La recientemente promulgada Ley Escuelas Protegidas permitirá que los establecimientos incorporen la revisión de mochilas y pertenencias bajo protocolos específicos. Sin embargo, detectar un objeto peligroso no necesariamente permite conocer el conflicto, el acoso o el malestar emocional que pudo anteceder a su ingreso. La promulgación de la Ley Escuelas Protegidas reabrió el debate sobre la revisión de mochilas como mecanismo para enfrentar la violencia escolar. La normativa establece que los colegios podrán incorporar este procedimiento en sus reglamentos internos, siempre que sea realizado por personal capacitado y resguarde la privacidad, la honra, la igualdad y el debido proceso de los estudiantes. La medida responde a un escenario preocupante. Según antecedentes entregados por el Ejecutivo, durante 2025 se registraron 893 delitos por porte de armas en establecimientos educacionales, mientras que las denuncias por maltrato contra adultos ante la Superintendencia de Educación aumentaron un 58% entre 2023 y 2025. Aunque la revisión puede contribuir a impedir el ingreso de armas u otros elementos peligrosos, la pregunta es si resulta suficiente para prevenir los episodios de violencia o si actúa cuando el conflicto ya alcanzó una etapa crítica. “La revisión de mochilas puede ser una medida de seguridad necesaria en determinados contextos, pero no podemos confundir control con prevención. Una mochila puede contener un objeto de riesgo, pero no nos cuenta que un estudiante está siendo víctima de bullying, que está atravesando una situación difícil o que un conflicto lleva semanas escalando”, explica Rodrigo Torres, especialista en educación y Co-Founder de MÜUD, plataforma de bienestar socioemocional que ayuda a los colegios a detectar tempranamente situaciones de riesgo. La seguridad física y el bienestar emocional no son objetivos contrapuestos. Por el contrario, para que una estrategia sea preventiva, los controles deben complementarse con mecanismos que permitan conocer lo que ocurre dentro de la comunidad escolar antes de que una amenaza, agresión o crisis se materialice. Entre las medidas que los establecimientos pueden implementar se encuentran: También resulta importante prestar atención a cambios persistentes como el aislamiento repentino, el rechazo a asistir a clases, una baja abrupta en la participación, conflictos reiterados con compañeros, expresiones de miedo o desesperanza y modificaciones marcadas en el comportamiento habitual. Estas señales no demuestran por sí solas la existencia de violencia, pero sí justifican una conversación y un acompañamiento oportuno. “Tenemos que pasar de preguntarnos ‘¿cómo reaccionamos cuando ocurre algo?’ a preguntarnos ‘¿qué podemos detectar antes de que ocurra?’. La salud mental no debería entrar en escena solamente cuando hay una crisis. La prevención se construye todos los días, generando espacios donde un estudiante pueda decir ‘no estoy bien’ antes de que su malestar se transforme en un problema mayor”, sostiene Torres. Uno de los riesgos de centrar la respuesta exclusivamente en la fiscalización es generar una sensación de vigilancia sin fortalecer previamente la confianza entre estudiantes y adultos. Si el procedimiento no está correctamente explicado o se aplica de manera arbitraria, podría provocar temor, estigmatización o resistencia dentro de la comunidad educativa. Por ello, además de respetar los protocolos establecidos, los colegios deberían comunicar por qué se realizará una revisión, bajo qué circunstancias, quién estará facultado para efectuarla y cuáles son los derechos de los estudiantes. La ley no autoriza revisiones corporales ni de vestimenta, y el procedimiento deberá quedar regulado en el reglamento interno de cada establecimiento. “La verdadera seguridad escolar tiene dos dimensiones que deben convivir: que los estudiantes estén físicamente protegidos, pero también que se sientan seguros para pedir ayuda, hablar y ser escuchados. Si para sentirnos seguros necesitamos revisar a todos, pero no sabemos cómo se sienten nuestros estudiantes, estamos mirando solo una parte del problema”, concluye el especialista. La revisión de una mochila puede impedir que un objeto peligroso entre a una sala de clases. El desafío pendiente es detectar por qué un estudiante consideró llevarlo y qué señales entregó antes de llegar a ese punto. Fuente: Publimetro
