El Gobierno ha expresado su disposición a retirar por completo su reforma constitucional en materia de seguridad, si esa decisión facilita llegar a un acuerdo transversal y avanzar con una nueva propuesta en el Congreso. Esta posibilidad fue confirmada por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, luego de una reunión en La Moneda, en medio de las negociaciones para destrabar la iniciativa. “El Gobierno ha dicho que, si es necesario para avanzar en las reformas constitucionales, no tiene problema en bajar su propuesta”, afirmó Squella. La idea sería reemplazar el proyecto original por un nuevo texto que incluya propuestas surgidas durante la discusión parlamentaria, como las trabajadas por el senador RN Andrés Longton y otros miembros de la Comisión de Constitución del Senado. La reforma original fue presentada por el Presidente José Antonio Kast en agosto como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Entre otras medidas, contemplaba consagrar constitucionalmente la seguridad pública como un deber del Estado, crear un nuevo estado de excepción, establecer un registro de organizaciones criminales y disponer regímenes penitenciarios diferenciados. Sin embargo, durante su tramitación la propuesta enfrentó dificultades para reunir los votos necesarios. A comienzos de septiembre, el Ejecutivo ya había retirado la suma urgencia y posteriormente se trabajó en una fórmula que reducía de ocho a tres los principales ejes de la iniciativa. Squella explicó que ahora buscan construir una propuesta que pueda sumar nuevas indicaciones y obtener un respaldo más amplio en el Senado. El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, confirmó la disposición expresada por el Ejecutivo, aunque aclaró que retirar el proyecto no sería un paso inmediato. Según Araya, la medida se adoptaría “en la medida en que exista un texto constitucional alternativo” que permita continuar con la discusión. “Ellos estarían en disposición de retirar esta reforma para que se pueda destrabar la discusión y avanzar en lo que nos interesa a todos: contar con un Estado mucho más fuerte para combatir la delincuencia y el crimen organizado”, señaló Araya. En cuanto a los plazos, el senador indicó que hay intención de avanzar rápidamente y que, si se logra un acuerdo entre el Ejecutivo y la Comisión de Constitución, esperan resolverlo durante esta semana. Fuente: Publimetro
En el marco de las discusiones parlamentarias orientadas a robustecer el marco jurídico e institucional contra la delincuencia transnacional y las asociaciones ilícitas, un grupo transversal de legisladores liderado por la bancada de Renovación Nacional (RN) ingresó un proyecto de ley que introduce un inédito sistema de incentivos financieros. La propuesta técnica busca facultar legalmente al Estado para otorgar recompensas económicas a aquellas personas que proporcionen antecedentes sustanciales, estratégicos y determinantes para la persecución, captura y desarticulación de organizaciones criminales operativas en el territorio nacional. De acuerdo con el cuerpo del proyecto, el mecanismo de asignación de los fondos públicos quedará radicado en la figura del Presidente de la República, quien poseerá la atribución de establecer los montos y los casos objetivos mediante la dictación de un decreto supremo. Para la validez del incentivo, la normativa propuesta estipula un estricto estándar de admisibilidad: los datos entregados por los cooperadores deben ser de carácter rigurosamente voluntario, técnicamente verificables por los equipos de inteligencia y completamente desconocidos por las autoridades judiciales o policiales al momento de la delación. Asimismo, el texto legal incorpora un estatuto de protección de identidad para los informantes y sanciones penales específicas para quienes suministren testimonios o pruebas falsas con el fin de distorsionar los procesos de búsqueda. Los promotores de la iniciativa enfatizaron que la gravedad del escenario delictual actual requiere romper con los esquemas tradicionales de persecución penal. El jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, defendió la necesidad de incorporar metodologías de incentivos que ya se utilizan en otras jurisdicciones internacionales occidentales para penetrar las estructuras herméticas de las bandas organizadas. “Buscamos contar con mejores instrumentos para capturar prófugos, desbaratar bandas criminales y devolver la tranquilidad a las familias. La seguridad debe seguir siendo la primera prioridad del país”, argumentó de forma taxativa el diputado Schalper. Por su parte, el diputado por la Región de Los Lagos, Mauro González, salió al paso de los cuestionamientos respecto a una eventual privatización de las labores de inteligencia, aclarando que el articulado no altera las competencias orgánicas del Estado. El parlamentario precisó que la medida “no reemplaza el trabajo del Ministerio Público ni de las policías”, sino que opera como “una herramienta adicional para facilitar investigaciones altamente complejas” que suelen estancarse por el temor de los testigos o el silencio de los entornos periféricos de las bandas. Uno de los ejes más debatidos del proyecto guarda relación con la seguridad de quienes decidan acogerse a este beneficio saliendo del anonimato tradicional de las denuncias vecinales. El diputado Francisco Orrego remarcó que el éxito del sistema de recompensas dependerá directamente de la confianza que tengan los ciudadanos en los sistemas informáticos y encriptación del Estado. Según detalló Orrego, el objetivo medular es incentivar el flujo de datos precisos para “esclarecer delitos graves y desbaratar raíz a estas bandas criminales”, insistiendo en que ante modelos criminales que controlan territorios mediante intimidación, el quiebre pactos silencio a través incentivos económicos y protección real puede constituir “una pieza clave para recuperar nuestra seguridad y tranquilidad”. El proyecto iniciará ahora su tramitación legislativa en comisiones técnicas Cámara Diputadas Diputados, donde se evaluarán impactos presupuestarios metodologías resguardo testigos cooperas. Fuente: Publimetro
