El operativo culminó con la detención de 66 personas, incluyendo 44 funcionarios de Gendarmería. Además, se confiscaron 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas. Los detenidos serán presentados ante el 12vo Juzgado de Garantía de Santiago para su formalización el viernes 19 de diciembre. Entre los delitos investigados se encuentran asociación ilícita; infracciones patrimoniales; cohecho (simple y agravado); y soborno. El director de la PDI, Eduardo Cerna, destacó la complejidad y especialización de esta investigación que abarcó más de un año: “Los flujos que se transaron o que fueron circulando por las cuentas superan los 6.300 millones de pesos”. Esta extensa labor permitió descubrir una estructura criminal involucrada en sobornos, cohechos, delitos patrimoniales e ingreso ilegal de artefactos prohibidos. Fuente: Publimetro
Un error administrativo en el Complejo Penitenciario de Rancagua ha generado polémica tras la liberación indebida de un interno. La Fiscalía investiga este incidente que ha revelado una serie de fallos en el sistema judicial y penitenciario. Según Gendarmería de Chile, se trató de una libertad mal otorgada debido a una incorrecta interpretación de una orden judicial. El interno en cuestión, identificado como David Marín Celis, no debía abandonar el recinto penal, ya que su situación procesal había sido modificada pero no implicaba su liberación. El Tribunal de Garantía de Graneros emitió una resolución que fue ejecutada erróneamente por funcionarios de Gendarmería. Tras reconocer el error, se activaron los protocolos correspondientes para corregir la situación tanto a nivel penal como administrativo. Marín Celis fue condenado por microtráfico de drogas y debía cumplir una pena efectiva de cinco años y un día de presidio. Sin embargo, la liberación incorrecta fue detectada y se inició una investigación para determinar responsabilidades. Gendarmería informó al Ministerio Público sobre el incidente y se han tomado medidas para ubicar y detener nuevamente al condenado. Se ha descartado que existan fallas en la redacción del documento judicial, atribuyendo el error a una interpretación equivocada. El caso continúa bajo investigación mientras se implementan acciones para evitar situaciones similares en el futuro y garantizar la correcta aplicación de la ley en el sistema penitenciario. Fuente: Publimetro
Anunciando sanciones con el “máximo rigor”, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, se refirió a las imágenes de un asado de internos del penal Santiago 1, las que se viralizaron ampliamente durante el fin de semana, agregando además que se abrió un sumario administrativo para determinar si hubo o no funcionarios de la institución involucrados en el hecho. Lo anterior, luego de que se evidenciara que en el asado -donde participaron internos que tienen calidad de imputados-, hubo consumo de alcohol y celulares que grabaron el hecho y que hasta lo subieron a redes sociales. En esa línea, el director de Gendarmería indicó que se buscará “ arremeter contra los funcionarios que podrían haber faltado a sus deberes”. “Tenemos que, con rigor, establecer fehacientemente cuál es la hipótesis que cobra más fuerza, pero a todas luces estamos frente a un hecho evidentemente irregular, gravísimo, que nos interesa abordar con seriedad y sancionar con máximo rigor, añadió Rubén Pérez. Y si bien no quiso eximir de su responsabilidad a los funcionarios, el director nacional de Gendarmería apuntó que en el módulo 35 -lugar donde se realizó el asado-, hay un total de 569 personas internas, quienes son controlados por dos gendarmes. En esa línea, además se añadió que los internos involucrados en el asado, fueron separados del resto de la población penal. A lo anterior, Rubén Pérez agregó que “no podría aventurarme a decir que se escapó de control. Sí, evidentemente, es irregular, incluso desde el punto de vista sanitario es poco recomendable, por eso que en Gendarmería ha sido muy rigurosa en determinar cuáles son las vías de acceso y también cuáles son los volúmenes frente a determinadas festividades en que los internos pueden, eventualmente, tener un asado o una actividad grupal por una cuestión higiénica de orden y de disciplina, y siempre nos situamos en víspera de Navidad, Año Nuevo o de Fiestas Patrias”. En cuanto al consumo evidente de alcohol que se ve en las imágenes viralizadas, el director de Gendarmería aseguró que “por supuesto que no está permitido el ingreso ni el consumo de elementos y sustancias abiertamente prohibidas como es el alcohol, ciertos medicamentos sin sin prescripción médica ni drogas”. “Allí es donde entonces nosotros nos cuestionamos fuertemente, más allá de los datos que ha revelado, cuál es el papel que cumple Gendarmería de Chile a través de los agentes estatales que somos nosotros, de presencia in situ para detectar y poner freno a situaciones irregulares como esta oportunamente ”, puntualizó el director de Gendarmería sobre lo ocurrido. Fuente: Publimetro
