La justicia chilena ha dictado una nueva condena contra Miguel Krassnoff Martchenko, ex brigadier del Ejército y ex agente de la DINA, elevando a más de mil años las penas acumuladas en su contra por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El ex uniformado fue sentenciado a 15 años de presidio por el secuestro calificado de Dignaldo Herminio Araneda Pizzini, detenido y desaparecido en 1974. El fallo fue emitido en primera instancia por la ministra en visita extraordinaria Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien confirmó la participación directa de Krassnoff en la detención y desaparición del joven militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Los hechos se remontan a la madrugada del 10 de agosto de 1974. Dignaldo Araneda, estudiante de la Universidad de Chile y oriundo de Concepción, se encontraba alojando temporalmente en una vivienda ubicada en la comuna de La Reina. Cerca de las 02:30 horas, agentes armados llegaron hasta el inmueble identificándose como miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Tras solicitar documentos de identidad y exhibir una orden de allanamiento dirigida a otro residente, Araneda fue detenido sin explicación formal ni información sobre su destino. Desde ese momento, su paradero se mantiene desconocido, según informó T13. La investigación judicial logró determinar que Araneda fue trasladado inicialmente al cuartel Londres 38, uno de los principales centros de detención clandestinos que operaron durante la dictadura. Testigos lo identificaron en dicho recinto, que estaba bajo el mando del mayor del Ejército Marcelo Moren Brito, fallecido en 2015. En ese lugar actuaban diversos agentes, entre ellos Miguel Krassnoff, quien en ese momento integraba la Brigada Caupolicán y ejercía como jefe del Grupo Halcón. Posteriormente, la víctima habría sido trasladada al centro de detención Cuatro Álamos, último recinto donde se le perdió definitivamente el rastro. Esta nueva sentencia se suma a una extensa lista de condenas dictadas contra Krassnoff por distintos delitos de lesa humanidad, lo que eleva sus penas acumuladas a más de mil años de cárcel. La resolución reafirma el carácter imprescriptible de los crímenes cometidos durante la dictadura. El fallo también establece que la desaparición forzada de Dignaldo Araneda se enmarca en un patrón sistemático de persecución política ejecutado por la DINA, organismo dirigido entonces por Manuel Contreras Sepúlveda. Desde el Estudio Caucoto Abogados, la abogada Carolina Vega valoró la sentencia y destacó su relevancia para la familia de la víctima. “Han pasado más de 50 años y recién ahora se dicta una sentencia por el secuestro calificado de Dignaldo Araneda. En un contexto hostil para los derechos humanos, una nueva condena contra Miguel Krassnoff constituye un acto de justicia”, señaló. Pese a las diligencias judiciales impulsadas durante décadas, el paradero de Dignaldo Herminio Araneda Pizzini continúa siendo desconocido, manteniéndose vigente la demanda de verdad, justicia y memoria por los crímenes cometidos durante la dictadura en Chile. Fuente: Publimetro
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado en tercer trámite la ley que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, como parte de las medidas implementadas por el gobierno en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. La propuesta, presentada en 2022 por legisladores de diversos sectores, establece la calificación legal de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura entre 1973 y 1990. Esto permitirá al Estado reconocer oficialmente su ausencia, emitir certificados gratuitos que confirmen dicha condición y ofrecer una herramienta simbólica crucial para las familias afectadas. El proyecto contempla la creación de un registro público, gratuito y digital a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. Este registro se basará en una lista elaborada por la Subsecretaría de Derechos Humanos en el marco del trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, incorporando información proveniente de comisiones de verdad y sentencias judiciales. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, enfatizó que: “A 52 años del golpe militar, hoy vamos a tener un registro oficial de las personas que fueron víctimas de la desaparición forzada, y sus familiares van a poder tener un certificado que diga que sus familiares se encuentran ausentes por desaparición forzada. Este es un paso muy significativo para que en nuestro país nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió durante la dictadura militar.” “Es una forma de reparación que dignifica a las víctimas y reconoce el derecho de las familias a la verdad. Además, es un paso clave en el desafío de fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia para esclarecer las trayectorias de las víctimas y apoyar las investigaciones judiciales. Con esta ley, Chile reafirma que la desaparición forzada fue una política sistemática del Estado durante la dictadura y que tenemos la obligación de seguir buscando, esclareciendo lo ocurrido y garantizando que estos crímenes no se repitan.”, resaltó la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla. Fuente: Publimetro
