El proceso judicial que involucra al exfrentista Galvarino Apablaza sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que su defensa presentara una denuncia ante Naciones Unidas con el objetivo de frenar su eventual detención y extradición a Chile. La acción fue ingresada por el abogado Rodolfo Yanzón ante el Comité contra la Tortura del organismo internacional, en medio de la controversia generada por la reciente solicitud de la justicia argentina para ubicar al exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien no fue encontrado en su domicilio al momento de ser requerido por la policía. Desde la defensa insisten en que Apablaza “no es un prófugo” y que no tiene impedimentos legales para desplazarse dentro de territorio argentino. En esa línea, Yanzón sostuvo que tanto Chile como Argentina estarían incurriendo en una “ criminalización anticipada” de su representado, sin que exista una condena judicial firme en su contra. El trasfondo del caso se remonta a la solicitud de la justicia chilena, que busca la extradición de Apablaza para que enfrente cargos por su presunta participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán, crimen ocurrido en 1991 y que marcó profundamente la transición política en el país. En un documento de 11 páginas, la defensa argumenta que la eventual extradición implicaría un “riesgo de daño irreparable” para Apablaza, considerando tanto las posibles penas como su edad y estado de salud. Por ello, solicitó la adopción de medidas cautelares que ordenen al Estado argentino abstenerse de ejecutar la extradición mientras se revisa el caso. Asimismo, según consignó La Tercera, el escrito plantea que el proceso de extradición debería iniciarse nuevamente por parte de Chile. Según Yanzón, el procedimiento abierto en 2004 estaría cerrado conforme a lo establecido en la legislación argentina sobre refugiados, lo que obligaría a reiniciar el trámite bajo nuevas condiciones. Otro de los puntos centrales de la denuncia apunta a que avanzar en la extradición mientras existen recursos pendientes vulneraría estándares internacionales. En particular, se menciona que los Estados deben “velar por que la persona pueda ejercer su derecho a recurrir la orden de expulsión ante un órgano administrativo y/o judicial independiente dentro de un plazo razonable a partir de la notificación de la orden”. La presentación ante Naciones Unidas también hace hincapié en el principio de “no devolución”, contemplado en la Convención contra la Tortura, que prohíbe trasladar a una persona a un país donde podría enfrentar riesgos de vulneración de sus derechos fundamentales. En ese contexto, la defensa calificó como “imperativo” que se otorguen medidas de protección a favor de Apablaza, suspendiendo cualquier decisión de extradición hasta que se resuelvan tanto su situación de asilo como las garantías de un eventual proceso judicial en Chile. “Es imperativo otorgar medidas de protección en favor del Sr. Galvarino Apablaza Guerra, ordenando al Estado argentino se abstenga de hacer lugar la extradición hasta tanto se resuelva el trámite de asilo y se analice la aplicabilidad del principio de no devolución en los términos del artículo 3 de la Convención contra la Tortura en un nuevo procedimiento de extradición con todas las garantías procesales correspondientes y con adecuada ponderación de las circunstancias del caso”, señala el documento. Fuente: Publimetro
El proceso judicial que involucra al exfrentista Galvarino Apablaza sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que su defensa presentara una denuncia ante Naciones Unidas con el objetivo de frenar su eventual detención y extradición a Chile. La acción fue ingresada por el abogado Rodolfo Yanzón ante el Comité contra la Tortura del organismo internacional, en medio de la controversia generada por la reciente solicitud de la justicia argentina para ubicar al exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien no fue encontrado en su domicilio al momento de ser requerido por la policía. Desde la defensa insisten en que Apablaza “no es un prófugo” y que no tiene impedimentos legales para desplazarse dentro de territorio argentino. En esa línea, Yanzón sostuvo que tanto Chile como Argentina estarían incurriendo en una “ criminalización anticipada” de su representado, sin que exista una condena judicial firme en su contra. El trasfondo del caso se remonta a la solicitud de la justicia chilena, que busca la extradición de Apablaza para que enfrente cargos por su presunta participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán, crimen ocurrido en 1991 y que marcó profundamente la transición política en el país. En un documento de 11 páginas, la defensa argumenta que la eventual extradición implicaría un “riesgo de daño irreparable” para Apablaza, considerando tanto las posibles penas como su edad y estado de salud. Por ello, solicitó la adopción de medidas cautelares que ordenen al Estado argentino abstenerse de ejecutar la extradición mientras se revisa el caso. Asimismo, según consignó La Tercera, el escrito plantea que el proceso de extradición debería iniciarse nuevamente por parte de Chile. Según Yanzón, el procedimiento abierto en 2004 estaría cerrado conforme a lo establecido en la legislación argentina sobre refugiados, lo que obligaría a reiniciar el trámite bajo nuevas condiciones. Otro de los puntos centrales de la denuncia apunta a que avanzar en la extradición mientras existen recursos pendientes vulneraría estándares internacionales. En particular, se menciona que los Estados deben “velar por que la persona pueda ejercer su derecho a recurrir la orden de expulsión ante un órgano administrativo y/o judicial independiente dentro de un plazo razonable a partir de la notificación de la orden”. La presentación ante Naciones Unidas también hace hincapié en el principio de “no devolución”, contemplado en la Convención contra la Tortura, que prohíbe trasladar a una persona a un país donde podría enfrentar riesgos de vulneración de sus derechos fundamentales. En ese contexto, la defensa calificó como “imperativo” que se otorguen medidas de protección a favor de Apablaza, suspendiendo cualquier decisión de extradición hasta que se resuelvan tanto su situación de asilo como las garantías de un eventual proceso judicial en Chile. “Es imperativo otorgar medidas de protección en favor del Sr. Galvarino Apablaza Guerra, ordenando al Estado argentino se abstenga de hacer lugar la extradición hasta tanto se resuelva el trámite de asilo y se analice la aplicabilidad del principio de no devolución en los términos del artículo 3 de la Convención contra la Tortura en un nuevo procedimiento de extradición con todas las garantías procesales correspondientes y con adecuada ponderación de las circunstancias del caso”, señala el documento. Fuente: Publimetro
