La Defensoría de la Niñez ha tomado medidas legales en respuesta a los recientes casos de homicidios que han conmocionado al país. Se han presentado tres querellas, una por cada trágico suceso: el de una niña de 4 años en Antofagasta, el de un adolescente de 17 años en Cerro Navia y otro adolescente de la misma edad en Independencia. El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó la gravedad de estos hechos al afirmar: “Son hechos de la máxima gravedad y que no pueden ser relativizados”. La institución explicó que la presentación de querellas es una medida excepcional que se toma en situaciones de alto impacto social o cuando se detectan fallas graves en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, durante el año 2026, la Defensoría ha intervenido en casos considerados como de alto impacto, donde menores perdieron la vida, ya sea supervisando las acciones de las entidades competentes o emprendiendo acciones legales. Anuar Quesille subrayó que estos eventos no son aislados, sino que reflejan una realidad persistente y estructural de violencia contra la niñez en el país. Esta violencia se manifiesta en diversos contextos, desde el ámbito familiar hasta situaciones vinculadas a la criminalidad como balaceras o ajustes de cuentas. Las estadísticas revelan la gravedad del problema. Durante 2025, al menos 31 menores fallecieron a causa de armas de fuego, cifra que se suma a los 51 casos registrados en 2024 y los 42 en 2023. Además, entre 2021 y junio de 2025 se identificaron 159.776 víctimas menores de edad afectadas por vulneraciones de derechos, evidenciando un aumento constante en estos incidentes. El informe del Observatorio de Derechos de la Defensoría también señala que se registra un promedio de 1,46 ingresos por vulneraciones de derechos por cada niño, niña o adolescente, lo que indica trayectorias marcadas por múltiples vulneraciones y un sistema que no logra detener oportunamente estos ciclos. Ante esta situación, la Defensoría advierte que el problema es complejo y requiere una respuesta integral. Anuar Quesille afirmó: “Los homicidios de niños, niñas y adolescentes no ocurren en un solo contexto, sino en múltiples escenarios de riesgo. Esto confirma que no estamos frente a casos aislados, sino ante un fenómeno estructural que exige una respuesta coordinada del Estado y la sociedad”. Por otro lado, se destaca que las respuestas estatales hasta el momento no han sido suficientes para hacer frente a la gravedad del fenómeno. En palabras del Defensor de la Niñez: “Solo en el último año, la Defensoría ha presentado 27 querellas judiciales, principalmente por violencia sexual, lo que evidencia una intervención que, aunque busca justicia para las víctimas, sigue siendo tardía ante una violencia persistente”. Fuente: Publimetro
El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez ha alertado sobre el impacto que las expulsiones y cancelaciones de matrícula tienen en las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes en Chile, así como el riesgo de exclusión escolar asociado a estas medidas. Entre 2018 y junio de 2025 se registraron más de 7.500 expedientes de este tipo en establecimientos educacionales del país, con un aumento sostenido en los últimos años. Se ha observado un uso particularmente alto de estos procedimientos en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, así como una alta recurrencia en establecimientos emblemáticos, donde se ha registrado un incremento del 62% entre 2023 y 2024, incluso en educación básica. En el nivel de educación básica, se contabilizaron 1.560 expulsiones de estudiantes entre 1° y 8° básico entre 2022 y 2025, lo que refleja la aplicación de estas medidas disciplinarias en etapas tempranas de la trayectoria educativa. La Defensoría de la Niñez ha advertido previamente que un 12% de los estudiantes expulsados entre 2018 y 2022 no volvió a estar matriculado en el sistema escolar durante 2023, lo que evidencia las repercusiones negativas en la continuidad educativa y el ejercicio del derecho a la educación. El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, ha destacado que cuando el sistema educativo expulsa a un adolescente sin ofrecer alternativas reales de acompañamiento, no solo se interrumpe su aprendizaje, sino que se le expone a mayores riesgos de exclusión social. El análisis realizado por el Observatorio pone especial atención en la aplicación de estos procedimientos en establecimientos que reciben financiamiento público, identificando focos preocupantes especialmente en liceos técnico-profesionales y colegios emblemáticos, así como una afectación predominante en adolescentes de enseñanza media. Ante esta situación, la Defensoría ha reiterado la necesidad de reforzar estrategias de prevención, convivencia y mediación escolar; monitorear estrictamente el cumplimiento de la Ley de Inclusión Escolar; fortalecer el acompañamiento psicosocial en establecimientos con alta recurrencia de casos; y promover la participación activa de las familias y comunidades educativas en la resolución de conflictos. El análisis ya fue remitido al Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación vía oficio. Fuente: Publimetro