Un fraude de más de $18 millones de pesos ha sido descubierto en la institución de Gendarmería de Chile, siendo perpetrado por una exfuncionaria que se habría apropiado de 5.108 vales de colación. Como consecuencia de este incidente, el Consejo de Defensa del Estado ha presentado una querella criminal por fraude al fisco, falsificación de instrumento público y administración desleal, la cual fue interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Según lo informado por Informe Especial de 24 Horas, la mujer ocupaba el cargo de secretaria en el Departamento de Monitoreo Telemático (DMT) y llevó a cabo estas acciones entre mayo de 2018 y marzo de 2019. Esta conducta fue descrita como “defraudatoria de carácter sistemático orientada a la materialización de un perjuicio patrimonial al Fisco de Chile”. “En virtud de su posición y la confianza otorgada por sus superiores, la imputada era la única responsable de la custodia, solicitud y distribución de los vales destinados al personal de dicha unidad”, indicó el documento. Su actividad fraudulenta fue descubierta cuando se revisó físicamente la caja fuerte bajo su resguardo, encontrando que “no había stock alguno, a pesar de que los registros oficiales indicaban que debía haber un saldo de 1.044 vales”. Tras revelarse estos hechos, la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI inició las investigaciones en colaboración con la Fiscalía Centro Norte. Se determinó que el total de documentos sustraídos ascendía a 5.591. El modus operandi empleado por la exfuncionaria consistía en alterar las plantillas de rendición, inflar “de manera artificial” el número de beneficiarios, incluir personas ajenas a la institución, nombres ficticios, individuos desvinculados e incluso incorporar a casi 200 personas en licencia médica, prenatal y postnatal. Según el CDE, “como parte fundamental para el éxito de su plan”, falsificó la firma de su superior directo en el DMT, Pablo Gaete. Además, la acusada utilizaba medios informales como correos electrónicos enviados a la Sección de Alimentación para solicitar ‘vales extras’, justificando estas peticiones con supuestas contingencias o turnos extraordinarios que nunca tuvieron lugar, evadiendo cualquier supervisión jerárquica. Fuente: Publimetro
Un importante operativo llevado a cabo durante la madrugada en el penal Santiago 1 y otros recintos penitenciarios del país ha tenido un gran impacto al desmantelar una red de corrupción entre funcionarios de Gendarmería de Chile. Estos empleados se dedicaban a realizar cobros ilegales a los reclusos para facilitar el ingreso de diversos artículos, e incluso personas, a las instalaciones carcelarias. Como resultado de esta acción, se ha procedido a la detención de 42 funcionarios, quienes serán presentados ante el 12vo Juzgado de Garantía de Santiago el viernes 19 de diciembre para enfrentar cargos por delitos como agrupación criminal, infracciones patrimoniales, cohecho simple y agravado, así como soborno. Por otro lado, un reportaje realizado por Ciper ha revelado detalles sobre la investigación que condujo al descubrimiento de esta red corrupta entre los gendarmes. Según este reportaje, se han dado a conocer los montos que los funcionarios cobraban a los internos para permitir el ingreso de diversos productos. Además de los cobros por artículos como celulares, también se han descubierto situaciones más graves, como el ingreso de personas sin documentos o incluso el alquiler de un baño para actividades sexuales. Según la investigación, los gendarmes recibían pagos principalmente en efectivo, pero también mediante transferencias a cuentas personales o de terceros para ocultar el origen del dinero. Fuente: Publimetro
En una operación conjunta entre la Fiscalía Regional Occidente y la PDI, se llevó a cabo un importante operativo en siete regiones de Chile durante la madrugada. Más de 500 efectivos policiales participaron en esta acción, con el apoyo de un equipo investigativo de Gendarmería. El objetivo principal era desarticular una red de corrupción que operaba principalmente en el centro penitenciario Santiago 1, con conexiones en otros recintos penitenciarios del país. Las diligencias incluyeron la ejecución de 78 órdenes de detención, de las cuales 42 corresponden a gendarmes que mayormente trabajan en Santiago 1 y en el CPF de San Joaquín. Las restantes órdenes afectan a individuos particulares, algunos extranjeros, que colaboraban con los funcionarios de Gendarmería en un negocio ilegal de ingreso y venta de elementos prohibidos dentro de las cárceles. Aunque la mayoría de las detenciones se llevaron a cabo en la Región Metropolitana, el operativo también abarcó acciones en las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos. La investigación se inició en mayo de 2025 como parte del Foco Penitenciario liderado por la Fiscalía Regional Occidente desde 2024. Bajo la dirección del Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, se logró identificar diversas organizaciones criminales relacionadas con delitos de corrupción y crimen organizado cometidos dentro de las cárceles metropolitanas entre 2022 y 2025. “En el marco de la indagación, se logró establecer que en el CDP Santiago Uno, y en el CPF Santiago, en San Joaquín, operan grupos criminales que se valen del soborno y del cohecho de funcionarios públicos (gendarmes) con el propósito de ingresar elementos prohibidos o ilícitos” Se descubrió que al menos siete bandas criminales conocidas como “Manillas”, compuestas por ciudadanos extranjeros, operaban fuera de los recintos penitenciarios. Estas bandas colaboraban con gendarmes para introducir artículos prohibidos