La recientemente promulgada Ley Escuelas Protegidas permitirá que los establecimientos incorporen la revisión de mochilas y pertenencias bajo protocolos específicos. Sin embargo, detectar un objeto peligroso no necesariamente permite conocer el conflicto, el acoso o el malestar emocional que pudo anteceder a su ingreso. La promulgación de la Ley Escuelas Protegidas reabrió el debate sobre la revisión de mochilas como mecanismo para enfrentar la violencia escolar. La normativa establece que los colegios podrán incorporar este procedimiento en sus reglamentos internos, siempre que sea realizado por personal capacitado y resguarde la privacidad, la honra, la igualdad y el debido proceso de los estudiantes. La medida responde a un escenario preocupante. Según antecedentes entregados por el Ejecutivo, durante 2025 se registraron 893 delitos por porte de armas en establecimientos educacionales, mientras que las denuncias por maltrato contra adultos ante la Superintendencia de Educación aumentaron un 58% entre 2023 y 2025. Aunque la revisión puede contribuir a impedir el ingreso de armas u otros elementos peligrosos, la pregunta es si resulta suficiente para prevenir los episodios de violencia o si actúa cuando el conflicto ya alcanzó una etapa crítica. “La revisión de mochilas puede ser una medida de seguridad necesaria en determinados contextos, pero no podemos confundir control con prevención. Una mochila puede contener un objeto de riesgo, pero no nos cuenta que un estudiante está siendo víctima de bullying, que está atravesando una situación difícil o que un conflicto lleva semanas escalando”, explica Rodrigo Torres, especialista en educación y Co-Founder de MÜUD, plataforma de bienestar socioemocional que ayuda a los colegios a detectar tempranamente situaciones de riesgo. La seguridad física y el bienestar emocional no son objetivos contrapuestos. Por el contrario, para que una estrategia sea preventiva, los controles deben complementarse con mecanismos que permitan conocer lo que ocurre dentro de la comunidad escolar antes de que una amenaza, agresión o crisis se materialice. Entre las medidas que los establecimientos pueden implementar se encuentran: También resulta importante prestar atención a cambios persistentes como el aislamiento repentino, el rechazo a asistir a clases, una baja abrupta en la participación, conflictos reiterados con compañeros, expresiones de miedo o desesperanza y modificaciones marcadas en el comportamiento habitual. Estas señales no demuestran por sí solas la existencia de violencia, pero sí justifican una conversación y un acompañamiento oportuno. “Tenemos que pasar de preguntarnos ‘¿cómo reaccionamos cuando ocurre algo?’ a preguntarnos ‘¿qué podemos detectar antes de que ocurra?’. La salud mental no debería entrar en escena solamente cuando hay una crisis. La prevención se construye todos los días, generando espacios donde un estudiante pueda decir ‘no estoy bien’ antes de que su malestar se transforme en un problema mayor”, sostiene Torres. Uno de los riesgos de centrar la respuesta exclusivamente en la fiscalización es generar una sensación de vigilancia sin fortalecer previamente la confianza entre estudiantes y adultos. Si el procedimiento no está correctamente explicado o se aplica de manera arbitraria, podría provocar temor, estigmatización o resistencia dentro de la comunidad educativa. Por ello, además de respetar los protocolos establecidos, los colegios deberían comunicar por qué se realizará una revisión, bajo qué circunstancias, quién estará facultado para efectuarla y cuáles son los derechos de los estudiantes. La ley no autoriza revisiones corporales ni de vestimenta, y el procedimiento deberá quedar regulado en el reglamento interno de cada establecimiento. “La verdadera seguridad escolar tiene dos dimensiones que deben convivir: que los estudiantes estén físicamente protegidos, pero también que se sientan seguros para pedir ayuda, hablar y ser escuchados. Si para sentirnos seguros necesitamos revisar a todos, pero no sabemos cómo se sienten nuestros estudiantes, estamos mirando solo una parte del problema”, concluye el especialista. La revisión de una mochila puede impedir que un objeto peligroso entre a una sala de clases. El desafío pendiente es detectar por qué un estudiante consideró llevarlo y qué señales entregó antes de llegar a ese punto. Fuente: Publimetro
