Un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito de San Borja, en Lima, ha denunciado una presunta agresión sexual que tuvo lugar el 15 de septiembre de 2026 dentro de un bus escolar, al regresar de una competencia deportiva. Este caso ha generado investigaciones judiciales y administrativas en Perú. La denuncia fue interpuesta por los padres del adolescente y, como resultado, la Policía intervino inicialmente a diez estudiantes de quinto de secundaria. La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició una investigación y el adolescente fue entrevistado mediante Cámara Gesell como parte de las diligencias. De los diez adolescentes retenidos inicialmente, cuatro fueron liberados y seis continúan vinculados al proceso judicial. El Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para estos últimos y su traslado al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. Esta medida tiene como objetivo asegurar su presencia durante el proceso sin constituir una sentencia. La Fiscalía ha recopilado declaraciones de los involucrados, policías y padres denunciantes, así como el reconocimiento médico-legal del joven afectado. El Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima ha establecido medidas de protección para el adolescente, incluyendo restricciones para evitar acciones en su contra en espacios privados o redes sociales, terapias psicológicas obligatorias para los investigados y patrullaje policial periódico cerca de su domicilio. La Defensoría del Pueblo de Perú ha exigido una investigación exhaustiva, rápida y transparente para determinar responsabilidades en este caso. Además, ha desplegado un equipo legal y emocional para brindar apoyo al adolescente y su familia durante las diligencias. La institución también solicita que las autoridades garanticen medidas efectivas de protección y supervisará el proceso. Las acciones no se limitan a los adolescentes involucrados. La Marina de Guerra del Perú ha suspendido temporalmente a la directora del Liceo Naval, un docente y el entrenador de fútbol mientras se esclarecen los hechos relacionados con el traslado de los estudiantes. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana e Indecopi también han iniciado procedimientos relacionados con el cumplimiento de protocolos en la institución. La Defensoría supervisa las medidas adoptadas por el colegio para abordar este caso y prevenir futuros actos violentos. La Fiscalía busca resolver la investigación dentro del plazo establecido para el internamiento preventivo. Paralelamente, el Gobierno peruano ha anunciado una reorganización educativa y gubernamental del Liceo Naval bajo la dirección del Ministerio de Educación hasta finales del 2027. Este caso también ha llegado al Senado peruano, donde se ha creado un grupo encargado de proponer medidas para fortalecer la prevención de la violencia escolar y revisar los mecanismos institucionales para proteger a los estudiantes. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen medidas para proteger al adolescente y determinar las responsabilidades individuales e institucionales relacionadas con lo ocurrido durante el traslado de estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise. Fuente: Publimetro
Un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito de San Borja, en Lima, ha denunciado una presunta agresión sexual que tuvo lugar el 15 de septiembre de 2026 dentro de un bus escolar, al regresar de una competencia deportiva. Este caso ha generado investigaciones judiciales y administrativas en Perú. La denuncia fue interpuesta por los padres del adolescente y, como resultado, la Policía intervino inicialmente a diez estudiantes de quinto de secundaria. La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició una investigación y el adolescente fue entrevistado mediante Cámara Gesell como parte de las diligencias. De los diez adolescentes retenidos inicialmente, cuatro fueron liberados y seis continúan vinculados al proceso judicial. El Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para estos últimos y su traslado al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. Esta medida tiene como objetivo asegurar su presencia durante el proceso sin constituir una sentencia. La Fiscalía ha recopilado declaraciones de los involucrados, policías y padres denunciantes, así como el reconocimiento médico-legal del joven afectado. El Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima ha establecido medidas de protección para el adolescente, incluyendo restricciones para evitar acciones en su contra en espacios privados o redes sociales, terapias psicológicas obligatorias para los investigados y patrullaje policial periódico cerca de su domicilio. La Defensoría del Pueblo de Perú ha exigido una investigación exhaustiva, rápida y transparente para determinar responsabilidades en este caso. Además, ha desplegado un equipo legal y emocional para brindar apoyo al adolescente y su familia durante las diligencias. La institución también solicita que las autoridades garanticen medidas efectivas de protección y supervisará el proceso. Las acciones no se limitan a los adolescentes involucrados. La Marina de Guerra del Perú ha suspendido temporalmente a la directora del Liceo Naval, un docente y el entrenador de fútbol mientras se esclarecen los hechos relacionados con el traslado de los estudiantes. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana e Indecopi también han iniciado procedimientos relacionados con el cumplimiento de protocolos en la institución. La Defensoría supervisa las medidas adoptadas por el colegio para abordar este caso y prevenir futuros actos violentos. La Fiscalía busca resolver la investigación dentro del plazo establecido para el internamiento preventivo. Paralelamente, el Gobierno peruano ha anunciado una reorganización educativa y gubernamental del Liceo Naval bajo la dirección del Ministerio de Educación hasta finales del 2027. Este caso también ha llegado al Senado peruano, donde se ha creado un grupo encargado de proponer medidas para fortalecer la prevención de la violencia escolar y revisar los mecanismos institucionales para proteger a los estudiantes. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen medidas para proteger al adolescente y determinar las responsabilidades individuales e institucionales relacionadas con lo ocurrido durante el traslado de estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise. Fuente: Publimetro