La justicia chilena ha dictado una nueva condena contra Miguel Krassnoff Martchenko, ex brigadier del Ejército y ex agente de la DINA, elevando a más de mil años las penas acumuladas en su contra por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El ex uniformado fue sentenciado a 15 años de presidio por el secuestro calificado de Dignaldo Herminio Araneda Pizzini, detenido y desaparecido en 1974. El fallo fue emitido en primera instancia por la ministra en visita extraordinaria Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien confirmó la participación directa de Krassnoff en la detención y desaparición del joven militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Los hechos se remontan a la madrugada del 10 de agosto de 1974. Dignaldo Araneda, estudiante de la Universidad de Chile y oriundo de Concepción, se encontraba alojando temporalmente en una vivienda ubicada en la comuna de La Reina. Cerca de las 02:30 horas, agentes armados llegaron hasta el inmueble identificándose como miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Tras solicitar documentos de identidad y exhibir una orden de allanamiento dirigida a otro residente, Araneda fue detenido sin explicación formal ni información sobre su destino. Desde ese momento, su paradero se mantiene desconocido, según informó T13. La investigación judicial logró determinar que Araneda fue trasladado inicialmente al cuartel Londres 38, uno de los principales centros de detención clandestinos que operaron durante la dictadura. Testigos lo identificaron en dicho recinto, que estaba bajo el mando del mayor del Ejército Marcelo Moren Brito, fallecido en 2015. En ese lugar actuaban diversos agentes, entre ellos Miguel Krassnoff, quien en ese momento integraba la Brigada Caupolicán y ejercía como jefe del Grupo Halcón. Posteriormente, la víctima habría sido trasladada al centro de detención Cuatro Álamos, último recinto donde se le perdió definitivamente el rastro. Esta nueva sentencia se suma a una extensa lista de condenas dictadas contra Krassnoff por distintos delitos de lesa humanidad, lo que eleva sus penas acumuladas a más de mil años de cárcel. La resolución reafirma el carácter imprescriptible de los crímenes cometidos durante la dictadura. El fallo también establece que la desaparición forzada de Dignaldo Araneda se enmarca en un patrón sistemático de persecución política ejecutado por la DINA, organismo dirigido entonces por Manuel Contreras Sepúlveda. Desde el Estudio Caucoto Abogados, la abogada Carolina Vega valoró la sentencia y destacó su relevancia para la familia de la víctima. “Han pasado más de 50 años y recién ahora se dicta una sentencia por el secuestro calificado de Dignaldo Araneda. En un contexto hostil para los derechos humanos, una nueva condena contra Miguel Krassnoff constituye un acto de justicia”, señaló. Pese a las diligencias judiciales impulsadas durante décadas, el paradero de Dignaldo Herminio Araneda Pizzini continúa siendo desconocido, manteniéndose vigente la demanda de verdad, justicia y memoria por los crímenes cometidos durante la dictadura en Chile. Fuente: Publimetro
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado en tercer trámite la ley que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, como parte de las medidas implementadas por el gobierno en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. La propuesta, presentada en 2022 por legisladores de diversos sectores, establece la calificación legal de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura entre 1973 y 1990. Esto permitirá al Estado reconocer oficialmente su ausencia, emitir certificados gratuitos que confirmen dicha condición y ofrecer una herramienta simbólica crucial para las familias afectadas. El proyecto contempla la creación de un registro público, gratuito y digital a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. Este registro se basará en una lista elaborada por la Subsecretaría de Derechos Humanos en el marco del trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, incorporando información proveniente de comisiones de verdad y sentencias judiciales. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, enfatizó que: “A 52 años del golpe militar, hoy vamos a tener un registro oficial de las personas que fueron víctimas de la desaparición forzada, y sus familiares van a poder tener un certificado que diga que sus familiares se encuentran ausentes por desaparición forzada. Este es un paso muy significativo para que en nuestro país nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió durante la dictadura militar.” “Es una forma de reparación que dignifica a las víctimas y reconoce el derecho de las familias a la verdad. Además, es un paso clave en el desafío de fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia para esclarecer las trayectorias de las víctimas y apoyar las investigaciones judiciales. Con esta ley, Chile reafirma que la desaparición forzada fue una política sistemática del Estado durante la dictadura y que tenemos la obligación de seguir buscando, esclareciendo lo ocurrido y garantizando que estos crímenes no se repitan.”, resaltó la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla. Fuente: Publimetro