En una extensa jornada legislativa durante la madrugada de este jueves, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Conocida como la “megarreforma”, esta iniciativa avanzó tras revisar más de 1.600 indicaciones presentadas por parlamentarios y el Ejecutivo. Uno de los puntos más debatidos fue la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, también llamado impuesto corporativo, que actualmente se sitúa en un 27% y se propone reducir hasta un 23% para las grandes empresas. El respaldo a esta propuesta provino de diputados del Partido Nacional Libertario, Partido Republicano, UDI, RN y parte del PDG. En contraste, la DC se abstuvo y los legisladores del PPD, Frente Amplio y Partido Comunista votaron en contra. Este proyecto forma parte del Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por Kast en abril pasado e incluye medidas económicas, tributarias y sociales destinadas a reactivar el crecimiento y recuperar el empleo. Entre las acciones contempladas se encuentran beneficios tributarios para pymes, agilización de permisos de inversión, rebajas temporales del IVA para viviendas nuevas y aumento de fondos para zonas afectadas por incendios en regiones como Valparaíso, Ñuble y Biobío. Otro artículo aprobado implica elevar el fondo de reconstrucción desde $800 mil millones a $1,2 billones para financiar viviendas e infraestructura en áreas afectadas por incendios forestales. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido la iniciativa argumentando que busca mejorar la competitividad de Chile y crear un entorno más propicio para la inversión y el empleo. Sin embargo, tanto la oposición como diversos organismos técnicos han expresado preocupación sobre el impacto fiscal del proyecto. Incluso el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido sobre posibles riesgos para la sostenibilidad de las cuentas públicas debido al costo de las medidas tributarias incluidas en la reforma. La iniciativa continuará su discusión en otras comisiones de la Cámara antes de someterse nuevamente a votación en sala. Fuente: Publimetro
El Gobierno ha expresado su disposición a retirar por completo su reforma constitucional en materia de seguridad, si esa decisión facilita llegar a un acuerdo transversal y avanzar con una nueva propuesta en el Congreso. Esta posibilidad fue confirmada por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, luego de una reunión en La Moneda, en medio de las negociaciones para destrabar la iniciativa. “El Gobierno ha dicho que, si es necesario para avanzar en las reformas constitucionales, no tiene problema en bajar su propuesta”, afirmó Squella. La idea sería reemplazar el proyecto original por un nuevo texto que incluya propuestas surgidas durante la discusión parlamentaria, como las trabajadas por el senador RN Andrés Longton y otros miembros de la Comisión de Constitución del Senado. La reforma original fue presentada por el Presidente José Antonio Kast en agosto como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Entre otras medidas, contemplaba consagrar constitucionalmente la seguridad pública como un deber del Estado, crear un nuevo estado de excepción, establecer un registro de organizaciones criminales y disponer regímenes penitenciarios diferenciados. Sin embargo, durante su tramitación la propuesta enfrentó dificultades para reunir los votos necesarios. A comienzos de septiembre, el Ejecutivo ya había retirado la suma urgencia y posteriormente se trabajó en una fórmula que reducía de ocho a tres los principales ejes de la iniciativa. Squella explicó que ahora buscan construir una propuesta que pueda sumar nuevas indicaciones y obtener un respaldo más amplio en el Senado. El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, confirmó la disposición expresada por el Ejecutivo, aunque aclaró que retirar el proyecto no sería un paso inmediato. Según Araya, la medida se adoptaría “en la medida en que exista un texto constitucional alternativo” que permita continuar con la discusión. “Ellos estarían en disposición de retirar esta reforma para que se pueda destrabar la discusión y avanzar en lo que nos interesa a todos: contar con un Estado mucho más fuerte para combatir la delincuencia y el crimen organizado”, señaló Araya. En cuanto a los plazos, el senador indicó que hay intención de avanzar rápidamente y que, si se logra un acuerdo entre el Ejecutivo y la Comisión de Constitución, esperan resolverlo durante esta semana. Fuente: Publimetro