a cambio de pagos que oscilaban entre $10.000 y $400.000 dependiendo del tipo de elemento ilegal. Los gendarmes involucrados utilizaban estos fondos para beneficio propio o terceros, ocultando su origen ilícito mediante la adquisición de vehículos e inmuebles. También empleaban testaferros para encubrir el origen del dinero. El operativo culminó con la detención de 66 personas, incluyendo 44 funcionarios de Gendarmería. Además, se confiscaron 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas. Los detenidos serán presentados ante el 12vo Juzgado de Garantía de Santiago para su formalización el viernes 19 de diciembre. Entre los delitos investigados se encuentran asociación ilícita; infracciones patrimoniales; cohecho (simple y agravado); y soborno. El director de la PDI, Eduardo Cerna, destacó la complejidad y especialización de esta investigación que abarcó más de un año: “Los flujos que se transaron o que fueron circulando por las cuentas superan los 6.300 millones de pesos”. Esta extensa labor permitió descubrir una estructura criminal involucrada en sobornos, cohechos, delitos patrimoniales e ingreso ilegal de artefactos prohibidos. Fuente: Publimetro
Un error administrativo en el Complejo Penitenciario de Rancagua ha generado polémica tras la liberación indebida de un interno. La Fiscalía investiga este incidente que ha revelado una serie de fallos en el sistema judicial y penitenciario. Según Gendarmería de Chile, se trató de una libertad mal otorgada debido a una incorrecta interpretación de una orden judicial. El interno en cuestión, identificado como David Marín Celis, no debía abandonar el recinto penal, ya que su situación procesal había sido modificada pero no implicaba su liberación. El Tribunal de Garantía de Graneros emitió una resolución que fue ejecutada erróneamente por funcionarios de Gendarmería. Tras reconocer el error, se activaron los protocolos correspondientes para corregir la situación tanto a nivel penal como administrativo. Marín Celis fue condenado por microtráfico de drogas y debía cumplir una pena efectiva de cinco años y un día de presidio. Sin embargo, la liberación incorrecta fue detectada y se inició una investigación para determinar responsabilidades. Gendarmería informó al Ministerio Público sobre el incidente y se han tomado medidas para ubicar y detener nuevamente al condenado. Se ha descartado que existan fallas en la redacción del documento judicial, atribuyendo el error a una interpretación equivocada. El caso continúa bajo investigación mientras se implementan acciones para evitar situaciones similares en el futuro y garantizar la correcta aplicación de la ley en el sistema penitenciario. Fuente: Publimetro
Anunciando sanciones con el “máximo rigor”, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, se refirió a las imágenes de un asado de internos del penal Santiago 1, las que se viralizaron ampliamente durante el fin de semana, agregando además que se abrió un sumario administrativo para determinar si hubo o no funcionarios de la institución involucrados en el hecho. Lo anterior, luego de que se evidenciara que en el asado -donde participaron internos que tienen calidad de imputados-, hubo consumo de alcohol y celulares que grabaron el hecho y que hasta lo subieron a redes sociales. En esa línea, el director de Gendarmería indicó que se buscará “ arremeter contra los funcionarios que podrían haber faltado a sus deberes”. “Tenemos que, con rigor, establecer fehacientemente cuál es la hipótesis que cobra más fuerza, pero a todas luces estamos frente a un hecho evidentemente irregular, gravísimo, que nos interesa abordar con seriedad y sancionar con máximo rigor, añadió Rubén Pérez. Y si bien no quiso eximir de su responsabilidad a los funcionarios, el director nacional de Gendarmería apuntó que en el módulo 35 -lugar donde se realizó el asado-, hay un total de 569 personas internas, quienes son controlados por dos gendarmes. En esa línea, además se añadió que los internos involucrados en el asado, fueron separados del resto de la población penal. A lo anterior, Rubén Pérez agregó que “no podría aventurarme a decir que se escapó de control. Sí, evidentemente, es irregular, incluso desde el punto de vista sanitario es poco recomendable, por eso que en Gendarmería ha sido muy rigurosa en determinar cuáles son las vías de acceso y también cuáles son los volúmenes frente a determinadas festividades en que los internos pueden, eventualmente, tener un asado o una actividad grupal por una cuestión higiénica de orden y de disciplina, y siempre nos situamos en víspera de Navidad, Año Nuevo o de Fiestas Patrias”. En cuanto al consumo evidente de alcohol que se ve en las imágenes viralizadas, el director de Gendarmería aseguró que “por supuesto que no está permitido el ingreso ni el consumo de elementos y sustancias abiertamente prohibidas como es el alcohol, ciertos medicamentos sin sin prescripción médica ni drogas”. “Allí es donde entonces nosotros nos cuestionamos fuertemente, más allá de los datos que ha revelado, cuál es el papel que cumple Gendarmería de Chile a través de los agentes estatales que somos nosotros, de presencia in situ para detectar y poner freno a situaciones irregulares como esta oportunamente ”, puntualizó el director de Gendarmería sobre lo ocurrido. Fuente: Publimetro
