La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un importante operativo esta semana que resultó en la detención de siete personas, seis médicos extranjeros y un representante legal de un centro de salud, acusados de participar en la emisión masiva de licencias médicas irregulares a funcionarios públicos. Esta acción se tradujo en un perjuicio fiscal que supera los $20.800 millones, afectando directamente a Fonasa. La investigación, liderada por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, reveló que los detenidos eran considerados grandes emisores de licencias médicas sin respaldo clínico real. Entre los años 2021 y 2024, emitieron un total de 35.978 licencias médicas, de las cuales 26.559 fueron pagadas por el sistema público. El origen de esta investigación se remonta a informes de la Contraloría General de la República que detectaron irregularidades al cruzar datos de distintos organismos estatales. Se descubrió que miles de funcionarios públicos con licencia médica salieron del país o realizaron actividades recreativas prohibidas durante su reposo, lo que generó preocupación en los entes fiscalizadores. Tras identificar a los responsables detrás de esta emisión fraudulenta, las detenciones se llevaron a cabo principalmente en la Región Metropolitana, con operativos adicionales en Puerto Montt y Quillota. Los detenidos enfrentarán cargos por delitos relacionados con la emisión y obtención fraudulenta de licencias médicas. El fiscal Álvaro Pérez explicó que el fraude se realizaba a través de centros médicos ficticios utilizados para emitir licencias electrónicas sin fundamento médico real. Durante los allanamientos se incautaron diversos elementos como computadores, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y talonarios de recetas médicas. En caso de ser declarados culpables, los imputados podrían enfrentar penas desde 5 años y 1 día de cárcel, las cuales podrían aumentar dependiendo de la gravedad de los antecedentes y el daño fiscal causado. Fuente: Publimetro
La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un importante operativo esta semana que resultó en la detención de siete personas, seis médicos extranjeros y un representante legal de un centro de salud, acusados de participar en la emisión masiva de licencias médicas irregulares a funcionarios públicos. Esta acción se tradujo en un perjuicio fiscal que supera los $20.800 millones, afectando directamente a Fonasa. La investigación, liderada por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, reveló que los detenidos eran considerados grandes emisores de licencias médicas sin respaldo clínico real. Entre los años 2021 y 2024, emitieron un total de 35.978 licencias médicas, de las cuales 26.559 fueron pagadas por el sistema público. El origen de esta investigación se remonta a informes de la Contraloría General de la República que detectaron irregularidades al cruzar datos de distintos organismos estatales. Se descubrió que miles de funcionarios públicos con licencia médica salieron del país o realizaron actividades recreativas prohibidas durante su reposo, lo que generó preocupación en los entes fiscalizadores. Tras identificar a los responsables detrás de esta emisión fraudulenta, las detenciones se llevaron a cabo principalmente en la Región Metropolitana, con operativos adicionales en Puerto Montt y Quillota. Los detenidos enfrentarán cargos por delitos relacionados con la emisión y obtención fraudulenta de licencias médicas. El fiscal Álvaro Pérez explicó que el fraude se realizaba a través de centros médicos ficticios utilizados para emitir licencias electrónicas sin fundamento médico real. Durante los allanamientos se incautaron diversos elementos como computadores, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y talonarios de recetas médicas. En caso de ser declarados culpables, los imputados podrían enfrentar penas desde 5 años y 1 día de cárcel, las cuales podrían aumentar dependiendo de la gravedad de los antecedentes y el daño fiscal causado. Fuente: Publimetro
