En el marco de las discusiones parlamentarias orientadas a robustecer el marco jurídico e institucional contra la delincuencia transnacional y las asociaciones ilícitas, un grupo transversal de legisladores liderado por la bancada de Renovación Nacional (RN) ingresó un proyecto de ley que introduce un inédito sistema de incentivos financieros. La propuesta técnica busca facultar legalmente al Estado para otorgar recompensas económicas a aquellas personas que proporcionen antecedentes sustanciales, estratégicos y determinantes para la persecución, captura y desarticulación de organizaciones criminales operativas en el territorio nacional. De acuerdo con el cuerpo del proyecto, el mecanismo de asignación de los fondos públicos quedará radicado en la figura del Presidente de la República, quien poseerá la atribución de establecer los montos y los casos objetivos mediante la dictación de un decreto supremo. Para la validez del incentivo, la normativa propuesta estipula un estricto estándar de admisibilidad: los datos entregados por los cooperadores deben ser de carácter rigurosamente voluntario, técnicamente verificables por los equipos de inteligencia y completamente desconocidos por las autoridades judiciales o policiales al momento de la delación. Asimismo, el texto legal incorpora un estatuto de protección de identidad para los informantes y sanciones penales específicas para quienes suministren testimonios o pruebas falsas con el fin de distorsionar los procesos de búsqueda. Los promotores de la iniciativa enfatizaron que la gravedad del escenario delictual actual requiere romper con los esquemas tradicionales de persecución penal. El jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, defendió la necesidad de incorporar metodologías de incentivos que ya se utilizan en otras jurisdicciones internacionales occidentales para penetrar las estructuras herméticas de las bandas organizadas. “Buscamos contar con mejores instrumentos para capturar prófugos, desbaratar bandas criminales y devolver la tranquilidad a las familias. La seguridad debe seguir siendo la primera prioridad del país”, argumentó de forma taxativa el diputado Schalper. Por su parte, el diputado por la Región de Los Lagos, Mauro González, salió al paso de los cuestionamientos respecto a una eventual privatización de las labores de inteligencia, aclarando que el articulado no altera las competencias orgánicas del Estado. El parlamentario precisó que la medida “no reemplaza el trabajo del Ministerio Público ni de las policías”, sino que opera como “una herramienta adicional para facilitar investigaciones altamente complejas” que suelen estancarse por el temor de los testigos o el silencio de los entornos periféricos de las bandas. Uno de los ejes más debatidos del proyecto guarda relación con la seguridad de quienes decidan acogerse a este beneficio saliendo del anonimato tradicional de las denuncias vecinales. El diputado Francisco Orrego remarcó que el éxito del sistema de recompensas dependerá directamente de la confianza que tengan los ciudadanos en los sistemas informáticos y encriptación del Estado. Según detalló Orrego, el objetivo medular es incentivar el flujo de datos precisos para “esclarecer delitos graves y desbaratar raíz a estas bandas criminales”, insistiendo en que ante modelos criminales que controlan territorios mediante intimidación, el quiebre pactos silencio a través incentivos económicos y protección real puede constituir “una pieza clave para recuperar nuestra seguridad y tranquilidad”. El proyecto iniciará ahora su tramitación legislativa en comisiones técnicas Cámara Diputadas Diputados, donde se evaluarán impactos presupuestarios metodologías resguardo testigos cooperas. Fuente: Publimetro
En una extensa jornada legislativa durante la madrugada de este jueves, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Conocida como la “megarreforma”, esta iniciativa avanzó tras revisar más de 1.600 indicaciones presentadas por parlamentarios y el Ejecutivo. Uno de los puntos más debatidos fue la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, también llamado impuesto corporativo, que actualmente se sitúa en un 27% y se propone reducir hasta un 23% para las grandes empresas. El respaldo a esta propuesta provino de diputados del Partido Nacional Libertario, Partido Republicano, UDI, RN y parte del PDG. En contraste, la DC se abstuvo y los legisladores del PPD, Frente Amplio y Partido Comunista votaron en contra. Este proyecto forma parte del Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por Kast en abril pasado e incluye medidas económicas, tributarias y sociales destinadas a reactivar el crecimiento y recuperar el empleo. Entre las acciones contempladas se encuentran beneficios tributarios para pymes, agilización de permisos de inversión, rebajas temporales del IVA para viviendas nuevas y aumento de fondos para zonas afectadas por incendios en regiones como Valparaíso, Ñuble y Biobío. Otro artículo aprobado implica elevar el fondo de reconstrucción desde $800 mil millones a $1,2 billones para financiar viviendas e infraestructura en áreas afectadas por incendios forestales. