El Gobierno ha descartado la realización de una auditoría externa internacional al Estado, medida que había sido prometida durante la campaña presidencial como parte de las acciones para promover la transparencia en la gestión pública. De acuerdo con lo informado, la decisión se debe a la escasez de recursos fiscales disponibles. En el transcurso de la campaña, el Gobierno había propuesto llevar a cabo una auditoría exhaustiva al Estado, que contemplaba la participación de la Contraloría y empresas internacionales para examinar ministerios, servicios públicos y entidades estatales. El propósito de esta iniciativa era identificar posibles irregularidades, sobreprecios y contrataciones indebidas, además de transparentar el uso de los fondos públicos. A pesar de descartar la auditoría externa, el Gobierno ha dado inicio el 20 de marzo a un proceso de revisión interna, solicitando a los organismos públicos que proporcionen información sobre el uso de los recursos fiscales desde 2025 hasta marzo de 2026. Esta labor está siendo llevada a cabo por un Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, cuya finalidad es elaborar un informe detallado sobre la situación financiera del Estado. La decisión ha generado críticas por parte de algunos sectores, quienes consideran que la auditoría externa era fundamental para asegurar la imparcialidad en el proceso de revisión. No obstante, desde el Gobierno argumentan que el proceso interno permitirá avanzar en el análisis del gasto público utilizando los recursos disponibles. Esta determinación se da en un contexto de restricciones fiscales, donde el Gobierno ha debido priorizar el uso eficiente de los recursos y ajustar diversas iniciativas. En este escenario, la auditoría externa —que implicaba contratar empresas internacionales— ha quedado fuera de las prioridades inmediatas del Ejecutivo. Fuente: Publimetro
El Gobierno ha descartado la realización de una auditoría externa internacional al Estado, medida que había sido prometida durante la campaña presidencial como parte de las acciones para promover la transparencia en la gestión pública. De acuerdo con lo informado, la decisión se debe a la escasez de recursos fiscales disponibles. En el transcurso de la campaña, el Gobierno había propuesto llevar a cabo una auditoría exhaustiva al Estado, que contemplaba la participación de la Contraloría y empresas internacionales para examinar ministerios, servicios públicos y entidades estatales. El propósito de esta iniciativa era identificar posibles irregularidades, sobreprecios y contrataciones indebidas, además de transparentar el uso de los fondos públicos. A pesar de descartar la auditoría externa, el Gobierno ha dado inicio el 20 de marzo a un proceso de revisión interna, solicitando a los organismos públicos que proporcionen información sobre el uso de los recursos fiscales desde 2025 hasta marzo de 2026. Esta labor está siendo llevada a cabo por un Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, cuya finalidad es elaborar un informe detallado sobre la situación financiera del Estado. La decisión ha generado críticas por parte de algunos sectores, quienes consideran que la auditoría externa era fundamental para asegurar la imparcialidad en el proceso de revisión. No obstante, desde el Gobierno argumentan que el proceso interno permitirá avanzar en el análisis del gasto público utilizando los recursos disponibles. Esta determinación se da en un contexto de restricciones fiscales, donde el Gobierno ha debido priorizar el uso eficiente de los recursos y ajustar diversas iniciativas. En este escenario, la auditoría externa —que implicaba contratar empresas internacionales— ha quedado fuera de las prioridades inmediatas del Ejecutivo. Fuente: Publimetro
