Una investigación transnacional liderada por la Fiscalía de Tarapacá y la Policía de Investigaciones (PDI), activada tras alertas del FBI, permitió desarticular al denominado “Clan Chen”, una organización criminal acusada de defraudar más de 210 millones de dólares. La estructura utilizaba a Chile como centro neurálgico para el lavado de activos provenientes de estafas digitales perpetradas contra ciudadanos estadounidenses, específicamente personas de la tercera edad. El operativo, que incluyó allanamientos simultáneos en cinco regiones, reveló una sofisticada ingeniería financiera que operaba desde la Zona Franca de Iquique (Zofri) y el Barrio Meiggs en Santiago. El mecanismo de captación de fondos se basaba en la vulnerabilidad tecnológica de las víctimas. Según los antecedentes de la investigación, la banda contactaba a adultos mayores en Estados Unidos para inducirlos a descargar una aplicación móvil de inversiones. Esta plataforma mostraba gráficos de rentabilidad falsos, haciendo creer a los usuarios que sus ahorros generaban ganancias inmediatas para incentivar mayores transferencias de dinero. El fraude se consumaba mediante un esquema de desaparición programada. Cuando las víctimas intentaban retirar sus supuestas ganancias o comenzaban a sospechar, la aplicación dejaba de funcionar y desaparecía de los dispositivos, eliminando el rastro digital de cara al usuario. Las denuncias se acumularon en Estados Unidos, donde incluso un banco asegurador figuró como víctima institucional, lo que derivó en la intervención del FBI y el posterior envío de los antecedentes al Ministerio Público chileno. El dinero defraudado en el extranjero ingresaba directamente al sistema financiero chileno a través de cuentas bancarias en Iquique. Para dificultar la trazabilidad de los fondos, la organización creó un entramado de 16 empresas de fachada dedicadas exclusivamente a recibir el capital ilícito, el cual era dispersado rápidamente hacia otras 48 sociedades instrumentales. Esta estructura aprovechaba el alto flujo comercial de la Zona Franca de Iquique (Zofri) para justificar movimientos millonarios que simulaban operaciones de comercio exterior. La indagatoria detectó graves fallas en los controles de cumplimiento bancario. Ejecutivos de Banco Santander fueron vinculados a la red, permitiendo transacciones anómalas que incluían el cobro por caja de cheques por montos de hasta 500 mil dólares. Se estableció que una sola persona, actuando en representación de distintas empresas, llegó a retirar más de un millón de dólares en efectivo en una misma sucursal durante un solo día. Uno de los encargados de operaciones internacionales de la entidad bancaria en Zofri fue reclutado directamente por la estructura criminal para facilitar estas maniobras. El despliegue policial abarcó órdenes de detención contra 50 personas y la intervención de 70 domicilios a lo largo del país. La jerarquía de la banda, descrita como la cúpula, estaba compuesta por ciudadanos chinos, quienes representaban apenas el 10% del total de los investigados. El 90% restante de la red operativa estaba conformado por ciudadanos chilenos y otras nacionalidades, encargados de la logística financiera y administrativa. Durante las diligencias realizadas en la Región Metropolitana, específicamente en el Barrio Meiggs, un ciudadano chino intentó evadir el arresto, lanzándose desde el segundo piso de un edificio residencial en calle Sazié, resultando con lesiones graves. La investigación, que también detectó el uso de criptomonedas para el lavado de activos, ha incautado más 50 millones pesos en efectivo en sus primeras fases, confirmando que el principio del lavado se radicaba en Iquique pese a las ramificaciones en la capital. Fuente: Publimetro
Una investigación transnacional liderada por la Fiscalía de Tarapacá y la Policía de Investigaciones (PDI), activada tras alertas del FBI, permitió desarticular al denominado “Clan Chen”, una organización criminal acusada de defraudar más de 210 millones de dólares. La estructura utilizaba a Chile como centro neurálgico para el lavado de activos provenientes de estafas digitales perpetradas contra ciudadanos estadounidenses, específicamente personas de la tercera edad. El operativo, que incluyó allanamientos simultáneos en cinco regiones, reveló una sofisticada ingeniería financiera que operaba desde la Zona Franca de Iquique (Zofri) y el Barrio Meiggs en Santiago. El mecanismo de captación de fondos se basaba en la vulnerabilidad tecnológica de las víctimas. Según los antecedentes de la investigación, la banda contactaba a adultos mayores en Estados Unidos para inducirlos a descargar una aplicación móvil de inversiones. Esta plataforma mostraba gráficos de rentabilidad falsos, haciendo creer a los usuarios que sus ahorros generaban ganancias inmediatas para incentivar mayores transferencias de dinero. El fraude se consumaba mediante un esquema de desaparición programada. Cuando las víctimas intentaban retirar sus supuestas ganancias o comenzaban a sospechar, la aplicación dejaba de funcionar y desaparecía de los dispositivos, eliminando el rastro digital de cara al usuario. Las denuncias se acumularon en Estados Unidos, donde incluso un banco asegurador figuró como víctima institucional, lo que derivó en la intervención del FBI y el posterior envío de los antecedentes al Ministerio Público chileno. El dinero defraudado en el extranjero ingresaba directamente al sistema financiero chileno a través de cuentas bancarias en Iquique. Para dificultar la trazabilidad de los fondos, la organización creó un entramado de 16 empresas de fachada dedicadas exclusivamente a recibir el capital ilícito, el cual era dispersado rápidamente hacia otras 48 sociedades instrumentales. Esta estructura aprovechaba el alto flujo comercial de la Zona Franca de Iquique (Zofri) para justificar movimientos millonarios que simulaban operaciones de comercio exterior. La indagatoria detectó graves fallas en los controles de cumplimiento bancario. Ejecutivos de Banco Santander fueron vinculados a la red, permitiendo transacciones anómalas que incluían el cobro por caja de cheques por montos de hasta 500 mil dólares. Se estableció que una sola persona, actuando en representación de distintas empresas, llegó a retirar más de un millón de dólares en efectivo en una misma sucursal durante un solo día. Uno de los encargados de operaciones internacionales de la entidad bancaria en Zofri fue reclutado directamente por la estructura criminal para facilitar estas maniobras. El despliegue policial abarcó órdenes de detención contra 50 personas y la intervención de 70 domicilios a lo largo del país. La jerarquía de la banda, descrita como la cúpula, estaba compuesta por ciudadanos chinos, quienes representaban apenas el 10% del total de los investigados. El 90% restante de la red operativa estaba conformado por ciudadanos chilenos y otras nacionalidades, encargados de la logística financiera y administrativa. Durante las diligencias realizadas en la Región Metropolitana, específicamente en el Barrio Meiggs, un ciudadano chino intentó evadir el arresto, lanzándose desde el segundo piso de un edificio residencial en calle Sazié, resultando con lesiones graves. La investigación, que también detectó el uso de criptomonedas para el lavado de activos, ha incautado más 50 millones pesos en efectivo en sus primeras fases, confirmando que el principio del lavado se radicaba en Iquique pese a las ramificaciones en la capital. Fuente: Publimetro