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido la iniciativa argumentando que busca mejorar la competitividad de Chile y crear un entorno más propicio para la inversión y el empleo. Sin embargo, tanto la oposición como diversos organismos técnicos han expresado preocupación sobre el impacto fiscal del proyecto. Incluso el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido sobre posibles riesgos para la sostenibilidad de las cuentas públicas debido al costo de las medidas tributarias incluidas en la reforma. La iniciativa continuará su discusión en otras comisiones de la Cámara antes de someterse nuevamente a votación en sala. Fuente: Publimetro
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se presentó ante la Comisión de Seguridad del Senado el miércoles 8 de abril para abordar la salida de Consuelo Peña, exsubdirectora de Inteligencia de la PDI. Steinert negó rotundamente cualquier implicación en la decisión de Peña de abandonar su cargo. En respuesta a las especulaciones sobre posibles motivos personales detrás del traslado del subprefecto Mauricio Fuentes y la posterior salida de Peña, la ministra desmintió cualquier pasada de cuentas y rechazó las acusaciones infundadas que circularon en torno a su supuesta participación en el asunto. Steinert expresó su malestar por las críticas recibidas, calificándolas como vejatorias y desmintiendo categóricamente cualquier insinuación sobre motivos amorosos en el trasfondo de la situación. Enfatizó que tales versiones distorsionadas no reflejan la realidad y generan un ambiente incómodo e injusto. La ministra hizo hincapié en su trayectoria como fiscal desde 2005 y reafirmó su compromiso con la seguridad pública, destacando su interés en colaborar con todas las instituciones pertinentes para fortalecer la seguridad nacional y servir al país de manera honorable. El senador Juan Luis Castro, quien interrogó a Steinert sobre el caso de Consuelo Peña, manifestó su confianza en las declaraciones de la ministra. Sin embargo, expresó algunas dudas respecto al procedimiento seguido y solicitó que la Contraloría se pronuncie al respecto. Fuente: Publimetro
En el marco de las discusiones parlamentarias orientadas a robustecer el marco jurídico e institucional contra la delincuencia transnacional y las asociaciones ilícitas, un grupo transversal de legisladores liderado por la bancada de Renovación Nacional (RN) ingresó un proyecto de ley que introduce un inédito sistema de incentivos financieros. La propuesta técnica busca facultar legalmente al Estado para otorgar recompensas económicas a aquellas personas que proporcionen antecedentes sustanciales, estratégicos y determinantes para la persecución, captura y desarticulación de organizaciones criminales operativas en el territorio nacional. De acuerdo con el cuerpo del proyecto, el mecanismo de asignación de los fondos públicos quedará radicado en la figura del Presidente de la República, quien poseerá la atribución de establecer los montos y los casos objetivos mediante la dictación de un decreto supremo. Para la validez del incentivo, la normativa propuesta estipula un estricto estándar de admisibilidad: los datos entregados por los cooperadores deben ser de carácter rigurosamente voluntario, técnicamente verificables por los equipos de inteligencia y completamente desconocidos por las autoridades judiciales o policiales al momento de la delación. Asimismo, el texto legal incorpora un estatuto de protección de identidad para los informantes y sanciones penales específicas para quienes suministren testimonios o pruebas falsas con el fin de distorsionar los procesos de búsqueda. Los promotores de la iniciativa enfatizaron que la gravedad del escenario delictual actual requiere romper con los esquemas tradicionales de persecución penal. El jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, defendió la necesidad de incorporar metodologías de incentivos que ya se utilizan en otras jurisdicciones internacionales occidentales para penetrar las estructuras herméticas de las bandas organizadas. “Buscamos contar con mejores instrumentos para capturar prófugos, desbaratar bandas criminales y devolver la tranquilidad a las familias. La seguridad debe seguir siendo la primera prioridad del país”, argumentó de forma taxativa el diputado Schalper. Por su parte, el diputado por la Región de Los Lagos, Mauro González, salió al paso de los cuestionamientos respecto a una eventual privatización de las labores de inteligencia, aclarando que el articulado no altera las competencias orgánicas del Estado. El