En el marco de las discusiones parlamentarias orientadas a robustecer el marco jurídico e institucional contra la delincuencia transnacional y las asociaciones ilícitas, un grupo transversal de legisladores liderado por la bancada de Renovación Nacional (RN) ingresó un proyecto de ley que introduce un inédito sistema de incentivos financieros. La propuesta técnica busca facultar legalmente al Estado para otorgar recompensas económicas a aquellas personas que proporcionen antecedentes sustanciales, estratégicos y determinantes para la persecución, captura y desarticulación de organizaciones criminales operativas en el territorio nacional. De acuerdo con el cuerpo del proyecto, el mecanismo de asignación de los fondos públicos quedará radicado en la figura del Presidente de la República, quien poseerá la atribución de establecer los montos y los casos objetivos mediante la dictación de un decreto supremo. Para la validez del incentivo, la normativa propuesta estipula un estricto estándar de admisibilidad: los datos entregados por los cooperadores deben ser de carácter rigurosamente voluntario, técnicamente verificables por los equipos de inteligencia y completamente desconocidos por las autoridades judiciales o policiales al momento de la delación. Asimismo, el texto legal incorpora un estatuto de protección de identidad para los informantes y sanciones penales específicas para quienes suministren testimonios o pruebas falsas con el fin de distorsionar los procesos de búsqueda. Los promotores de la iniciativa enfatizaron que la gravedad del escenario delictual actual requiere romper con los esquemas tradicionales de persecución penal. El jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, defendió la necesidad de incorporar metodologías de incentivos que ya se utilizan en otras jurisdicciones internacionales occidentales para penetrar las estructuras herméticas de las bandas organizadas. “Buscamos contar con mejores instrumentos para capturar prófugos, desbaratar bandas criminales y devolver la tranquilidad a las familias. La seguridad debe seguir siendo la primera prioridad del país”, argumentó de forma taxativa el diputado Schalper. Por su parte, el diputado por la Región de Los Lagos, Mauro González, salió al paso de los cuestionamientos respecto a una eventual privatización de las labores de inteligencia, aclarando que el articulado no altera las competencias orgánicas del Estado. El parlamentario precisó que la medida “no reemplaza el trabajo del Ministerio Público ni de las policías”, sino que opera como “una herramienta adicional para facilitar investigaciones altamente complejas” que suelen estancarse por el temor de los testigos o el silencio de los entornos periféricos de las bandas. Uno de los ejes más debatidos del proyecto guarda relación con la seguridad de quienes decidan acogerse a este beneficio saliendo del anonimato tradicional de las denuncias vecinales. El diputado Francisco Orrego remarcó que el éxito del sistema de recompensas dependerá directamente de la confianza que tengan los ciudadanos en los sistemas informáticos y encriptación del Estado. Según detalló Orrego, el objetivo medular es incentivar el flujo de datos precisos para “esclarecer delitos graves y desbaratar raíz a estas bandas criminales”, insistiendo en que ante modelos criminales que controlan territorios mediante intimidación, el quiebre pactos silencio a través incentivos económicos y protección real puede constituir “una pieza clave para recuperar nuestra seguridad y tranquilidad”. El proyecto iniciará ahora su tramitación legislativa en comisiones técnicas Cámara Diputadas Diputados, donde se evaluarán impactos presupuestarios metodologías resguardo testigos cooperas. Fuente: Publimetro
En una extensa jornada legislativa durante la madrugada de este jueves, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Conocida como la “megarreforma”, esta iniciativa avanzó tras revisar más de 1.600 indicaciones presentadas por parlamentarios y el Ejecutivo. Uno de los puntos más debatidos fue la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, también llamado impuesto corporativo, que actualmente se sitúa en un 27% y se propone reducir hasta un 23% para las grandes empresas. El respaldo a esta propuesta provino de diputados del Partido Nacional Libertario, Partido Republicano, UDI, RN y parte del PDG. En contraste, la DC se abstuvo y los legisladores del PPD, Frente Amplio y Partido Comunista votaron en contra. Este proyecto forma parte del Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por Kast en abril pasado e incluye medidas económicas, tributarias y sociales destinadas a reactivar el crecimiento y recuperar el empleo. Entre las acciones contempladas se encuentran beneficios tributarios para pymes, agilización de permisos de inversión, rebajas temporales del IVA para viviendas nuevas y aumento de fondos para zonas afectadas por incendios en regiones como Valparaíso, Ñuble y Biobío. Otro artículo aprobado implica elevar el fondo de reconstrucción desde $800 mil millones a $1,2 billones para financiar viviendas e infraestructura en áreas afectadas por incendios forestales. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido la iniciativa argumentando que busca mejorar la competitividad de Chile y crear un entorno más propicio para la inversión y el empleo. Sin embargo, tanto la oposición como diversos organismos técnicos han expresado preocupación sobre el impacto fiscal del proyecto. Incluso el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido sobre posibles riesgos para la sostenibilidad de las cuentas públicas debido al costo de las medidas tributarias incluidas en la reforma. La iniciativa continuará su discusión en otras comisiones de la Cámara antes de someterse nuevamente a votación en sala. Fuente: Publimetro