La Defensoría de la Niñez ha tomado medidas legales en respuesta a los recientes casos de homicidios que han conmocionado al país. Se han presentado tres querellas, una por cada trágico suceso: el de una niña de 4 años en Antofagasta, el de un adolescente de 17 años en Cerro Navia y otro adolescente de la misma edad en Independencia. El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó la gravedad de estos hechos al afirmar: “Son hechos de la máxima gravedad y que no pueden ser relativizados”. La institución explicó que la presentación de querellas es una medida excepcional que se toma en situaciones de alto impacto social o cuando se detectan fallas graves en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, durante el año 2026, la Defensoría ha intervenido en casos considerados como de alto impacto, donde menores perdieron la vida, ya sea supervisando las acciones de las entidades competentes o emprendiendo acciones legales. Anuar Quesille subrayó que estos eventos no son aislados, sino que reflejan una realidad persistente y estructural de violencia contra la niñez en el país. Esta violencia se manifiesta en diversos contextos, desde el ámbito familiar hasta situaciones vinculadas a la criminalidad como balaceras o ajustes de cuentas. Las estadísticas revelan la gravedad del problema. Durante 2025, al menos 31 menores fallecieron a causa de armas de fuego, cifra que se suma a los 51 casos registrados en 2024 y los 42 en 2023. Además, entre 2021 y junio de 2025 se identificaron 159.776 víctimas menores de edad afectadas por vulneraciones de derechos, evidenciando un aumento constante en estos incidentes. El informe del Observatorio de Derechos de la Defensoría también señala que se registra un promedio de 1,46 ingresos por vulneraciones de derechos por cada niño, niña o adolescente, lo que indica trayectorias marcadas por múltiples vulneraciones y un sistema que no logra detener oportunamente estos ciclos. Ante esta situación, la Defensoría advierte que el problema es complejo y requiere una respuesta integral. Anuar Quesille afirmó: “Los homicidios de niños, niñas y adolescentes no ocurren en un solo contexto, sino en múltiples escenarios de riesgo. Esto confirma que no estamos frente a casos aislados, sino ante un fenómeno estructural que exige una respuesta coordinada del Estado y la sociedad”. Por otro lado, se destaca que las respuestas estatales hasta el momento no han sido suficientes para hacer frente a la gravedad del fenómeno. En palabras del Defensor de la Niñez: “Solo en el último año, la Defensoría ha presentado 27 querellas judiciales, principalmente por violencia sexual, lo que evidencia una intervención que, aunque busca justicia para las víctimas, sigue siendo tardía ante una violencia persistente”. Fuente: Publimetro
El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez ha alertado sobre el impacto que las expulsiones y cancelaciones de matrícula tienen en las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes en Chile, así como el riesgo de exclusión escolar asociado a estas medidas. Entre 2018 y junio de 2025 se registraron más de 7.500 expedientes de este tipo en establecimientos educacionales del país, con un aumento sostenido en los últimos años. Se ha observado un uso particularmente alto de estos procedimientos en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, así como una alta recurrencia en establecimientos emblemáticos, donde se ha registrado un incremento del 62% entre 2023 y 2024, incluso en educación básica. En el nivel de educación básica, se contabilizaron 1.560 expulsiones de estudiantes entre 1° y 8° básico entre 2022 y 2025, lo que refleja la aplicación de estas medidas disciplinarias en etapas tempranas de la trayectoria educativa. La Defensoría de la Niñez ha advertido previamente que un 12% de los estudiantes expulsados entre 2018 y 2022 no volvió a estar matriculado en el sistema escolar durante 2023, lo que evidencia las repercusiones negativas en la continuidad educativa y el ejercicio del derecho a la educación. El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, ha destacado que cuando el sistema educativo expulsa a un adolescente sin ofrecer alternativas reales de acompañamiento, no solo se interrumpe su aprendizaje, sino que se le expone a mayores riesgos de exclusión social. El análisis realizado por el Observatorio pone especial atención en la aplicación de estos procedimientos en establecimientos que reciben financiamiento público, identificando focos preocupantes especialmente en liceos técnico-profesionales y colegios emblemáticos, así como una afectación predominante en adolescentes de enseñanza media. Ante esta situación, la Defensoría ha reiterado la necesidad de reforzar estrategias de prevención, convivencia y mediación escolar; monitorear estrictamente el cumplimiento de la Ley de Inclusión Escolar; fortalecer el acompañamiento psicosocial en establecimientos con alta recurrencia de casos; y promover la participación activa de las familias y comunidades educativas en la resolución de conflictos. El análisis ya fue remitido al Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación vía oficio. Fuente: Publimetro
