El Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha solicitado la renuncia del director general de Crédito Prendario, Cristóbal Sepúlveda Miranda. Esta decisión se tomó después de que un informe de la Contraloría General de la República (CGR) revelara que personas con antecedentes penales pudieron empeñar bienes en la institución sin los controles adecuados. Según el comunicado oficial, el cargo fue proveído a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), por lo que la subrogancia legal recaerá desde hoy en el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso. El informe de la Contraloría, correspondiente a una fiscalización realizada entre 2023 y 2024, concluyó que la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep) no implementó mecanismos suficientes para verificar la procedencia de los objetos empeñados ni estableció filtros para evitar que personas con antecedentes judiciales accedieran al servicio, lo que podría facilitar actividades delictivas como el lavado de activos. De acuerdo con el organismo fiscalizador, la entidad aceptó prendas sin verificar adecuadamente su procedencia al no exigir más requisitos que ser mayor de edad y presentar la cédula de identidad. Incluso se detectaron casos en los que clientes utilizaron el servicio hasta 230 veces en un año, lo que podría indicar un uso indebido por parte de individuos no autorizados o con antecedentes cuestionables. El informe N° 400 de 2025 detalló que según los sistemas del servicio, en 2023 hubo 4.769 usuarios con transacciones recurrentes, entre 10 y 229 operaciones por persona, por un total de $7.139 millones. En 2024, la cifra subió a 4.895 usuarios, con operaciones que alcanzaron los $7.290 millones, y una frecuencia de hasta 230 empeños por persona. Además, se identificó que 1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas. La CGR expresó su preocupación al afirmar que a pesar de estas irregularidades, el servicio no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades competentes. La situación ha generado un llamado a revisar los protocolos y controles internos para prevenir futuros problemas relacionados con el uso inapropiado del sistema de crédito prendario. Fuente: Publimetro
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha solicitado la renuncia del director general de Crédito Prendario, Cristóbal Sepúlveda Miranda. Esta decisión se tomó después de que un informe de la Contraloría General de la República (CGR) revelara que personas con antecedentes penales pudieron empeñar bienes en la institución sin los controles adecuados. Según el comunicado oficial, el cargo fue proveído a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), por lo que la subrogancia legal recaerá desde hoy en el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso. El informe de la Contraloría, correspondiente a una fiscalización realizada entre 2023 y 2024, concluyó que la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep) no implementó mecanismos suficientes para verificar la procedencia de los objetos empeñados ni estableció filtros para evitar que personas con antecedentes judiciales accedieran al servicio, lo que podría facilitar actividades delictivas como el lavado de activos. De acuerdo con el organismo fiscalizador, la entidad aceptó prendas sin verificar adecuadamente su procedencia al no exigir más requisitos que ser mayor de edad y presentar la cédula de identidad. Incluso se detectaron casos en los que clientes utilizaron el servicio hasta 230 veces en un año, lo que podría indicar un uso indebido por parte de individuos no autorizados o con antecedentes cuestionables. El informe N° 400 de 2025 detalló que según los sistemas del servicio, en 2023 hubo 4.769 usuarios con transacciones recurrentes, entre 10 y 229 operaciones por persona, por un total de $7.139 millones. En 2024, la cifra subió a 4.895 usuarios, con operaciones que alcanzaron los $7.290 millones, y una frecuencia de hasta 230 empeños por persona. Además, se identificó que 1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas. La CGR expresó su preocupación al afirmar que a pesar de estas irregularidades, el servicio no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades competentes. La situación ha generado un llamado a revisar los protocolos y controles internos para prevenir futuros problemas relacionados con el uso inapropiado del sistema de crédito prendario. Fuente: Publimetro
