Una nueva arista judicial se sumó esta semana al caso que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de que la defensa de la presunta víctima presentara una acusación particular en su contra, solicitando una pena que podría alcanzar los 17 años de presidio efectivo. La acción legal fue ingresada por la abogada María Elena Santibáñez, quien representa a la denunciante. Este nuevo recurso se suma a la denuncia presentada el pasado 22 de diciembre por la Fiscalía Centro Norte, que imputó a Monsalve por delitos sexuales en contra de quien se desempeñaba como su asesora mientras él ejercía funciones en el Gobierno. Los hechos investigados habrían ocurrido entre el 22 y 23 de septiembre de 2024 en el Hotel Panamericano, ubicado en el centro de Santiago, a pocos metros del Palacio de La Moneda. Cuando el caso se hizo público, generó un fuerte impacto político y mediático, siendo catalogado como uno de los mayores escándalos que ha enfrentado la administración del Presidente Gabriel Boric. Desde entonces, la investigación ha avanzado con diligencias reservadas y declaraciones clave en el marco del proceso penal. Según informó Meganoticias, la acusación particular presentada por Santibáñez solicita una condena de 12 años y medio de cárcel por el delito de violación, además de otros 4 años y medio por abuso sexual, penas que en conjunto suman 17 años de presidio. La abogada fundamentó esta solicitud en la gravedad de los hechos denunciados y en el daño integral que estos habrían provocado en la víctima. Uno de los puntos centrales del nuevo recurso es la invocación del artículo 369 bis A del Código Penal, que establece que los tribunales deben considerar especialmente la afectación psíquica o mental de la víctima al momento de calificar la extensión del mal causado por el delito. De acuerdo con la defensa, este criterio resulta clave para dimensionar las consecuencias emocionales y psicológicas que los hechos habrían generado. Asimismo, el documento busca reforzar la necesidad de evitar procesos de revictimización durante el desarrollo del juicio, poniendo el foco en la protección de la denunciante y en el impacto a largo plazo que este tipo de delitos puede tener en su salud mental. Fuente: Publimetro
Una nueva arista judicial se sumó esta semana al caso que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de que la defensa de la presunta víctima presentara una acusación particular en su contra, solicitando una pena que podría alcanzar los 17 años de presidio efectivo. La acción legal fue ingresada por la abogada María Elena Santibáñez, quien representa a la denunciante. Este nuevo recurso se suma a la denuncia presentada el pasado 22 de diciembre por la Fiscalía Centro Norte, que imputó a Monsalve por delitos sexuales en contra de quien se desempeñaba como su asesora mientras él ejercía funciones en el Gobierno. Los hechos investigados habrían ocurrido entre el 22 y 23 de septiembre de 2024 en el Hotel Panamericano, ubicado en el centro de Santiago, a pocos metros del Palacio de La Moneda. Cuando el caso se hizo público, generó un fuerte impacto político y mediático, siendo catalogado como uno de los mayores escándalos que ha enfrentado la administración del Presidente Gabriel Boric. Desde entonces, la investigación ha avanzado con diligencias reservadas y declaraciones clave en el marco del proceso penal. Según informó Meganoticias, la acusación particular presentada por Santibáñez solicita una condena de 12 años y medio de cárcel por el delito de violación, además de otros 4 años y medio por abuso sexual, penas que en conjunto suman 17 años de presidio. La abogada fundamentó esta solicitud en la gravedad de los hechos denunciados y en el daño integral que estos habrían provocado en la víctima. Uno de los puntos centrales del nuevo recurso es la invocación del artículo 369 bis A del Código Penal, que establece que los tribunales deben considerar especialmente la afectación psíquica o mental de la víctima al momento de calificar la extensión del mal causado por el delito. De acuerdo con la defensa, este criterio resulta clave para dimensionar las consecuencias emocionales y psicológicas que los hechos habrían generado. Asimismo, el documento busca reforzar la necesidad de evitar procesos de revictimización durante el desarrollo del juicio, poniendo el foco en la protección de la denunciante y en el impacto a largo plazo que este tipo de delitos puede tener en su salud mental. Fuente: Publimetro