parlamentario precisó que la medida “no reemplaza el trabajo del Ministerio Público ni de las policías”, sino que opera como “una herramienta adicional para facilitar investigaciones altamente complejas” que suelen estancarse por el temor de los testigos o el silencio de los entornos periféricos de las bandas. Uno de los ejes más debatidos del proyecto guarda relación con la seguridad de quienes decidan acogerse a este beneficio saliendo del anonimato tradicional de las denuncias vecinales. El diputado Francisco Orrego remarcó que el éxito del sistema de recompensas dependerá directamente de la confianza que tengan los ciudadanos en los sistemas informáticos y encriptación del Estado. Según detalló Orrego, el objetivo medular es incentivar el flujo de datos precisos para “esclarecer delitos graves y desbaratar raíz a estas bandas criminales”, insistiendo en que ante modelos criminales que controlan territorios mediante intimidación, el quiebre pactos silencio a través incentivos económicos y protección real puede constituir “una pieza clave para recuperar nuestra seguridad y tranquilidad”. El proyecto iniciará ahora su tramitación legislativa en comisiones técnicas Cámara Diputadas Diputados, donde se evaluarán impactos presupuestarios metodologías resguardo testigos cooperas. Fuente: Publimetro
En una extensa jornada legislativa durante la madrugada de este jueves, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Conocida como la “megarreforma”, esta iniciativa avanzó tras revisar más de 1.600 indicaciones presentadas por parlamentarios y el Ejecutivo. Uno de los puntos más debatidos fue la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, también llamado impuesto corporativo, que actualmente se sitúa en un 27% y se propone reducir hasta un 23% para las grandes empresas. El respaldo a esta propuesta provino de diputados del Partido Nacional Libertario, Partido Republicano, UDI, RN y parte del PDG. En contraste, la DC se abstuvo y los legisladores del PPD, Frente Amplio y Partido Comunista votaron en contra. Este proyecto forma parte del Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por Kast en abril pasado e incluye medidas económicas, tributarias y sociales destinadas a reactivar el crecimiento y recuperar el empleo. Entre las acciones contempladas se encuentran beneficios tributarios para pymes, agilización de permisos de inversión, rebajas temporales del IVA para viviendas nuevas y aumento de fondos para zonas afectadas por incendios en regiones como Valparaíso, Ñuble y Biobío. Otro artículo aprobado implica elevar el fondo de reconstrucción desde $800 mil millones a $1,2 billones para financiar viviendas e infraestructura en áreas afectadas por incendios forestales. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido la iniciativa argumentando que busca mejorar la competitividad de Chile y crear un entorno más propicio para la inversión y el empleo. Sin embargo, tanto la oposición como diversos organismos técnicos han expresado preocupación sobre el impacto fiscal del proyecto. Incluso el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido sobre posibles riesgos para la sostenibilidad de las cuentas públicas debido al costo de las medidas tributarias incluidas en la reforma. La iniciativa continuará su discusión en otras comisiones de la Cámara antes de someterse nuevamente a votación en sala. Fuente: Publimetro
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se presentó ante la Comisión de Seguridad del Senado el miércoles 8 de abril para abordar la salida de Consuelo Peña, exsubdirectora de Inteligencia de la PDI. Steinert negó rotundamente cualquier implicación en la decisión de Peña de abandonar su cargo. En respuesta a las especulaciones sobre posibles motivos personales detrás del traslado del subprefecto Mauricio Fuentes y la posterior salida de Peña, la ministra desmintió cualquier pasada de cuentas y rechazó las acusaciones infundadas que circularon en torno a su supuesta participación en el asunto. Steinert expresó su malestar por las críticas recibidas, calificándolas como vejatorias y desmintiendo categóricamente cualquier insinuación sobre motivos amorosos en el trasfondo de la situación. Enfatizó que tales versiones distorsionadas no reflejan la realidad y generan un ambiente incómodo e injusto. La ministra hizo hincapié en su trayectoria como fiscal desde 2005 y reafirmó su compromiso con la seguridad pública, destacando su interés en colaborar con todas las instituciones pertinentes para fortalecer la seguridad nacional y servir al país de manera honorable. El senador Juan Luis Castro, quien interrogó a Steinert sobre el caso de Consuelo Peña, manifestó su confianza en las declaraciones de la ministra. Sin embargo, expresó algunas dudas respecto al procedimiento seguido y solicitó que la Contraloría se pronuncie al respecto. Fuente: Publimetro
